Opinión
Crédito: Segpres
Una Constitución es también un texto cultural, en cuya base está plasmado el modo en que una sociedad (re)crea los mecanismos, marcos regulatorios y formas de vivir en sociedad. ¿No debiera, entonces, quedar reflejado el interés de poner al libro y la lectura, así como las diferentes expresiones democráticas que esto invoca, al centro de la Carta Magna?
En el marco del actual proceso constituyente, donde como sociedad tendremos la oportunidad histórica de discutir el modo en que deseamos resolver los asuntos en común, la dimensión cultural cobra vital importancia. El lugar del libro como elemento y raíz central de la vida cultural de las chilenas y los chilenos, su valoración en la escena pública y la generación de condiciones y acciones destinadas a facilitar, fortalecer y promover diversas prácticas lectoras en los distintos territorios, relumbran al centro de estos debates.
Se trata de un momento en el que se está gestando una cultura nueva, basada en la deliberación desde una participación amplia, en la revisión de un conjunto de temáticas que dibujan los contornos de la vida en común. Sin duda que estos debates estarán alimentados de lecturas, de ideas puestas en circulación, las cuales deben ponerse al acceso de todos y todas, ejerciéndose de esta manera el derecho a la lectura y a la escritura de diversas ideas, que alimenten democráticamente la discusión. Fruto de estas reflexiones, propuestas, diferendos y acuerdos seremos capaces de escribir un nuevo texto fundamental, esta vez, de manera colectiva, legítima y participativa.
[cita tipo=»destaque»]En el marco del actual proceso constituyente, donde como sociedad tendremos la oportunidad histórica de discutir el modo en que deseamos resolver los asuntos en común, la dimensión cultural cobra vital importancia. El lugar del libro como elemento y raíz central de la vida cultural de las chilenas y los chilenos, su valoración en la escena pública y la generación de condiciones y acciones destinadas a facilitar, fortalecer y promover diversas prácticas lectoras en los distintos territorios, relumbran al centro de estos debates.[/cita]
Para iluminar este proceso, resulta de particular utilidad repasar brevemente la historia del llamado “ecosistema del libro”, que se encuentra caracterizada por su condición participativa. La instalación del libro como asunto público fue el resultado de un proceso amplio, impulsado por los actores de la sociedad civil organizada, desde abajo hacia arriba, desde diferentes hitos y repertorios de acción; a partir de la Mesa por el Libro coorganizada por Editores de Chile y la Cámara del Libro, bajo la coordinación de la Fundación Chile 21, que en el año 2001 promueve la discusión y reflexión en torno al libro, y luego, en 2005, propone el documento “Una política de Estado para el Libro y la Lectura».
La generación de la primera Política Nacional de Cultura (2005) y la primera Política Nacional del Libro y la Lectura (2006) dan cuenta de la relevancia que este impulso ciudadano tuvo en la agenda política. Aun así, este documento de política pública no tuvo la implementación necesaria para generar los cambios requeridos para el sector, ya que, en palabras de diversos actores del mundo del libro, la Política Nacional de 2006 fue “publicada y guardada en un cajón”. Es por ello que, cuando se elaboró la Política Nacional de la Lectura y el Libro 2015-2020, en 2014 y bajo el Gobierno de la entonces Presidenta Michelle Bachelet, los actores del libro solicitaron a cada comando presidencial un compromiso concreto con el libro y la lectura. La muestra más clara de la concreción de esto es que la política se diseñó para ser implementada de manera participativa.
El carácter participativo de dicha Política se plasmó en sus distintas fases, desde el levantamiento diagnóstico, el seguimiento concertado y su evaluación, lo que constituye quizás el elemento más característico de esta experiencia de política pública.
Primero, porque en pocos sectores se ha podido documentar una política construida con tan activa participación de sus actores (quienes conforman el “ecosistema del libro y la lectura”), comparable tal vez solo con casos puntuales como algunos de los programas habitacionales, las intervenciones urbanas o las más recientes consultas ciudadanas.
Segundo, por el valor en sí mismo que implicó que los diferentes actores del ecosistema del libro y la lectura se hayan sentado a conversar colectivamente a la misma mesa, discutiendo temas urgentes entre los diferentes espacios de acción (público, industria, sociedad civil), permitiendo generar programas e iniciativas de alta relevancia territorial (el Programa Diálogos en Movimiento o el Catálogo Editorial Digital, por ejemplo), e internacional (nuevos apoyos de ProChile), entre otros.
Tercero, porque en este proceso se generaron las confianzas y el conocimiento mutuo que requiere el trabajo colectivo por un objetivo común. Evidencia de estos aprendizajes, implicaciones y capacidades colectivas, es que la mesa de coordinadores y coordinadoras de las mesas de trabajo de la Política Nacional de Libro y la Lectura, haya enviado al Congreso indicaciones al proyecto de ley que busca reformar la Ley N°19.227 del Libro.
En este momento clave de la historia –que quedará reflejado en un nuevo “libro constituyente”–, volcar la mirada sobre un ejemplo de participación, como la Política del Libro, entrega esperanzas y garantías. En su origen latino, el libro o liber aludía a la “parte interior de un árbol” sobre la cual se realizaron los primeros escritos, es decir, se evoca su materialidad. Una Constitución es también un texto cultural, en cuya base está plasmado el modo en que una sociedad (re)crea los mecanismos, marcos regulatorios y formas de vivir en sociedad.
¿No debiera, entonces, quedar reflejado el interés de poner al libro y la lectura, así como las diferentes expresiones democráticas que esto invoca, al centro de la Carta Magna?
