Opinión
Crédito: Aton
Fue la derecha la que más precauciones realizó a los llamados de la izquierda y movimientos sociales a “rodear” la Convención para presionar de manera efectiva por transformaciones radicales. Sin embargo, lo que hemos visto en el transcurso de la fase de instalación es más bien un “asedio” constante de la derecha y los sectores conservadores a la Convención. no deja de ser paradójico que el artículo 133 de la Constitución que tanto cita la derecha para argumentar que la aprobación por minoría simple de la norma de 2/3 infringe y viola la Constitución, también incorpora en su último apartado una disposición que bien podría ameritar una reclamación por parte de un grupo de convencionales a la Corte Suprema atendiendo el obstruccionismo con que ha actuado el Presidente Sebastián Piñera y los órganos destinados a apoyar el funcionamiento de la Convención.
El segundo gobierno de Sebastián Piñera no solo desató una crisis de hegemonía en el país, sino que también provocó la más grave crisis política de la derecha en casi medio siglo.
Constatar que la derecha política se encuentra en crisis no significa que dicho sector permanezca inmóvil y sin capacidad de reacción. Muy por el contrario, las sucesivas derrotas de la derecha en el terreno electoral y la posición minoritaria que mantienen al interior de la Convención Constitucional han decantado en una contraofensiva de las posiciones rupturistas del sector que han fijado como objetivo fundamental socavar la legitimidad del órgano constituyente “convocado por el pueblo de Chile para ejercer el poder constituyente originario”.
Fue la derecha la que más precauciones realizó a los llamados de la izquierda y movimientos sociales a “rodear” la Convención para presionar de manera efectiva por transformaciones radicales. Sin embargo, lo que hemos visto en el transcurso de la fase de instalación es más bien un “asedio” constante de la derecha y los sectores conservadores a la Convención. Hasta me siento tentado a exprimir una vez más la fórmula histórica rescatada por Alfredo Jocelyn Holt en El Chile Perplejo: del avanzar sin “rodear” al “asediar” sin transar.
Una de las tácticas desplegadas por la derecha para intentar desfondar la legitimidad de la Convención Constitucional ha sido la actitud obstruccionista del Ejecutivo en desmedro del buen funcionamiento de la Convención.
[cita tipo=»destaque»]Constatar que la derecha política se encuentra en crisis no significa que dicho sector permanezca inmóvil y sin capacidad de reacción. Muy por el contrario, las sucesivas derrotas de la derecha en el terreno electoral y la posición minoritaria que mantienen al interior de la Convención Constitucional han decantado en una contraofensiva de las posiciones rupturistas del sector que han fijado como objetivo fundamental socavar la legitimidad del órgano constituyente “convocado por el pueblo de Chile para ejercer el poder constituyente originario”.[/cita]
Recordemos que el primer impasse entre el Ejecutivo y la Convención se dio en el contexto de la inauguración del órgano constituyente. En ese entonces, la Unidad Administrativa de la Convención (UAC), instancia creada por la Secretaría General de la Presidencia con el objetivo de gestionar presupuestos, licitar servicios y elaborar planes de logística, fue incapaz de proveer de espacios mínimamente acondicionados para el correcto funcionamiento de la Convención el día en que iniciaba su primera jornada de trabajo.
Nicole Martínez y Hernán Leighton, periodistas de este mismo medio, hablaron en un reportaje de la actuación del Gobierno como un “fiasco calculado”. Tras la renuncia del secretario ejecutivo de la UAC, Francisco Encina, el Gobierno designó como sucesora a Catalina Parot, quien había perdido estrepitosamente en la carrera por la gobernación de la Región Metropolitana en las elecciones del 15 y 16 de mayo, desprestigiando aún más la situación. El “premio de consuelo” duraría un mes y medio para Parot, quien renunciaría en agosto para ser reemplazada en su cargo por Matías Cox, actual secretario ejecutivo de la UAC.
La cadena de mando en aquella oportunidad estaba bastante clara: iba del Presidente Sebastián Piñera, continuaba por el ministro de la Segpres, Juan José Ossa, y llegaba hasta el secretario ejecutivo de la entidad, Francisco Encina.
Esta semana, se dio un modus operandi similar en el contexto del anuncio por parte del Presidente Piñera del envío del Presupuesto del año 2022 al Congreso. En esta oportunidad, fue la Dirección de Presupuesto, órgano dependiente del Ministerio de Hacienda, quien rechazó la partida presupuestaria de casi $1.800 solicitada por la Convención bajo el concepto de aumento de asignaciones.
Vale recordar que el 10 de agosto la Comisión de Presupuesto había aprobado para los convencionales 77 UTM al mes ($4.020.401, distribuidos de la siguiente manera: 40 UTM para personal técnico y administrativo de apoyo, 27 UTM para asignación de manutención, 10 UTM para gastos operacionales) más 5 UTM adicionales para los representantes de pueblos originarios y los de zonas extremas (con lo que quedarían en $4.282.466). El resultado de la votación en aquella oportunidad fue de 111 votos a favor, 37 en contra y 6 abstenciones. La derecha votó en bloque en contra de la medida.
Es precisamente este aumento presupuestario el que la Dipres ha objetado, argumentando mediante un oficio que: “No se cuenta con antecedentes que permitan revisar el marco de gasto requerido pues no fue presentado con el detalle y fundamento del monto pretendido (…) Considerando que el estado actual de estrechez fiscal, la necesidad de dirigir los recursos hacia la atención de la emergencia producto de la pandemia del Covid-19, la política de austeridad fiscal que ha obligado a servicios a financiar estrictamente su operación y a evitar todo tipo de gastos no obligados, es que no es posible acceder al aumento de recursos solicitados vía el aporte fiscal que se informa”.
En esta oportunidad, la cadena de mando que posibilita la obstrucción del Ejecutivo en desmedro del adecuado financiamiento de la Convención Constitucional parte en el Presidente Sebastián Piñera, continúa en el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, y finaliza con la directora de Presupuestos, Cristina Torres.
Considerando todo este contexto, no deja de ser paradójico que el artículo 133 de la Constitución que tanto cita la derecha para argumentar que la aprobación por minoría simple de la norma de 2/3 infringe y viola la Constitución, también incorpora en su último apartado una disposición que bien podría ameritar una reclamación por parte de un grupo de convencionales a la Corte Suprema atendiendo el obstruccionismo con que ha actuado el Presidente Sebastián Piñera y los órganos destinados a apoyar el funcionamiento de la Convención: “Corresponderá al Presidente de la República, o a los órganos que éste determine, prestar el apoyo técnico, administrativo y financiero que sea necesario para la instalación y funcionamiento de la Convención”.
De perseverar la táctica obstruccionista por parte del Ejecutivo en contra de la Convención, no es descartable que un grupo de convencionales barajen la posibilidad de efectuar una reclamación a la Corte Suprema en contra del Mandatario por infringir sistemática y flagrantemente el artículo 133 de la Constitución.
