La lentocracia

En Chile se ha adoptado la palabra “permisología”, utilizada incluso por el Presidente Boric, al anunciar una reforma que abreviará (en un 30%, señaló el Mandatario) los extensos y numerosos permisos que el inversor debe enfrentar en el país, y que entraban –o derechamente abortan– inversiones nacionales y extranjeras en iniciativas económicas de indudable aporte al empleo y crecimiento nacional. 

Un estudio de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP) para los años 2018-2022, identificó 439 trámites para desarrollar una inversión productiva en sectores de la minería, generación de energías renovables, hidrógeno verde y desalación, entre otras. En cuanto a permisos, se involucran 71 servicios que deben otorgar 309 autorizaciones, de las cuales 63 tienen carácter crítico, es decir, con capacidad de paralizar un proyecto productivo. Caso extremo el de un proyecto de desalación que podría llegar a 11 años de tramitación, entre concesión marítima, estudio de impacto ambiental (SEIA), permisos varios de construcción y, finalmente, permisos de operación.

La misma CNEP señala, en un informe de agosto de 2023, que para la instalación y modificación de instalaciones de telecomunicaciones se excedían los plazos legales hasta en un 120%; a modo de ejemplo, una concesión que según la normativa tiene un plazo de respuesta de 6 meses, demoraba hasta 400 días en ser autorizada. Estos lentos itinerarios tenían, al 31 de diciembre de 2022, 5.571 tramitaciones pendientes.

Con estos datos, pedir paciencia y comprensión a los justamente irritados inversores, resultaría agregar la burla a la fatigosa burocracia que se les impone para permitirles la instalación de una nueva iniciativa económica en nuestro país. Con muchos saludos al crecimiento.

Estas penosas rutas burocráticas no son exclusividad de la inversión productiva, a veces también las debe recorrer el ciudadano común, enfrentado al Estado en intrincados y a veces superfluos  procedimientos oficinescos. La causas de la lentrocracia son varias, un mix de normas regulatorias obsoletas, inadecuadas para la velocidad de la vida económica actual, regulaciones que se superponen unas a otras, recursos insuficientes para satisfacer altas demandas de permisos.

Pero también una visión ecológica radical, que no busca conciliar la protección ambiental con el crecimiento y bienestar económico del país o de poblaciones locales. Para algunos exponentes de esta corriente ideológica, la respuesta “debe” ser No, erigiendo obstáculo tras obstáculo para detener la inversión. El propio Gobierno ha debido tomar medidas para destrabar inversiones paralizadas.

Último, pero no último, la persistencia de cierta cultura de lentitud, que hace de la descarga de responsabilidades y decisiones espinosas a otros funcionarios un hábito frecuente en la administración pública, en todo nivel.

¿Soluciones? Un informe de la CNEP entrega algunas pistas que seguramente serán parte de la reforma en curso a la normativa de permisos: fast track para proyectos de importancia estratégica, asesorías para el inversionista, acompañamiento en la tramitación, plataformas digitales para trámites en línea, ventanillas únicas para trámites distintos entre sí. 

Yo agregaría: plazos perentorios, transparencia en la información y sanciones administrativas a dirigentes y funcionarios cuya indolencia e ineptitud paralice o demore proyectos económicos que apuntan al bien común de la sociedad, nacional o local.