Opinión
A lo largo de su historia la Democracia Cristiana ha dado dignidad, seguridad y libertad a las personas.
Los chilenos y chilenas estamos convocados a pronunciarnos “A favor” o “En contra” respecto al texto de nueva Constitución surgido del Consejo Constitucional.
Lo que sé plebiscitará ese día corresponde a un tercer proceso o intento de elaboración de un texto constitucional en los últimos 10 años. El primero fue el intento realizado por el Gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet que fue sepultado por el Gobierno del Presidente Piñera, el segundo fue el elaborado por la Convención Constitucional y que fue desechado por la ciudadanía en el plebiscito del 4 de septiembre del 2022, y el tercero es el presente.
Tanto el segundo como este tercer proceso se han caracterizado por la imposición de una mayoría circunstancial respecto de los contenidos fundamentales del texto, lo que ha permitido llamar a los textos como identitarios o partisanos. En el primer caso fue una mayoría liderada por personas independientes con apoyo de los partidos que conforman la actual coalición de gobierno, y en el que ahora debemos pronunciarnos por una mayoría liderada por el Partido Republicano con el apoyo de todas las fuerzas de derecha.
En estos dos procesos, de no aprobarse el texto propuesto se mantendrá de la constitución vigente, por lo que en ningún caso se crea algún vacío de poder. Esto es muy relevante y debe ser tenido en cuenta: el plebiscito del 17 de diciembre no es entre tener una constitución o no tenerla, y tampoco es entre la propuesta del Partido Republicano y la propuesta que emanó de la Convención Constitucional, mucho menos sobre la gestión del gobierno.
En diciembre debemos escoger entre la propuesta del Consejo Constitucional que profundiza el modelo neoliberal o la constitución vigente.
Sabemos que el texto actualmente vigente tiene falta de legitimidad de origen, pero también sabemos que fue modificado por una amplísima mayoría en el plebiscito de 1989, lo que permitió que las fuerzas democráticas participáramos en la elección de ese año y el país retornara a la democracia.
Con posterioridad, dicha norma ha sido sometida a numerosas enmiendas democratizadoras, como las que nos han permitido elegir a nuestras autoridades locales y regionales, las que han terminado con el tutelaje por el Consejo de Seguridad Nacional y las otras que llevan la firma del presidente Lagos, las que permitieron modificar el sistema electoral y, más recientemente (el año 2022), las que han eliminado los cuórum supra mayoritarios establecidos en las llamadas Leyes Orgánicas Constitucionales (LOC), que fueron el candado dejado por la dictadura para impedir cambios en las AFP , ISAPRES y legislación laboral, entre otras materias. También es importante que se haya disminuido el cuórum de modificación del texto constitucional. La suma de estos cambios no resuelve el tema de su origen, pero permite señalar que es una constitución democrática.
Es democrática porque, al derogar la existencia de las Leyes Orgánicas Constitucionales, existe ahora la posibilidad de que la mayoría pueda realizar cambios que hasta el 2022 no eran posibles, aunque existiera esa mayoría. Sin embargo, mientras esos cambios no se realicen, la institucionalidad conserva, en lo económico y social, una mirada ideológica fundamentada en el neoliberalismo.
Por su parte, la propuesta liderada por el Partido Republicano tiene legitimidad de origen, pero retrocede en cuanto al contenido democrático, ya que al exigir quórums mayores a la mayoría para aspectos que no dicen relación con la convivencia, que es el aspecto central que debe regular una Constitución democrática, sino para aspectos discutibles socialmente y cambiantes desde el punto de vista técnico se retrocederá respecto a la constitución actualmente vigente, ya que esos contenidos, que configuran el modelo neoliberal, hasta ahora regulados por las LOC, pasarían a ser parte del texto constitucional.
Para ser bien explícito. Si hoy hubiera elecciones y se constituyera una mayoría en el Congreso que quisiera modificar el sistema de AFP, o el de salud y el de educación, o la legislación laboral, eso sería posible; pero de aprobarse la propuesta del Consejo Constitucional modificar esas normas requerirían el voto favorable del sesenta por ciento del Congreso, una super mayoría, aún mayor que como lo establecía originalmente la constitución de 1980.
Las “leyes de amarre” de la dictadura quedan bien atadas si se aprueba la propuesta republicana.
