Opinión
No existe ni ha existido un correlato empírico entre el otorgamiento de la libertad condicional y el incremento en las tasas de criminalidad. El análisis comparativo de las cifras de Gendarmería de Chile relativas al otorgamiento de la libertad condicional, y de las cifras del INE relativas a las variaciones de los índices de victimización, demuestran que no existe ninguna correlación entre los aumentos de la primera y las variaciones en la segunda. Así, por ejemplo, durante 2018 se otorgaron 5.783 libertades condicionales –incluyendo las logradas por recursos de amparo–, siendo uno de los años con mayor concesión de este derecho, y ese mismo año la victimización experimentó una baja de 2.6% en relación con el año 2017.
Durante abril empiezan a sesionar las comisiones de libertad condicional a lo largo de Chile. Como se evidencia año tras año, este es un período que despierta interés mediático y social, generando ansiedad y temor en la ciudadanía, como si se tratase de un éxodo masivo e injustificado de personas peligrosas. Lo cierto es que esa percepción no se ajusta necesariamente a la realidad.
La libertad condicional es un modo de cumplimiento de una porción de la pena que tiene demostrados efectos beneficiosos para quienes la obtienen, y para la sociedad. Mientras que cerca del 51% de las personas que cumplen la totalidad de su condena en la cárcel reincide, solo el 23% de las personas que obtienen la libertad condicional reincide (MORALES y otros/as, 2013: 38), siendo dicha reincidencia en algunos casos aun menor, como ocurrió en 2017, en que solamente un 7% de quienes la obtuvieron volvieron a delinquir. Y es que –naturalmente– el proceso de (re)inserción social se facilita cuando se retoman y fortalecen los vínculos de la persona condenada con el medio libre, con sus familias, amigos(as) y entornos laborales, y el mismo proceso se dificulta cuando esos factores se neutralizan por medio del encierro prolongado (LARROULET, 2017: 185).
Por otro lado, no existe ni ha existido un correlato empírico entre el otorgamiento de la libertad condicional y el incremento en las tasas de criminalidad. El análisis comparativo de las cifras de Gendarmería de Chile relativas al otorgamiento de la libertad condicional, y de las cifras del INE relativas a las variaciones de los índices de victimización, demuestran que no existe ninguna correlación entre los aumentos de la primera, y las variaciones en la segunda. Así, por ejemplo, durante 2018 se otorgaron 5.783 libertades condicionales –incluyendo las logradas por recursos de amparo–, siendo uno de los años con mayor concesión de este derecho, y ese mismo año la victimización experimentó una baja de 2.6% en relación con el año 2017.
A pesar de esa evidencia favorable, actualmente hay 23 proyectos en tramitación en el Senado cuyo objetivo declarado es rigidizar los requisitos para acceder a la libertad condicional y propiciar el encarcelamiento efectivo por períodos prolongados. Once de esos proyectos han sido presentados en el último año. Esto es un ejemplo más del auge populista que vive la política criminal nacional, pues se promueven políticas de endurecimiento punitivo carentes de evidencia, pero que tienden a generar réditos políticos para quienes las promueven.
Si la libertad condicional produce comprobables efectos positivos, y si es que la reinserción social es el eje de políticas públicas penales, ello implica –necesariamente– validar en términos discursivos, y potenciar en términos regulativos, las alternativas de comprobada eficacia. La libertad condicional es una medida que apunta en ese sentido, y debemos apostar por que cada vez tengamos más personas obteniéndola, y menos personas sufriendo las consecuencias nefastas y contraproducentes de la privación de libertad prolongada.
