Comisión investigadora por caso Sename: ¿la tercera es la vencida?

Este martes se anunció públicamente una tercera comisión investigadora en la Cámara de Diputados respecto a la situación de niños, niñas y adolescentes víctimas de las redes de explotación sexual infantil que operan alrededor de los centros de Sename.

Para entender el alcance y las limitaciones de este anuncio, es necesario revisar lo sucedido con las comisiones investigadoras levantadas anteriormente por el Poder Legislativo.

La primera comisión investigadora de Sename se crea el 31 de julio de 2013, con el patrocinio de 51 diputados. Esta comisión surge luego de que se diera a conocer públicamente el “Informe Jeldres”, el cual exponía los resultados de una investigación realizada por el Poder Judicial y Unicef. Esta comisión no solo determina las responsabilidades políticas de las autoridades de Sename y del Poder Judicial, sino que realiza una serie de propuestas de corto y mediano plazo para subsanar esta situación, entre estas propuestas se destaca la “redefinición del Rol del Estado en la protección de los niños, niñas y adolescentes carentes de cuidado parental o en riesgo de estarlo”, instando al Estado a recuperar el protagonismo recurriendo en particular a solo casos específicos.

La mayoría de estas propuestas quedan archivadas como una declaración de buenas intenciones, sin que se produzcan cambios reales en la situación de niños, niñas y adolescentes en el interior del sistema residencial de protección. En este contexto, se produce la muerte de Lissette Villa el 11 de abril de 2016, lo cual motivó la creación de una segunda comisión investigadora de Sename, cuyo objetivo fue revisar el grado de cumplimiento de las recomendaciones realizadas por su predecesora. Esta comisión realizó su trabajo durante lo que fue bautizado mediáticamente como el “Caso Sename”, consistente en la develación de muertes, vulneraciones y abusos ocurridos al interior del sistema residencial.

[cita tipo=»destaque»]La primera comisión investigadora de Sename se crea el 31 de julio de 2013, con el patrocinio de 51 diputados. Esta comisión surge luego de que se diera a conocer públicamente el “Informe Jeldres”, el cual exponía los resultados de una investigación realizada por el Poder Judicial y Unicef. Esta comisión no solo determina las responsabilidades políticas de las autoridades de Sename y del Poder Judicial, sino que realiza una serie de propuestas de corto y mediano plazo. Pero la mayoría de ellas quedan archivadas como una declaración de buenas intenciones, sin que se produzcan cambios reales en la situación de niños, niñas y adolescentes en el interior del sistema residencial de protección.[/cita]

La redacción del informe final de esta comisión, el cual fue rechazado por la Cámara de Diputados, estuvo atravesada por dos grandes polémicas. La primera, la acusación de “blanqueo” realizada por Rene Saffirio. El diputado, quien había liderado la primera comisión de Sename, propuso en la redacción de las “conclusiones” una fuerte crítica a las situaciones de abuso y torturas y al financiamiento desregulado de los Organismos Colaboradores de Sename (OCAS). No obstante, esta propuesta fue rechazada. Los diputados de la Nueva Mayoría y de Chile Vamos negociaron una propuesta de redacción final, en la que se omite la palabra “tortura” para evitar el reconocimiento estatal de violaciones de derechos humanos, a cambio, se omitirían las responsabilidades (y negligencias) durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, centrando las responsabilidades en la ministra Javiera Blanco. Además, sugirieron aumentar la subvención hacia organismos privados. La segunda polémica fue el rechazo del informe final, pese al acuerdo de los parlamentarios de gobierno y de derecha en su redacción. Dicho informe acusaba a la exministra Javiera Blanco de “negligencia inexcusable” y por tanto, muchos sectores oficialistas temían que su aprobación condujera hacia una acusación constitucional a la Presidenta Michelle Bachelet. La derecha acusó de un “blindaje” hacia la Presidenta, mientras que la Nueva Mayoría denunciaba oportunismo e instrumentalización por parte de Chile Vamos.

El resultado de estas polémicas fue que se perdiera el foco en lo realmente importante: la violación a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes en el interior del sistema residencial de Sename.

Hoy esta nueva comisión investigadora de Sename puede ser una nueva oportunidad para enmendar el rumbo y reparar el daño realizado a niños, niñas y adolescentes. Pero para que esto no sea un nuevo saludo a la bandera, se requiere de un compromiso real por parte, no solo de los parlamentarios, sino de todas las personas que habitamos este país. No solo se requiere un cambio estructural, en la forma en que el Estado ejerce su rol de garante de los derechos del niño, niña y adolescente; también es necesario un cambio cultural que nos permite concebir a las infancias desde un enfoque derechos. Sename es quizás la forma más cruel en la que se expresa la sociedad neoliberal, tercerizando y precarizando derechos sociales, a través de una política subsidiaria y focalizada y por lo mismo, es la institución que más urgentemente necesita ser refundada en nuestro país. Una comisión investigadora puede ser un paso adelante, solo si asumimos un compromiso real con los derechos de niños, niñas y adolescentes.