Un estado con más incentivos para promover la transparencia

¿Es importante el derecho de acceso a la información pública? Cierto que lo es, y Chile desde el año 2008 cuenta con una ley que en términos generales reconoce a todas las personas su Derecho de Acceso a la Información Pública.

Este derecho funciona como una fórmula que permite a cualquier persona acceder a la información pública, es decir, aquella que se encuentra en poder de cualquier Institución Pública.

Sin embargo, en Chile no siempre se hace efectiva y muchas veces nos vemos envueltos en un trámite burocrático que genera hastío entre aquellos que nos interesamos por la transparencia, condición básica para fiscalizar el ejercicio del poder, tanto en el ámbito público como el privado.

¿Por qué es tan importante la transparencia?

El Estado y las instituciones que conforman el Estado, además de aquellas otras instituciones que reciben financiamiento público, entre otras cosas son estructuras de poder. 

La información que manejan estas instituciones a la vez son fuente de poder y la información como bien todos sabemos es poder. Entonces de alguna manera el poder es la información que un funcionario del estado o un burócrata tiene y de la cual los demás carecen. Esta situación evidentemente denota una asimetría de información. 

Creo, además, que las instituciones mientras más transparentes sean más empoderan a los actores, en este caso los ciudadanos desfavorecidos por esta falta de información se empoderan y, por lo tanto, la Transparencia en las instituciones fortalece la democracia y la hace más cercana a la ciudadanía. En consecuencia, la transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser ejes fundamentales de toda acción política.

Los antecedentes

De acuerdo al estudio Nacional de Transparencia, realizado por el Consejo para la Transparencia el año 2020, la ciudadanía destaca una mala relación con el Estado; pues, lo sienten distante (88%), sienten que es una relación de “mal trato” (83%) y en la que existe discriminación (82%). La percepción que tienen los encuestados de que los organismos públicos en Chile son poco transparentes es de 78%. 

Un 67% de los encuestados se inclinan más bien en una idea de alta corrupción en los organismos públicos del país. Existe una alta intolerancia hacia la corrupción, ejemplificada por el 84% de los encuestados que considera que nunca sería aceptable el pagar sobornos a un funcionario público.

Es transversal la opinión de que las personas deben tener derecho a la información de cualquier organismo público, de que éste esté obligado a responder y de que exista derecho a reclamar (93%, 94% y 95% respectivamente).

Estas posturas tienen como piedra de tope, el desconocimiento de la existencia de una institución dedicada a acoger reclamos de los ciudadanos cuando un organismo no entrega información. Este desconocimiento alcanza el 77%.

Entre quienes indican sí conocer sobre una institución de este tipo (24%), el 28% nombra –erróneamente- al SERNAC, un 12% al Gobierno y un 7% la Contraloría. El Consejo para la Transparencia es nombrado por el 1% de los encuestados. 

Respecto al acceso a la información los encuestados señalan que el acceso es más bien difícil (80%) y lento (81%). En contraste, el 61% la considera útil y el 85% necesario, que fomenta la participación ciudadana (66%) y que mejora la gestión pública (66%). 

Desde el año 2020 que no tenemos estudios que nos entreguen información actualizada sobre el estado de la transparencia en Chile.

Entonces tenemos un problema con la responsabilidad del estado respecto al principio de transparencia en Chile o a lo menos algo no está funcionando como debiera ser con la institucionalidad.

Un hecho importante que viene a poner más pelos en la sopa es la situación que se vivió con las vacantes del consejo en el Consejo para la Transparencia, que durante más de un mes (desde el 22 de diciembre de 2023) estuvo sin contar con propuestas por parte del ejecutivo, dejando a la espera más de 1100 amparos y reclamos sin resolver ante la falta de integrantes para sesionar.

El principio de transparencia regulado por la ley de transparencia en Chile hoy no está siendo suficiente para para alcanzar objetivos de probidad y disminución de la corrupción, tal situación nos invita a repensar y en lo posible tener una mirada de estado, a mediano y largo plazo, para enfrentar gran parte de los problemas que se presentan actualmente y que dependen de una mayor dosis de transparencia, que el Estado debiera fomentar.

Porque no basta con tener la institucionalidad que vela por la transparencia, la institucionalidad también que tiene la última palabra y que no siempre es la acertada.

