Opinión
La oportunidad la tenemos a nuestro alcance: el intercambio comercial agroalimentario en América Latina es por lejos, el segmento más dinámico de nuestro comercio, y es “cuasi” libre. Podemos cooperar para perfeccionarlo y transformarlo en un mercado regional libre de barreras, que nos una y permita movernos progresivamente en materia de integración económica. No olvidemos los orígenes de la U. E.: la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, en los años 50s.
El 22 de abril, la presidenta de la Convención Constitucional, comunicó la aprobación de una Norma de la Comisión sobre Sistema Político que, en su Artículo 20, plantea -entre otros aspectos- que “Chile declara a América Latina y el Caribe como zona prioritaria en sus relaciones internacionales. Se compromete con el mantenimiento de la región como una zona de paz y libre de violencia, impulsa la integración regional, política, social, cultural, económica y productiva entre los Estados, y facilita el contacto y la cooperación transfronteriza entre pueblos indígenas”. Y, “se armó la grande”. ¡Casi! Pero me alegro, porque la Norma permite retomar este tema, que ha sido prácticamente ignorado.
El domingo 1° de mayo, Economía y Negocios del Mercurio publicó un artículo con el llamativo titular de “PRIORIZACIÓN DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES con América Latina y el Caribe abre dudas sobre los efectos comerciales que podría significar para Chile”. El artículo presenta citas de entrevistas y cartas de exautoridades y senadores en relación a este tema. Sin conocer exactamente lo que se conversó en las versiones originales de las entrevistas, no es fácil opinar en detalle. Sin embargo, el artículo me dio la impresión de que se quiso transmitir una opinión negativa de la Norma aprobada por la Constituyente y sembrar dudas, dudas que en mi opinión son injustificadas, acerca de la norma y del tema de la integración. La “declaración” de América Latina como “zona prioritaria” en las relaciones internacionales y el “compromiso” de “impulsar la integración regional”, no constituyen una obligación, como se trata de insinuar en varios de los extractos de entrevistas. Pero, sí creo es necesario.
Así las cosas, me quedo con la cita del Senador J. M. Insulza, quién indica que: “Este es nuestro barrio y estoy de acuerdo con mantener una norma en este sentido. Con Asia Pacífico, Estados Unidos y la Unión Europea tenemos excelentes relaciones comerciales, pero ellos nos ven como un país inserto en Latinoamérica. Eso no se puede desconocer”. Igualmente, rescato lo mencionado por Osvaldo Rosales, Exdirector General de DIRECON quien destaca que “… es obvio que las relaciones estratégicas deben ser con América Latina … también es fundamental formar parte de un grupo de países más relevante dentro de América Latina para proyectarnos a otros países o regiones …”. No rescato mucho más del resto, y no insisto para no enemistarme con amigos de años. No conozco cómo se realizó la consulta, la extensión de las respuestas que dieron los entrevistados y en qué contexto se hizo.
No obstante, no puedo pasar por alto, cómo fue “enmarcado” el artículo y presentado el tema. Empezaré con ello antes de referirme a las entrevistas. El artículo empieza destacando que: “Un manto de dudas e incertidumbre comienza a generar una de las normas en materia de relaciones internacionales …” [y agrega…] “… Priorizar América Latina por sobre regiones geográficas o países despertó aprensiones entre exautoridades, gremios empresariales y el sector público, sobre todo en cuanto a las repercusiones comerciales que podría implicar …”. Sin embargo -de las citas incluidas- no vi que todas se expresaran negativamente o “expresaran apensiones”. Ciertamente no lo hizo el Senador Insulza y -aunque menos categóricamente- tampoco lo hacen Osvaldo Rosales y Andrés Rebolledo, ambos exdirectores generales de DIRECON. Tampoco hubo -sorprendentemente- nadie de la Cancillería que haya sido entrevistado, ni siquiera el Subsecretario Ahumada, responsable del tema. Hubiera sido interesante saber que opinan, pero sospecho que no tendrían mayores objeciones a la Norma de la Constituyente.
[cita tipo=»destaque»] Para empezar, luego de haberme capacitado y trabajado en Europa, por más de 25 años, es imposible desconocer lo que se puede lograr cuando existe la voluntad real de cooperar entre naciones.[/cita]
Sorprenden también las pobres cifras de comercio con MERCOSUR y la Alianza del Pacífico que cita el artículo, pero no se menciona el comercio en relación a la ALADI, desde donde proviene una parte sustantiva de nuestras importaciones agroalimentarias (casi el 60%), y en donde algunos países muestran cifras mucho mayores. Tampoco se menciona que más de un quinto de nuestras importaciones totales, provienen de Brasil, Argentina, México, Colombia y Perú, pero se destaca la importancia del comercio con China. No obstante, no se menciona que la mayor parte son exportaciones de minerales y metales, y algo de alimentos.
