Donald Trump no deja ver el bosque (parte II)

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Tendencias contextuales preexistentes

Un conjunto de hipótesis sobre la emergencia del trumpismo apunta a cambios políticos y culturales. Según estos argumentos, la política de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI), la protección ante la discriminación racial y sexual, los avances de la mujer en el empleo, habrían consolidado grupos identitarios autocentrados, debilitándose el interés colectivo.

Junto a lo anterior, problemas sociales como la migración, el desempleo, la crisis de las drogas, el aumento del Estado y el empleo fiscal, habrían llevado a los sectores más conservadores a una lucha existencial por sus valores políticos y culturales. Sin embargo, una mirada en detalle a algunos de estos fenómenos muestra que estos ya se habían producido tiempo atrás y en mayores  proporciones. 

En materia de migración, históricamente EE.UU. ha observado grandes olas de inmigración producto de las leyes de Desplazados (1948) y de Refugiados (1953); el Programa Bracero (1942-1964); y las leyes de Inmigración y Nacionalidad (1965), Refugiados (1980), Control y Reforma Migratoria (1986) e Inmigración (1990). Por su parte, el ingreso de migrantes indocumentados, si bien aumentaron en los últimos quince años, descendieron a fines del Gobierno de Biden.

En el caso del desempleo, desde fines de los sesenta este mostró importantes alzas. En 1958 fue del 7,5% (julio); en 1975, 9.0% (mayo); en 1982, 10.8%; en 1990, 7.8% (junio); en 2009 (octubre) 10.0%; en 2010,  9,9%; y en 2020, 14,7% (abril, COVID). Estas tasas contrastan con el 4,2% de desempleo en noviembre de 2024, el mes de las elecciones presidenciales.

Lo mismo sucede con el empleo de las mujeres. A fines de la década de 1970 este llegó al 50%, incentivado por el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964 que prohibió la discriminación laboral por género, y por la creación de la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC). En los 80 la tasa de participación femenina superó el 60%; en los 90 fue del 60.3%; y en 2023, año previo a la elección de Trump, bajó al 54,4%.

En materia de narcotráfico y drogadicción, las personas muertas por sobredosis, estas aumentaron –entre enero de 2015 y agosto de 2023– en un 134,5%. Sin embargo, desde esa última fecha a octubre de 2024, en medio de la campaña presidencial, esta cifra bajó en un 26,4%.

Respecto del empleo federal en relación con el total de ocupados, este creció entre febrero de 2020 y marzo 2024 en un 2,5%, y en el año anterior a la elección (marzo 2024-febrero 2025) en un 0,95%. De acuerdo con Martin Wolf (2025), el peso de estas remuneraciones en el gasto del Gobierno federal no es significativo y ha declinado como porcentaje del gasto total.

Las tendencias anteriores muestran que tanto el diseño institucional como los problemas de contexto han sido de larga data e, incluso, en los últimos años, estos últimos han observado un estancamiento o han declinado.

Políticas demócratas

A su vez, algunas de las políticas que se intenta poner en marcha en esta segunda administración de Trump, si bien no son las mismas, tienen antecedentes en la gestión de anteriores gobiernos demócratas.

Después de la Segunda Guerra Mundial los demócratas implementaron medidas, reduciendo el control regulatorio del Estado y ampliando el mercado, no pudiendo incrementar los fondos para políticas sociales, dada la oposición republicana: Harry Truman (1945-1953) con su plan de “Reconversión Económica”, redujo los controles gubernamentales sobre precios y salarios y, por la oposición del Congreso, no se aprobó un sistema de salud universal y el aumento del salario mínimo.

John Kennedy (1961-1963) redujo impuestos para aumentar la inversión y el empleo, antecedente del supply-side economics que priorizó el mercado sobre el estado de bienestar; Jimmy Carter (1977-1981) redujo el control regulatorio del Estado en el transporte aéreo y por carretera, e implementó políticas monetarias restrictivas para controlar la inflación, limitando el gasto público en programas sociales.

Si bien Bill Clinton (1993-2001) aprobó la Ley de Reforma del Bienestar de 1996 y expandió el Seguro Médico para Niños (CHIP), la necesidad de reducir el déficit fiscal limitó el crecimiento del gasto social, lo que redujo la provisión de asistencia social. Además, apoyó la desregulación financiera, incluyendo la derogación de la Ley Glass-Steagall en 1999, posibilitando una mayor integración de los bancos comerciales y de inversión, y contribuyó a la expansión del mercado financiero.

En materia penal, según Anthony Romero, director ejecutivo de la American Civil Liberties Union (ACLU), “Clinton aprobó algunas de las medidas más atroces de despojo judicial, como la ley de reforma penitenciaria, donde básicamente intentó sacar a los tribunales de la tarea de examinar casos de derechos de los presos o de los inmigrantes”; y Barack Obama (2009-2017), producto de la crisis de 2008, firmó la Ley Dodd-Frank, aumentando parcialmente la regulación del sector financiero, sin revertir completamente la desregulación previa, y si bien expandió el acceso a la educación, con la ley Preschool for All, y a la salud, con la “Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio” (Obamacare), la urgencia de reducción del déficit fiscal después de la crisis de 2008, limitó el gasto en otros programas sociales.

Joe Biden (2021-2025) en su confrontación con China, según Stephen Walt (2025):

“No adoptó plenamente el plan de ‘hegemonía liberal’ que había guiado la política exterior estadounidense desde el final de la Guerra Fría hasta la llegada del entonces presidente Donald Trump a la Casa Blanca en 2017. De hecho, Biden continuó el retroceso de Trump respecto a la globalización: mantuvo los aranceles, aplicó con mayor vigor los controles de exportación y otras sanciones económicas, y adoptó políticas industriales nacionales para reactivar los empleos manufactureros (lo cual no ocurrió) y asegurar el dominio estadounidense en semiconductores, inteligencia artificial y otras tecnologías avanzadas”.

