¿Se debe sancionar la desinformación?

Mucho se ha escrito en estos días sobre las campañas de desinformación que han cruzado ambos lados del espectro político, aunque con mayor fuerza en sectores que están por el Rechazo, cuando ya prácticamente no queda nada para el plebiscito de salida constitucional. Lo que hemos notado es que este fenómeno ha ido escalando cada vez más, a medida que se acerca el trascendental 04 de septiembre, y no se circunscribe solo a cuentas anónimas en redes sociales, sino que muchas veces personajes públicos y con poder de influencia mediática han podido difundir estas noticias falsas o descontextualizadas.

No podemos estar indiferentes frente a esto. La desinformación debe ser combatida con firmeza, porque menoscaba la democracia y deslegitima las instituciones. Un caso reciente lo vimos en el Servicio Electoral (SERVEL), donde hubo una campaña orquestada en desprestigiar una función que ha tenido un actuar correcto, rápido y transparente en las últimas tres décadas, que incluso nos pone por sobre organismos similares de países latinoamericanos y del Primer Mundo. 

Pero volviendo al plebiscito de salida, ¿qué tanto pudo influir en el trabajo de la Convención su baja valoración la presencia de acciones de desinformación? No podemos ser categóricos al respecto, pero sí podemos vislumbrar, en un estudio que realizamos recientemente, que sí hubo noticias falsas que se levantaron en contra de la labor constituyente, tanto en lo administrativo como en el debate y resultado final, y que los propios integrantes del órgano sí dicen haberse sometidos a este tipo de ataques, con mayor presencia en mujeres y pueblos originarios. 

El mentado documento -denominado Análisis sobre la Desinformación en la Convención Constitucional- se basó en dos trabajos realizados de manera paralela entre 2021 y 2022. Uno de ellos, a cargo de nuestra Fundación Multitudes, se generó sobre la base de entrevistas individuales a los y las constituyentes, y cómo ellos percibían las campañas de desinformación que había en su contra. Así, un 73% respondió que cree que ha sido objeto de desinformación, mientras que un 61,1% de las mujeres convencionalistas respondió que ha sido víctima de desinformación como forma de violencia de género.  Asimismo, el 92% de los encuestados de pueblos originarios dijo haber sido objeto de estos ataques contra el 68% de quienes no pertenecen a alguna nación originaria. 

Por su parte, en el mismo estudio nos basamos en el proyecto Lupa Constitucional, del medio de chequeo de noticias Mala Espina Check, que analizó 48 desinformaciones verificadas entre el 04 de julio de 2021 y 04 de julio de 2022 -periodo de trabajo de la Convención-, escogidas por su impacto y difusión mediática, de las cuales 41 de ellas (85%) fueron calificadas como falsas, dos imprecisas (4%) y una engañosa (2%). El resto fueron chequeos múltiples a distintas desinformaciones (9%). En este sentido, del total de la muestra (48), 18 desinformaciones afectaron a integrantes de la Convención (mujeres y hombres) y el resto fueron dirigidas a asuntos relacionados a la Convención. Al igual de Multitudes, Mala Espina determinó que estos ataques afectaron mayormente a mujeres, con 67% versus 33% a hombres.

En nuestras conclusiones, establecimos que la gravedad de los ataques de desinformación a la Convención Constituyente se puede expresar en su desaprobación mediática. En efecto, el impacto de la deslegitimación se visualiza en que las razones para rechazar en septiembre son la desconfianza hacia los constituyentes (55%) y en segundo lugar el desacuerdo general con las propuestas (40%) (Cadem Mayo). Sin duda, y eso también lo advertimos en el estudio, existieron errores propios de los y las constituyentes, actuaciones que también alimentaron esta desconfianza, pero no deja de ser cierto que muchas veces esa percepción se pudo haber nutrido de estas noticias falsas o descontextualizadas.

Con el diagnóstico claro -que se suma a otros estudios similares que se han hecho en los últimos meses- surge entonces la gran interrogante planteada en el título de este artículo: ¿se debe sancionar la desinformación? Recientemente, el Presidente de Brasil Jair Bolsonaro fue denunciado por la Policía Federal, que solicitó autorización al Tribunal Supremo de Justicia para procesar al polémico mandatario por presuntos delitos de desinformación sobre el coronavirus, pues en transmisiones televisivas y de redes sociales llegó incluso a afirmar que las vacunas ponían en riesgo a la población de contagiarse de VIH/Sida. Este ejemplo nos refuerza la idea que sí hay que tomar medidas, sin importar quién sea el emisor del mensaje falso.

Donde sí tengo dudas es si se debe canalizar esta pena en una modificación legal, y creo que la respuesta más adecuada es que primero debe existir una autorregulación, antes de pensar siquiera en sanciones, aunque las razones sean muy válidas. En efecto, si entramos en la tentación de penar como primera y única medida, como ya lo hizo un grupo de diputados de izquierda en junio pasado, con un proyecto para crear la figura de difusión de “noticias falsas” en el Código Penal (Boletín 15056-07), corremos el riesgo de agotar tal vez la última herramienta disponible para una sanción real, sería un recurso de ultima ratio, y puede colisionar con otro derecho, como el de la libertad de expresión. 

Por eso, sería más bien prudente y apostaría primero por reforzar la regulación ya existente, como la que tienen hoy los canales de televisión, a través del CNTV, o el propio Congreso, con una Comisión de Ética, o incluso utilizando la figura existente en la Ley de Prensa sobre las multas a quienes promuevan “discursos de odio” a través de medios de comunicación.  De igual modo, las redes sociales poseen también canales regulatorios donde uno puede denunciar a algún usuario, pudiendo sufrir la suspensión o cancelación de la cuenta. 

Lo que sí está claro es que el inmovilismo no puede existir frente a la desinformación. Se debe combatir, desenmascarar y denunciar, por los canales existentes, a sus autores. La mentira es una herramienta poderosa, que permea a todas las clases y que no respeta pergaminos académicos. A pocas horas del plebiscito, la capacidad para combatirla estará más expuesta y frágil que nunca.