Hoy día son los MCS los que realizan una importante tarea a la hora de fiscalizar, pero ¿qué ocurre cuando un medio de comunicación quiere fiscalizar a un privado que a la vez es un auspiciador o peor aún dueño de ese medio?

Lo deseable

En las sociedades avanzadas el Estado es promotor de la transparencia. Es deseable entonces que el Estado, si el mismo Estado de Chile se ponga a la vanguardia y en función de la misma ley disponga de fondos públicos concursables para el financiamiento de proyectos que vayan en directa relación con investigaciones y estudios que promuevan más y mejor transparencia por parte de las instituciones públicas y privadas. Tal como el Estado lo hace muy bien promoviendo las actividades culturales, de asociacionismo, el cuidado y protección del medio ambiente, los derechos humanos, etc., debiera incentivar entre los ciudadanos y las Organizaciones de la Sociedad Civil, el interés por fiscalizar y hacer más transparentes cualquier acción del Estado como lo establece la ley.

Así no solo el mismo Estado, sino los ciudadanos de a pie, las OSC independientes podrán tener en la mira, fiscalizar y supervigilar a cada uno de los funcionarios y sus acciones en los distintos Ministerios, Intendencias, Gobernaciones, Gobiernos regionales, Municipios, Fuerzas Armadas, Carabineros, Investigaciones, Órganos y servicios públicos, como también al mundo privado.

De acuerdo a las recomendaciones del consejo de la OCDE sobre integridad pública. para lograr el cambio “las acciones tienen que ir más allá del gobierno e involucrar a las personas y al sector privado.” 

Para lograr una cultura de la integridad pública, la OCDE propone que la “Sociedad Empresas, individuos y actores no gubernamentales defienden la integridad pública y no toleran la corrupción”.

Recomienda que se desarrolle una cultura de integridad pública. “concienciando a la sociedad de los beneficios de la integridad pública y reduciendo la tolerancia a las infracciones de las normas de integridad en el sector público, y desarrollando, cuando proceda, campañas que promuevan la educación cívica en materia de integridad pública, entre las personas físicas y, en particular, en los centros escolares;”

La OCDE también recomienda fomentar la transparencia y la participación… otorgando a todas las partes interesadas —en particular, al sector privado, la sociedad civil y las personas físicas— acceso al desarrollo e implementación de las políticas públicas; promoviendo una sociedad donde existan organizaciones, ciudadanos, grupos, sindicatos y medios de comunicación independientes que ejerzan de «vigías».

La Estrategia Nacional de Integridad Pública, presentada por el presidente Boric el pasado 4 de diciembre e inspirada en las recomendaciones de la OCDE, tiene como objetivo combatir de frente la corrupción. Pero no es suficiente con esta nueva institucionalidad, si bien es importante que la institucionalidad de un Estado se disponga a detener el avance de la corrupción y avanzar más en transparencia, es fundamental despertar el interés del ciudadano y comprometerse por velar por la transparencia y qué mejor, ofreciéndole la posibilidad de realizar actividades que vayan en esa dirección y que seas auspiciadas por un Estado realmente comprometido con la tarea de la transparencia.

Por otra parte, y para reforzar lo anterior la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha impulsado decididamente la noción de “Estado Abierto” como habilitador y acelerador de la implementación efectiva de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, cuyas metas llaman a fortalecer las instituciones públicas, así como sus prácticas de administración y gestión para que sean eficaces, inclusivas, participativas, que rindan cuentas y que respondan a las necesidades ciudadanas. De esta manera, la gestión pública se ve fortalecida con la promoción del Estado abierto, que busca mejorar la rendición de cuentas y el desempeño de los gobiernos al combinar la transparencia, la participación ciudadana y la colaboración de la sociedad civil de modo que las partes interesadas puedan aportar ideas y agregar valor público, transformando la información en innovadoras formas de solucionar problemas comunes.

Los ciudadanos son los más interesados en fiscalizar para mejorar los estándares de transparencia, integridad y anticorrupción, que están contenidas en la Estrategia Nacional de Integridad Pública, y si el Estado los invita a ser los principales responsables de fiscalizar estaremos dando un paso gigante para alcanzar el tan esperado desarrollo como nación.