Opinión
La propuesta del Consejo Constitucional no está a la altura de lo que el debate sobre la protección del medio ambiente exige en esta época.
Esta propuesta de Constitución no es una que nos una. Hay diferentes temas con los que argumentar esto, sin embargo, a nivel general, podemos decir que estamos en presencia de un documento que hace que la vida de chilenas y chilenos sea más cara, menos solidaria, promueve el debilitamiento de la educación pública, constitucionaliza las isapres y el modelo subsidiario, amenaza a las mujeres, entre otros. Sin embargo, en esta columna me centraré en ofrecer una mirada en lo referido al medio ambiente, sosteniendo que estamos frente a un texto inflexible en diferentes niveles, el cual bloquea las posibilidades de enfrentar un problema sobre el que incluso algunos de sus redactores han negado su existencia, como lo es la crisis climática.
La propuesta del Consejo Constitucional no está a la altura de lo que el debate sobre la protección del medio ambiente exige en esta época. Aun cuando consejeros que apoyan la propuesta aseguran que se establece una serie de artículos que ponen a Chile a la vanguardia de la temática ambiental, en la práctica esto no es así. En algunos casos la propuesta es incluso regresiva. Cuenta con un capítulo llamado “Protección del medio ambiente, sustentabilidad y desarrollo”, que, grosso modo, mantiene la lógica de la propiedad y se posiciona de manera anticuada al hablar de sustentabilidad, concepto dejado atrás por la discusión internacional desde fines de la década de los ochenta.
El paradigma de la sustentabilidad no considera al medio ambiente en la ecuación del desarrollo, ni que este último significa, precisamente, vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Si bien hay un artículo específico sobre el “derecho a vivir en un medio ambiente sano y libre de contaminación, que permita la sustentabilidad y el desarrollo”, en su redacción este pone al desarrollo por encima del cuidado de los ecosistemas, prevaleciendo una protección tácita a la inversión económica.
Para ser un país que vaya a la vanguardia de la modernización, es necesaria una propuesta que incorpore la sostenibilidad de los ecosistemas y deje atrás a la sustentabilidad como paradigma, ya que esta noción no permite avanzar hacia estadios modernos de cuidado ambiental, al no incorporar al equilibrio ecosistémico como eje, entendiendo que el progreso no solo son los buenos índices económicos, sino que sea a través de la armonía con el medio ambiente.
Por otro lado, el agua en esta propuesta queda desprotegida. El escenario hídrico del país es complejo –sobre ello abunda la literatura– y los artículos referidos a esta. La lógica de la propiedad seguirá prevaleciendo en caso de aprobarse la propuesta constitucional, la cual además se contradice con los avances alcanzados en la última modificación hecha al Código de Aguas, que establece al acceso al agua y al saneamiento como un derecho humano esencial e irrenunciable, la considera un bien nacional de uso público cuyo dominio y uso pertenece a todas y todos sus habitantes, donde prevalece el consumo humano, su uso doméstico y el saneamiento. El texto redujo lo referido al agua al acceso (para garantizarlo bastaría con el agua de los camiones aljibe) y, aunque “privilegia” el consumo humano, no establece jerarquías con los otros usos, que se condigan con el equilibrio ecológico, provocando con esto un retroceso mayor al de los 10 años que tardó la tramitación de la reforma al Código.
Por otra parte, tampoco hay innovación en otros aspectos como la regulación de la matriz energética ni en la institucionalidad ambiental, quedando esta última incapacitada para poder encauzar problemas que aquejan a la ciudadanía y que han sido motor de diferentes conflictos territoriales que han contribuido a profundizar las grietas de la crisis política que hoy por hoy vivimos. La institucionalidad ambiental no es ni debe verse como una amenaza para el progreso económico, ya que el sentido de su existencia es la protección y el equilibrio entre las actividades productivas y el lugar en el que habitamos. Su fortalecimiento es lo que nos permitirá alcanzar un desarrollo económico que se sostenga en el tiempo, estar realmente a la altura de la protección y del debate internacional.
En síntesis, lo que se plebiscitará es un texto regresivo en materia ambiental. No considera a las comunidades en su gobernanza, debilitando su participación, mientras que la protección ambiental no está reflejada en ninguna de las normas contenidas en la actual propuesta y, más bien, pareciera ser que quienes redactaron el texto lo ven como un obstáculo para el desarrollo.
Finalmente, no estamos en presencia de una que nos una, no hay un pacto ambiental ni constitucional por el reconocimiento de la urgencia que requiere el cuidado del medio ambiente, lo único transversal es su consideración como un elemento secundario al desarrollo y la modernización y la desprotección al mismo. Se trata, en definitiva, de un texto elaborado por quienes posicionan al medio ambiente como un mero impedimento para la reproducción de las lógicas de la acumulación económica.
