Señor director:
El lunes pasado, un grupo de familias allegadas se tomó un terreno en Peñalolén, demandando no solo una solución a su problema de vivienda, sino incorporar en la discusión constitucional el derecho a la vivienda.
En nuestro país hemos naturalizado la vivienda como un bien de mercado, en que quienes pueden acceden a una vivienda de las características y en la localización que más desean, y, quienes no, tienen escasas posibilidades de escoger siquiera la comuna en que quieren vivir. Hemos naturalizado que la vivienda en Santiago sea tan cara, que es para un nuevo hogar de bajos ingresos, prácticamente no existen posibilidades de acceder a una vivienda en la comuna a la que pertenecen, ni en propiedad ni en arrendamiento. Nos parece normal, porque es “el mercado de suelo” lo que lo determina. Normalizamos que las familias pasen años, muchas veces décadas, viviendo allegadas o en campamentos, esperando que surja la posibilidad de un terreno en su ciudad.
Desde el año pasado diversos académicos y ONGs hemos venido señalando que estamos ante una crisis de acceso a la vivienda, que se evidencia no solo en su alto costo, sino también en el aumento de nuestras cifras de déficit habitacional. La ley de integración social que se tramita en el Congreso no presenta ninguna solución para esta situación.
La crisis de la vivienda no se ve. Es hacinamiento, allegamiento, viviendas informales en los márgenes de la ciudad, en donde se pueda. Son cientos de miles de chilenos que, silenciosamente, viven mal todos los días del año, y respecto de los cuales tenemos una deuda: estamos vulnerando su derecho humano a una vivienda adecuada. No desechemos su justa demanda.
Alejandra Rasse
Académica Escuela de Trabajo Social UC / investigadora CEDEUS
