Señor Director:
En reciente programa de la referencia, el rector de la Universidad de Concepción declaraba “que era un contrasentido poner en competencia dos necesidades urgentes con el fin de anular una”, sin embargo no se hace cargo del problema detrás de estas decisiones, cuáles son la limitación de los recursos y la prioridad de una necesidad sobre la otra. ¿Cuál es la cobertura en Educación Superior en el país y cuál es la cobertura en educación de la primera infancia?, igual pregunta se podría hacer respecto a la calidad de las mismas. Aún más, cuando la primera depende indefectiblemente de la segunda, la primera preocupación debiera ir a la educación para la primera infancia.
Por otra parte, el presidente del CRUCH, señor Aldo Valle, se refiere a una supuesta actitud detrás del proyecto de ley en comento, que sería imputar una responsabilidad moral a los estudiantes con gratuidad mediante la confrontación de ambas necesidades desde la perspectiva de la limitación de los recursos. Creo que no es plausible interpretar dichas intenciones cuando la responsabilidad moral recae en primera instancia en las instituciones que decidieron libremente adscribir a la política de gratuidad, al tiempo que, frente a la necesidad, el Estado propone un mecanismo razonable para financiar los estudios de aquellos estudiantes que, habiendo estado en gratuidad, han tardado en sus estudios más allá de la duración formal de sus carreras.
Creo necesario que para la construcción de una buena política pública que se haga cargo de estas y otras problemáticas de la vida en sociedad, el debate debe estar mejor argumentado y desprendido de intereses locales.
Rodrigo Fernández Donoso,
Decano, Facultad de Educación Universidad Santo Tomás
