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Las zonas oscuras del Parque Intercomunal

por 26 octubre, 2021

Las zonas oscuras del Parque Intercomunal

Crédito: https://www.parquesanalbertohurtado.cl/

Las corporaciones municipales han servido para triangular dineros públicos y privar así a la ciudadanía de saber cómo estos se ocupan. Lo que sucede con el manejo de las finanzas del Parque Alberto Hurtado requiere de la fiscalización urgente, así como de una reforma gruesa al manejo de las finanzas públicas –incluso cuando estas son administradas por entidades privadas–. Y requiere también que las instituciones estén integradas por personas con independencia de las redes de favores políticos y económicos, que no denunciarán ni combatirán estos desvíos. Los gobiernos regionales de nuevo tipo tendrán una urgente responsabilidad en generar cambios en esta materia. Ya no hay espacio para la opacidad, la población tiene derecho a ejercer como sujeto democrático respecto de los fondos públicos: esto empieza por saber en qué se usan los recursos que aportan al municipio, y continúa con poder de decisión local respecto del desarrollo de nuestra región.
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La administración del Parque Alberto Hurtado (ex Intercomunal de La Reina) y las finanzas de la Municipalidad de Las Condes están bajo escrutinio de la Contraloría, del Ministerio Público y de la ciudadanía. La opacidad en el manejo de fondos públicos tanto al interior del municipio como los que entrega a la administración del segundo parque más grande Santiago, se ha hecho evidente al escarbar algunas cifras: según un reportaje de T13, en los últimos 18 años la municipalidad –que hasta hace poco dirigía Joaquín Lavín– ha transferido a la administración del parque unos 38 mil millones de pesos.

En rigor, el parque es administrado por la llamada Junta de Alcaldes, una entidad de derecho privado integrada por los jefes comunales de Las Condes, La Reina y Providencia, creada en los años 60, pero que recién en 1981 abrió los 500 mil metros cuadrados de áreas verdes al público. Pero no fue sino hasta los 90 que la administración tomó la forma actual, luego de un proceso de reorganización del parque, de habilitar servicios y generar espacios para cine al aire libre, eventos y otras actividades por las cuales genera ingresos.

Desde hace unos años el único municipio aportante es el de Las Condes, que ha sido dirigido por la Unión Demócrata Independiente (UDI) desde incluso antes de las elecciones democráticas de alcaldes. Un cordón umbilical de millonarias transferencias anuales, altos salarios, pagos excesivos de horas extras y una administración sin fiscalización ni rendición de cuentas durante décadas, al punto que recién ahora ha intervenido Contraloría y el caso ya está en manos de la Fiscalía.

Algunos datos aparecidos en los medios los últimos días son decidores: la mantención de un metro cuadrado del Parque Alberto Hurtado es la más cara de Chile; mientras que el presupuesto anual de 2019 alcanzó a más de $5 mil millones, de los cuales la mitad estuvo destinada solo a pago de sueldos. Como muestra, el gerente del parque tiene un sueldo mensual de 9 millones 908 mil pesos, cifra superior a lo que reciben los parlamentarios, ministros de Estado y el propio Presidente de la República. Desde hace más de veinte años este cargo lo ejerce Pedro Iván Páez Ceroni, de 64 años. Si bien su nombre puede ser desconocido para muchos, este funcionario proviene de la médula de la UDI.

Las transferencias directas desde el municipio hacia la corporación han ido en aumento, particularmente bajo el mandato de Lavín. Si el 2016 Las Condes traspasó $3.245.000.000, paulatinamente fueron creciendo año a año hasta llegar este 2021 a la exorbitante cifra de casi $4.500.000.000. En seis años, fueron transferidos más de $23.750.000.000 a la Junta de Alcaldes, sin que los concejales de las respectivas comunas tuvieran acceso a información sobre el uso de los fondos, sin que haya rendición de cuentas y ni siquiera la sección de “Transparencia” del sitio web entregue detalles presupuestarios. Por cierto, la ciudadanía carece de toda información, además de tener que pagar entrada si quiere disfrutar del parque que es financiado mayoritariamente con recursos fiscales.

Algunos datos aparecidos en los medios los últimos días son decidores: la mantención de un metro cuadrado del Parque Alberto Hurtado es la más cara de Chile; mientras que el presupuesto anual de 2019 alcanzó a más de $5 mil millones, de los cuales la mitad estuvo destinada solo a pago de sueldos. Como muestra, el gerente del parque tiene un sueldo mensual de 9 millones 908 mil pesos, cifra superior a lo que reciben los parlamentarios, ministros de Estado y el propio Presidente de la República. Desde hace más de veinte años este cargo lo ejerce Pedro Iván Páez Ceroni, de 64 años. Si bien su nombre puede ser desconocido para muchos, este funcionario proviene de la médula de la UDI, integró el grupo fundador junto a Jaime Guzmán, fue parte de su comisión política y ha trabajado 20 años para el municipio de Las Condes. Otros directivos del parque, todos de la confianza de Páez, también reciben sueldos millonarios. Por lo mismo, no es extraño que actualmente la Junta de Alcaldes se encuentre bajo investigación de la Contraloría.

Las corporaciones municipales han servido para triangular dineros públicos y privar así a la ciudadanía de saber cómo estos se ocupan. Lo que sucede con el manejo de las finanzas del Parque Alberto Hurtado requiere de la fiscalización urgente, así como de una reforma gruesa al manejo de las finanzas públicas –incluso cuando estas son administradas por entidades privadas–. Y requiere también que las instituciones estén integradas por personas con independencia de las redes de favores políticos y económicos, que no denunciarán ni combatirán estos desvíos. Los gobiernos regionales de nuevo tipo tendrán una urgente responsabilidad en generar cambios en esta materia. Ya no hay espacio para la opacidad, la población tiene derecho a ejercer como sujeto democrático respecto de los fondos públicos: esto empieza por saber en qué se usan los recursos que aportan al municipio, y continúa con poder de decisión local respecto del desarrollo de nuestra región.



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