Opinión
¿Hemos aprendido algo en estos cincuenta años? Yo creo que sí. Chile ha logrado conocerse a sí mismo, asumir sus zonas más oscuras, construir ciertos acuerdos y valoraciones comunes, ha conquistado grados relevantes de verdad, justicia y ha identificado algunas condiciones básicas de no repetición.
La conmemoración del golpe de Estado de 1973 no puede ser solo el recuerdo doliente de lo acontecido hace medio siglo. Debe ser el balance de lo que como sociedad hemos aprendido colectivamente en este tiempo. Este es el año para recapitular lo que hemos logrado como conciencia del pasado y comprensión de nuestro devenir. Creo que es posible revisar algunos hitos que podrían operar como un compendio que se podría acercar a lo que puede ser un aprendizaje-país:
1983, el tiempo límite: el primer decenio del golpe encontró a Chile en medio de un enorme despertar social y político. El ciclo de protestas, iniciado el primer semestre de ese año, rompió con años de letargo, temor y silencio. Tras este levantamiento social latía el impacto de la gravísima crisis económica desencadenada en 1982, pero además se conjugaba la percepción del límite moral al que habíamos llegado luego de los crímenes más abominables de los que tenga memoria nuestra historia. El aprendizaje de 1983 puede resumirse en que todo tiene un límite, y que incluso la más feroz represión no puede impedir que una sociedad reaccione ante un régimen que le conduce a su propia destrucción.
1993, el tiempo de la verdad: los veinte años del golpe acontecen luego de la presentación del informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, presentado por el Presidente Aylwin el 4 de marzo de 1991. La recepción y aceptación de este informe no fue unánime, inmediata, ni transversal. La resistencia a los testimonios, las evidencias y los datos de ese documento sacudió la conciencia de quienes no quisieron mirar lo ocurrido y provocó el rechazo frontal de quienes ejecutaron la violencia de Estado. A pesar de estas renuencias, el país consiguió un marco mínimo de conciencia, un piso de verdad que se ha ido consolidado como un criterio inapelable, que se complementó posteriormente con los informes de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, constituyendo una verdadera auditoría política y ética que ya nadie puede evadir o negar.
2003, el tiempo de la justicia: los treinta años enfrentaron a Chile con el problema de la persistente impunidad. Recordemos que el 6 de octubre de 1998, estando de viaje en Londres, Augusto Pinochet fue detenido en virtud de una orden de captura emanada por el juez español Baltasar Garzón. Liberado por “razones humanitarias” en marzo de 2000, Pinochet debió enfrentar su desafuero por el caso Caravana de la Muerte, aunque fue sobreseído por razones de demencia senil en 2002. Esta evidente falta de justicia obligó a reconocer los escasos logros en materia judicial ante las violaciones a los DD.HH. En ese momento la labor de juez Alejandro Solís logró romper con las barreras impuestas por la Ley de Amnistía, al sentar la doctrina del secuestro calificado en su sentencia del 14 de abril del 2003, donde condenó a la cúpula de la DINA. A partir de entonces pudieron ser condenados un número relevante de agentes y criminales de la dictadura, y aunque la impunidad no fue totalmente doblegada, se avanzó de manera significativa en justicia y reparación por las violaciones masivas de derechos humanos.
2013, el tiempo de los cómplices pasivos: los cuarenta años supusieron un debate nacional sobre el rol de los civiles que participaron en las violaciones a los derechos humanos. En esa discusión tuvo importancia el reconocimiento del entonces Presidente Sebastián Piñera al declarar, en agosto de 2013, que “hubo muchos que fueron cómplices pasivos: que sabían y no hicieron nada o no quisieron saber y tampoco hicieron nada”. Con esta afirmación, expresada por un Presidente del sector político que apoyó y participó directamente de la gestión dictatorial, se logró alcanzar una cierta visión compartida de lo acontecido: no se trató solo de una expresión de barbarie militar, sino que Chile vivió un proceso donde una parte de la población civil generó la condiciones y colaboró activamente con la represión y la coerción. Este reconocimiento dejó pendiente el problema de las condiciones de no repetición, lo que implica hacer frente a estas dinámicas de violencia, para contenerlas y prevenirlas de cara al futuro.
2023, el tiempo de las preguntas: luego de este largo aprendizaje, la sociedad chilena llega al cincuentenario del golpe con nuevas preguntas: el estallido social de 2019 reinstaló el engranaje de la violencia del Estado y las difíciles condiciones a que se enfrenta la ciudadanía a la hora de detenerla. El ciclo político nos ha devuelto a nuevas formas de negacionismo, que parecen devolvernos al casillero de 1993 en materia de verdad, y a 2003 en materia de justicia. El mismo Sebastián Piñera ha desandado sus afirmaciones sobre los cómplices pasivos y ha afirmado que “el hecho de haber participado en el gobierno militar no significa ningún pecado”. No solo la derecha radical agrupada en el Partido Republicano nos retrotrae a un momento ya superado por la sociedad chilena. Actores políticos que parecían distanciados del pinochetismo relativizan el terror de Estado y medios como El Mercurio van construyendo un relato que lleva aparejado que dejar gobernar a la extrema derecha es una posibilidad normalizada.
¿Hemos aprendido algo en estos cincuenta años? Yo creo que sí. Chile ha logrado conocerse a sí mismo, asumir sus zonas más oscuras, construir ciertos acuerdos y valoraciones comunes, ha conquistado grados relevantes de verdad, justicia y ha identificado algunas condiciones básicas de no repetición. Pero este aprendizaje no es irreversible. Como todo en la vida, es posible retroceder. De allí que el principal aprendizaje que deberíamos asumir es que no podemos relativizar los mensajes de la ultraderecha, tanto por sus implicaciones inmediatas como por sus efectos de cara al futuro, y por eso no debemos banalizarla ni tenerle miedo.
Lo que aprendimos en estos cincuenta años ha empujado y sostenido las grandes transformaciones que ha vivido el país. Cada vez que se avanzó en verdad, justicia y reparación, se afianzó la confianza de la sociedad en sus propias fuerzas y se logró una mayor esperanza en un futuro más seguro y confiable. La ruta de la memoria ha sido una palanca para reorganizar la vida y hacerla mejor, más justa, más humana, más vivible. No debemos retroceder.
