Opinión
Recordemos la entrampada discusión que dio el Gobierno de Piñera, intentando eludir toda responsabilidad frente a los abusos cometidos hacia la población durante el estallido social, enfocándose en interpretaciones sobre si esos hechos calificaban o no como violaciones sistemáticas a los DD.HH.
En una conferencia del 31 de octubre de 2000, titulada “Razones del corazón. La educación de los deseos”, la filósofa española Adela Cortina Orts hizo referencia a la importancia de la educación basada en la razón sentimental y no solo amparada en la transmisión de conocimientos, con el objeto de orientar para una moral abierta. Se educa en la moral abierta, dijo, cuando se transmiten orientaciones capaces de generar libertad. El mismo día en que dictaba esa charla, ETA asesinaba a tres personas y, unos meses antes, en un fallido ejercicio de demostración de fuerza, el submarino Kursk se hundió y el Gobierno ruso abandonó a sus 118 tripulantes.
Frente a ello, la filósofa se preguntaba: ¿por qué los valores que todo el mundo reconoce como universales no han cuajado definitivamente? Valores que buscan aumentar la libertad, reducir las desigualdades, acrecentar la solidaridad, abrir caminos de diálogo, potenciar el respeto de unos seres humanos por otros y por la naturaleza, entre muchos otros. Desde su perspectiva, la educación falla en educar en valores. Pero esto, tal vez, habría que entenderlo más bien en clave controversial, dado que gran parte de lo que se enseña en materia de valores durante los años de la educación formal del ser humano carece de correlato frente a las injusticias cotidianas que enfrenta la ciudadanía.
Recordemos la entrampada discusión que dio el Gobierno de Sebastián Piñera, intentando eludir toda responsabilidad frente a los abusos cometidos hacia la población durante el estallido social del 2019, enfocándose en interpretaciones sobre si esos hechos calificaban o no como violaciones sistemáticas a los derechos humanos, alejándose así de toda ética y moral frente a lo que estaba ocurriendo de manera evidente, tal y como quedó consignado por observadores de DD.HH. tanto nacionales como extranjeros, en informes que son de dominio público.
Miremos al mundo, donde las cifras de la migración no cesan de crecer y hasta el 2020 la ONU contabilizó el aumento de la migración internacional en 281 millones de personas. Esa es el resultado final de la pobreza, el hambre y la falta de oportunidades en los países de origen, sin embargo, la noticia es el número de desplazados y el peligro que supone su arribo a los países de destino. En los desiertos y en los mares desaparecen las huellas del sacrificio que supone tomar la decisión de partir. El mundo hoy nos muestra los horrores de la Franja de Gaza, el avance de las derechas nacionalistas, ultraconservadoras o populistas, mientras en la escuela se dedican horas a conocer la Convención sobre los Derechos del Niño.
Nuestro país sabe de esas contradicciones y de las violencias que propician, como la ejercida hacia los pueblos originarios, en particular hacia el Wallmapu, las zonas de sacrificio, la privatización de toda el agua de Chile, los sistemas de pensiones, la desigualdad en la educación y la salud públicas, la injusticia de género, por mencionar algunas de las violencias históricas que se desavienen con todas las obligaciones adquiridas por Chile en materia de derechos humanos, tras adherir a pactos como el de Derechos Civiles y Políticos, y el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros. A la luz de la nueva propuesta constitucional, esas violencias podrían llegar a ser ejercidas bajo el amparo de la nueva Carta Magna, de ser esta aprobada.
No hay valores que se sostengan frente a esas incoherencias y es allí donde radica el rol fundamental de la Educación en Derechos Humanos (EDH), porque aunque nadie podría poner en duda que los derechos humanos son reconocidos y proclamados desde hace décadas a través de declaraciones y pactos internacionales, y reafirmados por legislaciones nacionales, siguen siendo un tema desconocido por las mayorías respecto de su contenido, sus conceptualizaciones, las formas en que se ejercen, disfrutan, exigen y promueven.
Frente a esta brecha, resulta indispensable revelar el rol que cumple la educación a lo largo de toda la vida, como medio eficaz para la comprensión, integración y difusión de los derechos humanos, de manera situada y aproximada a los fenómenos cotidianos.
Esa es la función que cumple la EDH que, como nos recuerda la educadora Ana María Rodino, es parte de un proceso que enseña la importancia de conocer, valorar y respetar los derechos de las personas como exigencia de su condición de seres humanos y como pautas de convivencia social inclusiva, justa, pacífica y solidaria.
Esto significa que toda persona debe tener garantizada una educación sistemática, amplia y de buena calidad que le permita:
Algunos instrumentos orientadores para desarrollar metas en esta materia son el Programa Mundial para la EDH de Naciones Unidas, cuyo objetivo es promover la ejecución de planes en la esfera de los derechos humanos tanto en la educación formal como en la no formal y la Declaración de la ONU sobre educación y formación en materia de DD.HH.
Si bien no se trata de documentos que entregan obligaciones a nuestro Estado, sí marcan una hoja de ruta con la que nuestro país ha convenido, que propicia oportunidades al mundo de la educación, que bien sabe que, aunque esta temática está presente en los planes curriculares escolares, la formación inicial docente carece de formación específica en derechos humanos. Eso nos habla de la necesidad de fortalecer en esa materia la formación de formadores.
¿Será esto suficiente para garantizar el respeto y cumplimiento de los derechos humanos, para que “cuajen los valores universales” como preguntaba Adela Cortina? No debemos dar nada por sentado. Los y las profesionales de cualquier área requieren capacitación específica, al igual que quienes se ubican en los espacios de toma de decisión, los que elaboran políticas públicas y, por lo tanto, toda persona que integra los distintos aparatos del Estado. También quienes están a cargo de informar a la población, todo medio de comunicación cumple una función en la educación informal y debe recibir una formación en derechos humanos que refuerce valores universales para una práctica cotidiana basada en la justicia, el respeto y la protección de todas las personas.
Porque, en última instancia, educar en derechos humanos es tomar partido por el ser humano.