Aunque al fijar las bases del actual proceso, se estableció que la Constitución debía conformar un Estado social y democrático de derecho, y en el texto propuesto por el partido republicano se establece que Chile lo es, ello constituye solamente una declaración, ya que numerosas normas del texto lo contradicen. A manera de ejemplo se puede señalar que es contrario a un estado social y democrático de derecho establecer normas que generen discriminaciones entre los ciudadanos, cómo aquellas referidas a los derechos de salud, pensiones y educación que, por promover la iniciativa privada, consagran instituciones individualistas y reglas que impedirán la solidaridad entre los chilenos. De la misma forma es también contrario el modificar el sistema tributario en beneficio de las personas de alto patrimonio.
Lo anterior ocurre porque habiendo una contradicción entre el neoliberalismo y un Estado Social y Democrático de Derecho, es el neoliberalismo lo que está en la esencia de la propuesta del Consejo Constitucional, y en aquellas materias en que debiera manifestarse un Estado Social, en su lugar consagra al mercado como modelo de solución. Dicha consagración es la médula del neoliberalismo.
Esto es de gravedad en relación con uno de los temas que más impacto tendrá en la sociedad chilena en los próximos años: el cambio climático, ya que el texto propuesto continúa la lógica neoliberal, entregando la solución del problema al mercado. El resultado de ello es que el acceso a la tierra, al agua y al aire limpio, entre otros bienes comunes, será sólo para los que tengan (altos) ingresos, agravando las tensiones en la sociedad.
Así, el modelo de políticas propuesto en el texto emanado del Consejo al fijar un modelo que se ha demostrado ineficaz nos augura nuevos estallidos, vinculados a la imposibilidad de resolver con justicia el acceso a las prestaciones sociales en salud, educación, transporte, seguridad y otros, así como a los efectos del cambio climático, que ya estamos viviendo.
¿Podemos los democratacristianos aprobar un texto que nos lleve a ese escenario? Ciertamente no.
Tampoco es razonable aprobar un texto que, junto con establecer normas propias de una constitución fija otras que son materias de ley o de reglamento o establezca normas sujetas a interpretaciones tan disímiles que otorgan inseguridad en lugar de certezas. Un ejemplo de las primeras es la que establece que en la educación básica y media se debe otorgar el presupuesto por alumno, ¿eso quiere decir que se debe terminar con los mayoritariamente exitosos establecimientos técnico profesionales administrados por asociaciones empresariales que reciben un monto fijo como subvención? Un ejemplo de las segundas es la que abre la discusión sobre la constitucionalidad, eventual, de la ley de interrupción del embarazo en tres causales.
Si a lo anterior añadimos que las normas transitorias establecen la obligatoriedad de dictar numerosas nuevas leyes y modificar muchas de las actuales, la propuesta republicana prolonga las incertezas y el debate constitucional en lugar de darlo por cerrado. Es de mínima capacidad de reflexión entenderlo.
También es un mal texto. En opinión de la Comisión de Constitucionalistas de la Democracia Cristiana, integrada por expertos que en el proceso anterior tuvieron posiciones diferentes, el texto es “partisano, programático, contradictorio, populista, ineficiente e ineficaz”, ¿puede aprobarse un texto así? ¡Ciertamente no!
A lo largo de su historia la Democracia Cristiana ha dado dignidad, seguridad y libertad a las personas. En los gobiernos en que ha participado hemos vivido un impulso al desarrollo que ha mejorado el nivel de vida de todos y todas las habitantes de esta tierra; por su compromiso se han ampliado los espacios de representación y participación con la democratización de los municipios y la creación de los gobiernos regionales; y se ha creado una moderna institucionalidad ambiental y de reconocimiento a los pueblos indígenas; todas acciones que muestran un compromiso con el Estado Social y Democrático de Derecho, tan distante del modelo neoliberal como el cielo a la tierra.
Pero todos esos avances han tenido un límite en las Leyes Orgánicas Constitucionales sujetas a la exigencia no democrática de que la mayoría se someta al mandato de la minoría. La llamada democracia protegida, que se derogó en agosto de 2022, y con el proyecto de constitución se quiere restablecer. Es el camino a la inseguridad, volver a lo que nos trajo hasta aquí.
Solo el voto mayoritario En Contra y el compromiso, ya manifestado por la DC y también por las fuerzas democráticas, de que no habrá un nuevo proceso constituyente y que los cambios necesarios a la institucionalidad se harán por la vía de reformas constitucionales, tal como se viene haciendo desde 1989, dará seguridades. Y Chile las necesita.
