Opinión
A pocas semanas de asumido el nuevo gobierno, ya muestra algunas luces respecto de su agenda en el sector eléctrico. Esta semana, el ministro de Energía, Claudio Huepe, sostuvo que más allá del proceso de descarbonización que viene empujando el país hace unos años, será importante avanzar lo antes posible en liberar la matriz eléctrica de todos los combustibles fósiles. Sin embargo, para ello también será relevante avanzar hacia un marco regulatorio que propicie una matriz limpia de forma eficiente.
En la última década el sector eléctrico chileno se ha encaminado en forma decidida hacia las energías renovables. La fuerte base hidroeléctrica inicial, los cambios tecnológicos y las bajas en los costos de inversión permitieron una rápida incorporación de la generación en base al sol y al viento en la matriz. Sin embargo, la naturaleza intermitente de estas nuevas tecnologías, sumado a una sequía que se arrastra por más de 12 años, se ha traducido en nuevos desafíos y en una creciente dificultad en la operación del sistema.
Estos desafíos motivaron tanto al ministerio de Energía, como a la Comisión Nacional de Energía y al Coordinador Eléctrico Nacional, a implementar diversos ajustes o parches a la regulación del sector por medio de reglamentos, decretos, normas técnicas, minutas o procedimientos operacionales, que estarían amparados en el principio de la seguridad del sistema. Sin embargo, no solo implicaron cambios técnicos u operacionales, sino también han derivado en verdaderas regulaciones económicas del sector, alterando los principios económicos del despacho de la energía, principio básico del sistema, sin contar con sustento legal expreso para ello ni con justificaciones económicas que permitan asegurar que propenden a un desarrollo eficiente y sostenible del sistema.
Los impactos de estos ajustes no han sido menores y han significado que las promesas de bajar las tarifas de suministro eléctrico a los clientes finales no se hayan concretado. Si bien, el costo de la componente de energía ha bajado, se han ido incorporando otros cargos al suministro que han ido rápidamente al alza. Tal es el caso de los crecientes costos de transmisión, los servicios complementarios, operaciones a mínimo técnico y varios otros sobrecostos que deberán afrontarse para sortear las necesidades de flexibilidad del sistema, todos los cuales se reflejarán más temprano que tarde en el bolsillo de los clientes finales.
Dado que estos ajustes a la regulación fueron implementados para resolver elementos puntuales de la operación o incentivar determinadas tecnologías, a fin de cuentas, han ido desvirtuando los conceptos de eficiencia económica que debiesen imperar en el sistema, reasignando costos y riesgos entre agentes o clientes finales que no son los causantes de éstos.
De esta forma, en la operación del sistema, es posible observar diversas inconsistencias económicas relevantes que dan cuenta de la necesidad de replantearse las reglas de este mercado. Por ejemplo, a pesar de que más del 30% de la demanda es abastecida a toda hora por combustibles fósiles importados, el valor instantáneo a precio spot de la energía en Chile se valoriza recurrentemente en cero, resultado del derrame de recursos renovables provocado por una generación térmica forzada. Un valor de energía nulo resulta contradictorio cuando se observa que el precio de la energía en el mundo, que también depende de combustibles importados, llega a máximos históricos que superan los 300 USD/MWh. Otra inconsistencia que se ha instalado en la industria sería la remuneración de disponibilidad de potencia a centrales que no están operando en el sistema y, en consecuencia, no pueden aportar potencia. Tal es el caso del denominado “estado de reserva estratégica” que introdujo la administración pasada, que favorece a las centrales a carbón. También está el hecho que la autoridad ha promovido el GNL inflexible y otras operaciones particulares que garantizan el despacho de un combustible fósil por sobre la generación renovable, incrementando así la contaminación e incluso llegando al vertimiento de más de 2000 MW de recursos renovables en algunas horas. Claramente estas y otras inconsistencias generan distorsiones en el proceso competitivo, en particular cuando terminan desplazando a las energías limpias y beneficiando a los actores más grandes del mercado que operan estas centrales contaminantes.
Si queremos que Chile siga avanzando firme y sostenidamente en el camino renovable, será necesario replantearse nuestro marco regulatorio y su institucionalidad, de manera de asegurar que toda la regulación esté soportada bajo un marco legal claro, armónico y consistente con la eficiencia económica. Asimismo, es importante que exista una asignación coherente de los costos y riesgos hacia quienes los generan, de manera de incentivar un equilibrio sostenible para un desarrollo renovable de la industria.
