Opinión
Crédito: Aton
La forma en que tratemos a los NNA que ingresan a Chile será un buen termómetro para saber qué tipo de sociedad estamos construyendo. Es momento de comprender la urgencia de definir políticas públicas que se manifiesten en proyectos de ley que puedan despacharse con celeridad y rapidez. No podemos permitirnos esperar años de tramitaciones cuando se trata de la infancia, más aún de esta infancia en condición migrante. Debemos disponer de recursos económicos, estructuras y organismos preparados para ejecutar las leyes que se promulguen. Necesitamos jueces y juezas con clara conciencia de que es probable que nos enfrentemos a una crisis de humanidad que, para enfrentarla, necesitaremos de nuestra interdependencia como miembros de la misma especie, de privilegiar la cooperación y la solidaridad.
En los últimos días, hemos sido testigos de hechos tan repudiables como dolorosos en el norte de Chile que nos hablan de una crisis migratoria altamente preocupante. Por mucho tiempo nos acompañarán las imágenes de la quema de enseres en un pequeño campamento ubicado en Iquique, en el marco de una protesta en contra de la inmigración ilegal. El fuego arrasó con sus pertenencias, entre ellas, ropa, cobijas y juguetes de niño. Acá es donde queremos detenernos para reflexionar sobre los menores de 18 años de edad –niñas, niños, adolescentes (NNA)– que ingresan a nuestro país sindicado como uno de los principales destinos de la migración en el concierto sudamericano.
Esta situación golpea fuertemente a la Judicatura de Familia. Juezas y jueces deslindan decisiones con perspectiva de derechos humanos, instando a la autoridad a dar cumplimiento a los tratados internacionales que como Estado hemos suscrito y ratificado en materia de infancia y de inmigración. No obstante, muchas veces la respuesta desde la autoridad administrativa está lejos de satisfacer los requerimientos judiciales, privilegiando el mandato de expulsión de extranjeros en situación irregular, sin reparar en los derechos de los niños y niñas que ese adulto ha traído consigo.
Para empezar a comprender este tema, debemos preguntarnos si en nuestro país podemos hacer diferencias entre niños “chilenos” y “extranjeros” para acceder a la satisfacción de sus derechos fundamentales. La respuesta es, claramente, no. Luego nos preguntaremos si acaso existe una política pública que se ocupe de los niños y niñas en situación de migración. La respuesta nuevamente es no.
Respecto de la primera pregunta es necesario recordar que hacer distinción constituye una forma de segregación arbitraria e ilegal prohibida por nuestra Carta Fundamental y por tratados de DD.HH. vigentes en Chile. Y en el caso de la infancia, el principio de no discriminación es aún más taxativo, dado que la situación migratoria jamás será considerada por sobre la condición de niño, niña o adolescente.
[cita tipo=»destaque»]La desprotección institucional de la infancia ha sido motivo de especial preocupación para la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados ante el Congreso, autoridades y servicios relacionados. Representantes del gremio expusieron en las audiencias “Protección integral de Niños, Niñas y Adolescentes en Chile” (05/10/2020) y la “Situación de derechos humanos en el contexto de la protesta social en Chile” (11/11/2019) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en las que no solo se relataron las complejidades detectadas desde estrados en materia de afectación de derechos fundamentales, también se detallaron las acciones impulsadas por la asociación en dicho contexto. El contenido de dichos informes y exposiciones es coincidente con el mismo desolador panorama de desatención y apatía estatal frente a la niñez vulnerada denunciado en estas líneas.[/cita]
De lo anterior se colige que estos niños en condición migrante se encuentran especialmente desprotegidos en todas las dimensiones de sus derechos fundamentales. En las dimensiones de identidad, salud, cuidado, educación, protección social, entre otras. Chile está lejos de poder poder resolver con las normas vigentes la debida protección integral a la infancia tal como lo comprometimos hace 30 años cuando, como Estado, ratificamos la Convención sobre los Derechos del Niño. La deuda que tenemos es por partida doble: con quienes han nacido en Chile y con quienes han llegado a nuestro país.
La desprotección institucional de la infancia ha sido motivo de especial preocupación para la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados ante el Congreso, autoridades y servicios relacionados. Representantes del gremio expusieron en las audiencias “Protección integral de Niños, Niñas y Adolescentes en Chile” (05/10/2020) y la “Situación de derechos humanos en el contexto de la protesta social en Chile” (11/11/2019) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en las que no solo se relataron las complejidades detectadas desde estrados en materia de afectación de derechos fundamentales, también se detallaron las acciones impulsadas por la asociación en dicho contexto. El contenido de dichos informes y exposiciones es coincidente con el mismo desolador panorama de desatención y apatía estatal frente a la niñez vulnerada denunciado en estas líneas.
No existen datos confiables más allá de lo que nos reporta la encuesta Casen de 2017, respecto del número de NNA que han ingresado legal o ilegalmente a nuestro país. De hecho, la misma Unicef cita la referida encuesta como única fuente de cifras. Casen 2017 consigna que, del total de la población migrante en el país, un 12,8% correspondería a menores de 14 años, sin considerar hijos nacidos en Chile. Nada sabemos de los que ingresan por pasos no habilitados, con o sin familiares, y que sin duda se encuentran en una absoluta desprotección. Todos estos niños viven en un país extranjero donde no hay medidas ni políticas claras para abordar su condición, por cuanto una política relacionada con la migración se encuentra inevitablemente vinculada con la situación de los adultos responsables de ellos.
Dos legislaciones específicas deben complementarse para la protección integral de esta infancia en situación de migración. Una es la Ley Nº 21.325, «Ley de Migración y Extranjería», que recién en abril de este 2021, tras ocho años en tramitación, entró a regir.
La otra es ley que crea el Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez, que sigue sin promulgarse. Está claro, por tanto, que mientras sigamos dilatando esta última, que no es otra que la ley «marco» que viene a regular la situación de la infancia, Chile prolongará su deuda con niñas y niños y, por consiguiente, no hará sino empeorar la crisis migratoria.
La forma en que tratemos a los NNA que ingresan a Chile será un buen termómetro para saber qué tipo de sociedad estamos construyendo. Es momento de comprender la urgencia de definir políticas públicas que se manifiesten en proyectos de ley que puedan despacharse con celeridad y rapidez. No podemos permitirnos esperar años de tramitaciones cuando se trata de la infancia, más aún de esta infancia en condición migrante. Debemos disponer de recursos económicos, estructuras y organismos preparados para ejecutar las leyes que se promulguen. Necesitamos jueces y juezas con clara conciencia de que es probable que nos enfrentemos a una crisis de humanidad que, para enfrentarla, necesitaremos de nuestra interdependencia como miembros de la misma especie, de privilegiar la cooperación y la solidaridad.
La migración llegó para quedarse y con ella una infancia de la que hay que ocuparse responsablemente. Como apunta el editor y escritor británico Robert Winder, en su libro Bloody Foreigners: The Story of Immigration to Britain: “Podemos plantar nuestra silla en la playa tantas veces como nos plazca y gritarles a las olas que llegan a la orilla, que el mar no va a escucharnos ni a retirarse de allí”.
