Opinión
Sería interesante oír hablar a Pérez Debelli y a Briones en torno a cómo ven el aparato estatal en el marco de la reforma al sistema político, si ven o no un espacio para la modernización del Estado.
Hace unos días apareció, en la prensa digital, una réplica realizada por el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), José Pérez Debelli, al exministro de Hacienda Ignacio Briones, a propósito de una entrevista otorgada a un conocido medio de comunicación. La interpelación no es nueva, tal como tampoco es nueva la postura de Briones en torno a considerar el empleo público como un elemento problemático a la hora de dinamizar la economía y modernizar el Estado.
Lo cierto es que tanto Briones como Pérez Debelli presentan argumentos atendibles y razonables, pero, más que dialogar, cada uno desarrolla el punto que le interesa y deja de lado un aspecto que es necesario visualizar, sobre todo, durante estos días en que se discute una reforma al sistema político: el rol de los partidos políticos en el Gobierno (party government).
Para resumir, Pérez Debelli indica que el Estado ha generado condiciones precarias para proveer el empleo público, ya que si bien los cargos de planta poseen estabilidad, estos representan un porcentaje menor dentro del total de personas que desarrollan la actividad pública; así, la relación contractual es: planta un 22%, contrata un 54%, Código del Trabajo 8%, honorarios 10%, suplentes y reemplazos 4%, otros tipos de contratos 1% (Datos Dipres, 2022).
Esta distribución muestra que la gran mayoría de las personas que ejercen función pública, más del 70%, lo realiza sin estabilidad formal y la manera de reparar de algún modo esta situación ha sido a través de Contraloría y la Corte Suprema, entidades que aumentaron el estándar de desvinculación y fijaron el plazo de dos años para entender que dicha relación laboral se entendía indefinida y que, de mediar una falta de renovación, el acto administrativo debía estar debidamente fundado, para lo cual la persona que ha sido desvinculada debe recurrir, o bien a la Contraloría general de la República o a los Tribunales de Justicia, situación que, como suele ocurrir, no necesariamente está fundada en un mal desempeño. Este peregrinar resulta denigrante y corrosivo de lo que se espera de la “función pública”
Por su parte, Ignacio Briones rescata los resultados de una consulta pública realizada durante su gestión a cargo del Ministerio de Hacienda, en la que participaron alrededor de 60 mil personas (42%, ciudadanos y 58% funcionarios), quienes, con representación bastante acotada, respaldaron una propuesta de modernización del empleo público, cuyos principales puntos se basan en que la carrera funcionaria debe centrarse en el mérito (selección y carrera), en la movilidad horizontal, la reducción de los cargos de confianza política, un sistema de evaluación objetivo y un nuevo tipo de contrato, indefinido y con indemnización por despido.
Sin embargo, y tal como lo ha relevado el politólogo Carlos Huneeus, la democracia es gobierno de los partidos. Los partidos políticos disputan el poder para que, una vez en él, puedan llevar adelante un plan de gobierno que se desarrolle a través de políticas públicas; las políticas públicas, a su vez, se despliegan desde aparato estatal. La reforma al sistema político, de la que tanto se habla hoy por hoy, debe encontrar un espacio para debatir sobre cómo un Estado moderno transparenta el rol que legítimamente deben cumplir los partidos políticos, como también todos los otros aspectos que resultan fundamentales de revisar: evaluación del desempeño de los funcionarios públicos, contrato indefinido con derecho a indemnización (algo que los funcionarios públicos hoy no tienen), sistema de reconversión de programas mal evaluados (capacitación para nuevas funciones), nuevos incentivos al retiro, delimitar y definir roles políticos, técnicos y su interacción, entre otros.
Sería interesante oír hablar a Pérez Debelli y a Briones en torno a cómo ven el aparato estatal en el marco de la reforma al sistema político, si ven o no un espacio para la modernización del Estado.
A la espera de aquello, algunos pensamos que es posible concebir el aparato estatal para el cumplimiento de varios objetivos, tales como la micro y la macroeconomía, avanzar en derechos laborales, prestar servicios sociales de calidad y de manera oportuna, entre otros. Pero la burocracia de un Estado también debe tener como objetivo contribuir a mantener un sistema democrático vivo y saludable, por lo que la discusión sobre la participación de los partidos en el Gobierno resulta inevitable.
