¿Un respiro de alivio?

Harto revuelo ha generado la propuesta de pensiones del Gobierno de Gabriel Boric este mes. La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, pisó el acelerador para que avance en los distintos trámites de la Cámara de Diputados. Fue un debate rápido, con continuos cambios sobre una propuesta previsional bien compleja, generando varias dudas sobre su idoneidad y que hasta a los técnicos nos ha costado seguir. 

La ministra del Trabajo logró su objetivo: el proyecto aterrizó en el Senado, que retomará la discusión en marzo. Pero esta velocidad tuvo un costo para el oficialismo: la Cámara entregó una propuesta con varios artículos esenciales rechazados. De todos los elementos que se rechazaron, quiero destacar dos que generan un pequeño respiro de alivio en el debate.

Primero, los diputados rechazaron la creación de un fondo estatal que acumulaba cotizaciones de los trabajadores de forma indefinida. Lo explico: el proyecto del Gobierno creaba un 6% extra de cotización (porcentaje de los sueldos formales que se destina al sistema previsional). De este, 3% se destinaba a las cuentas individuales y otro 3% se depositaba en un fondo común llamado Fondo Integrado de Pensiones (FIP), administrado por el Estado. Este fondo financiaría principalmente una prestación equivalente a 0,1 UF por año cotizado a los jubilados. Algunos criticaban esta prestación aludiendo a que era un reparto que podía volverse insostenible con el tiempo. Pero el riesgo en este diseño era lo opuesto.

Los futuros jubilados (actuales trabajadores) recibirían un monto menor de esta prestación a medida que se autofinancien una pensión con el 3% extra que llega a las cuentas individuales. Así, las nuevas generaciones que logren autofinanciarse un monto mayor a la garantía de 0,1 UF por años cotizados, recibirán cero de esta ayuda. ¿Cuál es el problema? Bajo este diseño, el gasto del FIP en esta prestación sería transitorio, pero el financiamiento mediante el 3% de cotización sería permanente, acumulándose un fondo estatal con los años. Estaba el riesgo de que este fondo estatal se usara en el futuro para gastos distintos a las pensiones u otras medidas populistas. La Cámara Baja rechazó la creación de este FIP alimentado con la cotización del 3%, eliminando este riesgo por el momento.

Otro elemento rechazado que genera un pequeño respiro de alivio es la creación del Inversor Previsional Estatal (IPE). Este ente, junto a los Inversores Previsionales Privados (IPP), estarían a cargo de administrar las carteras de inversiones de las cuentas individuales. El fin de la creación del IPE era generar más competencia para presionar reducciones en las comisiones cobradas por los inversores. Eso está bien, pero el problema es que el proyecto no garantizaba de forma clara que se cumpliera la neutralidad competitiva respecto a los inversores privados.

¿Qué implica esto? Existe el riesgo de que el IPE podría estar subsidiado por el Estado para así ofrecer comisiones más bajas a los afiliados, peligrando la participación de privados en la administración de fondos previsionales. No existe mejor fiscalizador que la competencia de mercado, pero si queremos crear un actor estatal para fomentar esta competencia, hay que asegurar con triple llave que este compita en igualdad de condiciones con el resto de los actores.

Por último, si bien los diputados rechazaron medidas que generaban importantes riesgos en el sistema previsional, hay una medida que atenta directamente contra las pensiones que fue aprobada por la Cámara: el autopréstamo del 5% de las cuentas individuales, con tope de 30 UF (aproximadamente $1.100.000 al valor actual). Al retirar un monto de los fondos previsionales para devolverlos después, se disminuyes el efecto multiplicador de la rentabilidad de los ahorros, además de que los inversores deberán tener parte de los fondos en activos más líquidos para poder entregar el préstamo, lo que daña la rentabilidad esperada de los fondos. Esto podría reducir la pensión autofinanciada.

Pero el autopréstamo genera un daño aún mayor. Distorsiona la funcionalidad del sistema previsional, que es financiar el consumo futuro en la etapa de jubilación, no el consumo presente. Así, se abre una puerta muy peligrosa: los políticos tendrán la tentación de cada vez aumentar más el monto permitido y de no exigir la devolución, transformándose en un nuevo tipo de retiro que experimentamos en pandemia.

El debate seguirá en marzo en el Senado desde un proyecto de ley prácticamente sin contenido. Esperemos que en esta instancia podamos tener un debate más reflexivo y pausado, y así diseñar una propuesta más idónea a nuestra realidad de país. Como dice el sabio refrán: voy lento, que tengo prisa.