Señor Director:
Después del último caso de un posible maltrato infantil en una residencia del Sename en Providencia, nuevamente es necesario referirnos a las instituciones que ofrecen cuidados a niños y niñas que lo necesitan.
A inicios de este mes, realizamos una denuncia ante tribunales respecto de una residencia de protección para lactantes en Ñuñoa y, luego, a propósito de la polémica por el caso de Providencia, la prensa visitó nuestro barrio, haciendo eco de nuestra denuncia. Todo esto coincidió con que, por primera vez, un grupo de personas, que se presentaron como voluntarias de la residencia, entregaran, casa por casa, un folleto sobre la corporación. En este folleto, invitaban a vecinas y vecinos a ser tolerantes y pacientes con la residencia y a prestar ayuda para “mitigar el ruido”.
La visita parecía una acción extemporánea de control de daños. Dos cosas nos llamaron la atención.
Primero, que se nos solicitara colaboración para “mitigar el ruido”, en circunstancias que claramente no se trata de un problema de ruidos molestos. El llamado del grupo de voluntarios desvirtúa la preocupación que como vecinos sentimos respecto de lo que sucede en la residencia. No nos molestan los ruidos; nos conmueven los llantos sostenidos, más allá de lo razonable, de lactantes que han sido sacados de su entorno natural para proteger y garantizar su bienestar y, en muchos casos, resignificar experiencias de vulneración. Funciones que requieren personal de trato directo altamente especializado.
Lo segundo que nos llamó la atención es que solicitaran ayuda técnica de voluntarios para capacitar a las cuidadoras directas, de manera que cuenten con mejores conocimientos y herramientas para el manejo de lactantes, bebés que están en una situación de vulnerabilidad y fragilidad.
Si esta residencia es una institución colaboradora que recibe fondos públicos y que tiene una fiscalización directa del Sename, forma parte de sus obligaciones legales que el personal contratado ya se encuentre capacitado, y que éste recaiga en la misma institución que ganó una licitación para realizar un cuidado acorde con las necesidades de los niños y niñas. Así también, si la institución considera que los fondos de financiamiento no alcanzan para estas funciones, es ella misma y sus voluntarios quienes deben abogar por que se entreguen más recursos y de este modo brindar una mejor atención.
La corporación referida ya ha recibido recomendaciones específicas de parte de instituciones públicas y se ha remitido un informe al Sename en diciembre del 2020 respecto de otra residencia −para adolescentes y sus hijos− que administra. Por ello, consideramos que el problema del cuidado es una cuestión estructural donde el Estado tiene una responsabilidad directa.
Lidia Casas, abogada y directora Centro de DD. HH, UDP
Lorena Contreras, psicóloga
