El anhelo por el pleno reconocimiento de la violencia ejercida en contra de las personas trans

Tras una espera de casi dos años por justicia, la semana pasada finalmente se dio lectura a la sentencia por el crimen que le arrebató la vida a Ever Albarrán, un joven trans de la ciudad de Los Ángeles, Región del Biobío. 

Existe amplio consenso en que este ha sido uno de los crímenes más brutales cometidos en contra de personas LGBTIQ+ en Chile desde el retorno a la democracia. Sin perjuicio de lo anterior, y a pesar de que tanto la Fiscalía como la defensa de la familia de Ever solicitaron cadena perpetua calificada, el tribunal condenó a Óscar Contreras Alarcón, autor confeso, a cadena perpetua simple. 

Esto ocurrió porque el tribunal no aplicó la agravante que aumenta la responsabilidad penal cuando un delito se comete motivado por la identidad de género de la víctima. Esta agravante fue incorporada al Código Penal a través de la Ley Antidiscriminación, con el fin de reconocer la especial gravedad de los delitos cometidos contra personas pertenecientes a grupos históricamente marginados y permitir sanciones más severas.

La sentencia deja una sensación de profunda frustración y dolor tanto para la familia de Ever como para la comunidad LGBTIQ+ en su conjunto. Aunque durante el proceso penal se reconoció la identidad de género de la víctima –algo que no ha sido habitual en casos similares–, la no aplicación de la agravante invisibiliza que este hecho responde a un crimen de odio.

Esto genera una sensación ambivalente. Por un lado, no es habitual que personas trans accedan de manera efectiva a la justicia, ni que quienes han cometido delitos en su contra sean sancionados. Pero, por otro, seguimos viendo cómo los tribunales no aplican las herramientas legales disponibles para reconocer la gravedad de los crímenes, como ocurrió también en la sentencia por el asesinato de Nicole Saavedra. 

Chile cuenta con una institucionalidad que, en el papel, reconoce y protege los derechos de la diversidad sexual y de género. Sin embargo, esto no pasa de ser una señal de buena voluntad si el Poder Judicial no utiliza las herramientas que están a disposición para reconocer y sancionar efectivamente la violencia ejercida en contra de las personas LGBTIQ+.

Es imprescindible que los tribunales reconozcan plenamente la violencia que viven las personas de la diversidad sexual y de género simplemente por ser quienes son. De lo contrario, se envía un mensaje que minimiza esta violencia y refuerza la sensación de impunidad. 

Esto es especialmente urgente en un contexto de creciente normalización de discursos de odio hacia las personas trans y de retrocesos en el reconocimiento de sus derechos, tanto en Chile como en otros países. Por ello, no basta con tener leyes si quienes deben aplicarlas miran hacia otro lado. La justicia plena debe dejar de ser un mero anhelo para las personas trans.