Incluso un Gobierno republicano, como el de Richard Nixon, impuso aranceles del 10% a las importaciones (1971) como parte de su New Economic Policy para corregir el déficit comercial; suspendió la convertibilidad del dólar en oro; y presionó a Japón y Europa para que revaluaran sus monedas. 

Pareciera que, mutatis mutandis, las políticas de esta segunda administración Trump y los anteriores gobiernos demócratas comparten ciertas características comunes. No obstante, los elementos que a continuación identificamos muestran que se estaría en presencia de una nueva forma de gobernanza, la que hemos caracterizado como corporativismo despótico.

Gobernanza corporativa despótica

El trumpismo es heredero de una larga tradición conservadora de reforma radical de la gobernanza (forma de gobernar y sus efectos) de los EE.UU., expresada, con diversos matices, por los sectores más radicales de su arco político, como fueron Barry Goldwater, Ronald Reagan, Newt Gingrich, el Tea Party Movement, The Heritage Foundation, la Federalist Society y, hasta enero de 2025, el Cato Institute y The American Enterprise Institute. En la actualidad, el “Proyecto 2025” identifica sus orígenes y propósitos señalando que:

“Las acciones de los políticos liberales en Washington han creado una necesidad desesperada y una oportunidad única para que los conservadores comiencen a reparar el daño causado por la izquierda y construyan un país mejor para todos los estadounidenses en 2025. No basta con que los conservadores ganen las elecciones. Si queremos rescatar al país de las garras de la izquierda radical, necesitamos una agenda de gobierno y las personas adecuadas en el cargo, listas para implementarla desde el primer día de la próxima administración conservadora”.

Específicamente este proyecto identifica “cuatro frentes amplios que decidirán el futuro de Estados Unidos: restaurar la familia como eje central de la vida estadounidense y proteger a nuestros hijo; desmantelar el Estado administrativo y devolver el autogobierno al pueblo estadounidense; defender la soberanía, las fronteras y la abundancia de nuestra nación contra las amenazas globales; garantizar nuestros derechos individuales, otorgados por Dios, a vivir en libertad: lo que nuestra Constitución llama ‘las Bendiciones de la Libertad’”. 

Diversos análisis han tratado de caracterizar este nuevo fenómeno. Renato Cristi (2019) considera que el “liberalismo autoritario se ha encarnado y revitalizado en figuras tales como Donald Trump y Jair Bolsonaro. Lo que se busca es la deconstrucción del Estado administrativo y la exacerbación del Estado ejecutivo […] que privilegia la decisión y mira con sospecha la deliberación parlamentaria”.

Por su parte, Céline Jouin (2025) define al “liberalismo autoritario” como un híbrido en que “la economía utiliza métodos autoritarios de coacción estatal para fortalecer su poder. El Estado utiliza métodos gerenciales y ‘privados’ de la economía para gestionar los bienes comunes y quebrar la acción colectiva”. 

Igualmente, se ha retomado el concepto de “iliberalismo”, definido por Fareed Zakaria (1997) como “teórica e históricamente diferente liberalismo constitucional. Es distinto de la democracia […]. Las democracias iliberales ignoran sistemáticamente los límites constitucionales a su poder y privan a sus ciudadanos de derechos y libertades fundamentales, eluden sus parlamentos y gobiernan por decreto presidencial, erosionando las prácticas constitucionales básicas”.

Incluso para el académico de Yale Jason Stanley (2024), el trumpismo no es otra cosa que una ideología fascista de extrema derecha: “La importancia del Proyecto 2025 es que exige lo que en la jerga nazi se llama Gleichschaltung, la sustitución sistemática de funcionarios públicos por leales al partido, y la sustitución sistemática de profesores en escuelas y universidades y, en general, en instituciones de toda la sociedad por leales al partido”.

Desde otra perspectiva, Thomas Piketty (2025) considera que “el trumpismo podría describirse como nacional-liberalismo o, más exactamente, como nacional-capitalismo […], capitalismo autoritario y extractivista más agresivo, que es básicamente la forma real y concreta que el liberalismo económico ha adoptado con mayor frecuencia en la historia”.

Con todo, aun cuando Levitsky y Way (2025) perciben que la democracia en los EE.UU. enfrenta los mayores peligros de su historia moderna, ya que “los balances constitucionales están fallando [y que] Trump domina el Partido Republicano que se somete a su conducta autoritaria”, la democracia procedimental à la Robert Dahl no estaría en peligro. Sin destruir el orden constitucional, Trump estaría construyendo un “autoritarismo competitivo”, usando el poder de la burocracia gubernamental contra sus oponentes vía persecuciones judiciales, acosando a sus adversarios y protegiendo a sus partidarios de conductas antidemocráticas, construyendo así sólidos apoyos. Estos autores  estiman que es “improbable consolidar una norma autoritaria” ya que las élites del sistema preferirán la democracia al autoritarismo competitivo.

De acuerdo con las caracterizaciones anteriores, el proyecto político conservador, ahora repotenciado y encabezado por Trump, consistiría en una drástica reducción de las capacidades reguladoras del Estado, un aumento y extensión de las atribuciones del Ejecutivo para llevar a cabo este objetivo y una disminución o desconsideración de las decisiones judiciales. 

Sin embargo, las definiciones anteriores no incluyen, a nuestro juicio, los nuevos elementos propios del trumpismo, tales como el intento de legitimación a partir de la doctrina del Ejecutivo unitario, la corporativización y captura del Estado por un tipo específico de intereses económicos y una gobernanza despótica más que autoritaria, como detallaremos a continuación.