También, hay dos o tres citas que es muy difícil de “pasar por alto”, en parte por estar mal informadas y/o presentar visiones distorsionadas de la mencionada Norma. Por ejemplo, la cita del Senador Chahúan, sugiere que la Norma “restringiría” el comercio y/o relaciones con otras regiones o países y que generaría “inflexibilidad” en la autonomía de futuros gobiernos. Interpretación mal informada, pues los responsables finales continúan siendo l@s presidentes. Al parecer, sus asistentes se olvidaron de informarle al Senador que el 13 de abril, se comunicó la aprobación de una Norma de la misma Comisión que, en su Artículo 48 establece las atribuciones de la presidenta o presidente de la República y que, en su numeral 4, propone textualmente que est@s deberán: “Conducir las relaciones exteriores, suscribir y ratificar los tratados, convenios o acuerdos internacionales …”. El Senador tampoco parece haber sido informado de manera adecuada en relación a los actuales tratados de libre comercio. Desde hace meses y hasta el día de escribir esta columna, la SUBREI ha venido informando que tenemos 31 acuerdos (no 29) y que supuestamente cubren el 88% del PIB mundial (no 82%).
Un breve comentario también, acerca de las observaciones del exsubsecretario Rodrigo Yáñez. Entiendo que el Sr. Yáñez es abogado y que él intenta utilizar “a todo trapo”, el lenguaje legal para argumentar que habría un “mandato constitucional” en la Norma aprobada por el Pleno, y que ello impondría obligaciones al Ejecutivo de venideras administraciones, para liderar las relaciones internacionales. Pero, parece que el subsecretario no fue informado del Artículo 48 -del 13 de abril pasado- que mantiene en el Ejecutivo esa responsabilidad. Así, finalmente, me quedo con la opinión del Senador J. M. Insulza -también abogado y con una larga experiencia- respecto de cómo interpretar posibles obligaciones constitucionales.
Sin embargo, lo más desconcertante es lo que habría expresado el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Sr. Juan Sutil. Desconozco el contexto de esta cita, pero me sorprende que el Sr. Sutil haya dicho que observa “… una falta de pragmatismo en la Convención Constitucional al consagrar en el texto una priorización a favor de los vínculos con América Latina …”. Agrega que sería complejo vislumbrar “… hacia dónde se podrían profundizar los lazos comerciales con …” América Latina. Y, su presentación culmina observando que “… Chile es un país exportador de productos y servicios y su desarrollo dependerá de la demanda que exista, que hoy es impulsada desde China, Norteamérica y Europa. El intercambio comercial con Latinoamérica es bastante menor y es difícil crecer …”.¡Ploop, como dice Condorito! A lo mejor, soy más ignorante de lo que pensaba, pero -francamente- es la primera vez que veo que caracterizar a Chile como un “país de exportador de productos y servicios”. En resumen, la CPC postula seguir haciendo más de lo mismo. No parece necesario pensar en cambios …!.
Podría seguir revisando en más detalle las “mini” entrevistas y citas incluidas en el artículo de El Mercurio, pero ya tengo la clara impresión de que su interés era “poner en aprietos” a la Convención Constitucional. De paso, algunos entrevistados tuvieron la oportunidad de “ventilar” sus preferencias. Me sorprendió el bajo interés de profundizar o incluso cuestionar el “contenido” de la propuesta de “… integración regional, política, social, cultural, económica y productiva”. Lamentable, nunca sabremos qué dijeron originalmente los entrevistados. Creo que ha sido una oportunidad perdida de profundizar en el tema. Espero que podamos remediarlo.
Por mi parte, intentaré seguir insistiendo en el tema de la integración regional y no lo dejaré fácilmente. Tengo múltiples razones para ello, pero me centraré en solo tres. Para empezar, luego de haberme capacitado y trabajado en Europa, por más de 25 años, es imposible desconocer lo que se puede lograr cuando existe la voluntad real de cooperar entre naciones. Viví en un área “semi deprimida” de Gran Bretaña y pude ver ahí -como en las áreas más pobres de España, Grecia y Portugal, entre otras- lo que se logró con el apoyo y el esfuerzo comunitario conjunto, al ingresar a la U. E. Pero se requiere voluntad.
También, la cooperación económica regional -en un posible proyecto de integración- es una de las pocas “ventanas de oportunidad” que aún permanece abierta y que realistamente nos puede llevar a reconsiderar el modelo de desarrollo que hemos privilegiado, la vía unilateral de integrarnos a la globalización y cómo deberemos ajustarnos y acomodarnos a los cambios que se avecinan. Y, para concluir, la oportunidad la tenemos a nuestro alcance: el intercambio comercial agroalimentario en América Latina es por lejos, el segmento más dinámico de nuestro comercio, y es “cuasi” libre. Podemos cooperar para perfeccionarlo y transformarlo en un mercado regional libre de barreras, que nos una y permita movernos progresivamente en materia de integración económica. No olvidemos los orígenes de la U. E.: la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, en los años 50s.
