Señor Director:
¡Oh, Chile despertó! retumba el cántico en todos los rincones y calles del país. El bullicio desahogante hace justicia a décadas de un mal vivir que clama por la agonía y término de un modelo de existencia agotado y sobre pasado, en lo económico, en lo político y por sobre todo en lo social. Más de un mes corre desde el 18 de Octubre, el nuevo “18” de la independencia y la agitación no descansa ni tiene frontera posible de término. Por más que las líneas editoriales – sobre todo de los canales de tv – carentes de toda ética y absolutamente irresponsables intenten montar una realidad paralela de calma, los ciudadanos en buena hora siguen en alerta. Después del acuerdo entre parlamentarios con el gobierno sobre la nueva constitución, pareciera ser que los poderosos del país optaron por apretar lo más posible a todos sus instrumentos a disposición para generar la sensación que el trance histórico estaba superado. Mientras la pantalla chica se esfuerza por mostrar esa imagen, son cientos de miles que todos los días aún marchan y otros tantos sufren las consecuencias de la inestabilidad en la perturbación completa de sus rutinas de vida. El descontento sigue con fuerza en la calle, en manifestaciones, en barricadas, y en la acción de otros tantos con oportunismos delictuales. En suma, el orden social extraviado no proviene de la fuerza institucional o el respeto a la autoridad como equívocamente señala el rector Peña, aquel orden proviene sólo cuando existen instituciones legitimadas. Ahora bien, ¿Por qué no para el descontento generalizado?
Se suponía que la llave sería un acuerdo por una nueva constitución, sin embargo, la percepción indica que más que acuerdo o pacto social, fue una negociación que neurótica y frenéticamente buscó el poder, justamente para no seguir perdiendo terreno, o peor aún, su propio poder. El anuncio de un proceso constituyente con 2 plebiscitos (entrada y salida) no alcanza a asegurar la soberanía de un proceso constituyente aunque en su 100% sea integrado por la elección de constituyentes. Esto es, porque hasta ahora se plantea que estos constituyentes serían elegidos en conjunto con las elecciones de alcalde y concejales. Evidentemente lo que se interpreta de ello es que los candidatos a ocupar el nuevo órgano serían también representantes o simpatizantes de los actuales cuadros políticos, instituciones partidarias que hoy su legitimidad es casi nula. Sería como tener un nuevo parlamento paralelo redactor de una nueva constitución hecha por los propios partidos políticos existentes y en donde sus sensibilidades e intereses estarían plenamente cubiertas. Si a eso le llaman que el pueblo estaría representado en un nuevo espacio soberano, es derechamente vender una expectativa que hasta ahora no se cumpliría. Por tanto, sólo en este punto se debe avanzar a garantizar la participación efectiva de independientes no como propone la ley (18.700) por cierto, sino que se debe garantizar que cualquiera tenga las mismas posibilidades de ser parte del proceso, sea dirigente sindical, gremial, vecinal, ciudadano común, etc. Asimismo, se debe avanzar a mayor representatividad de la población como, por ejemplo, la experiencia reciente de Irlanda o de Países Bajos que incorporaron un % de la población participante fruto de un sorteo para así garantizar representación directa de las personas. La misma lógica o alternativas similares deberían garantizar proporcionalidad en la participación de nuestra población aborigen y de género, por mencionar algunas. Un órgano verdaderamente soberano es aquel que efectivamente se constituye en la legitimidad de sus representantes y por ello la ciudadanía debe elegir y cautelar el procedimiento, por lo mismo, no se puede pensar en la representatividad por distritos (como ocurre con los diputados) más bien se debe reconsiderar una nueva proporcionalidad que de cuenta de mejor manera del territorio, ya sea en el número de constituyentes (250 a 300) o al espacio que abarcarían (regionalmente).
Aquellos elementos de descontento descritos son sólo concernientes al proceso constitucional, otro muy importante tiene que ver con la otra negociación paralela que está llegando a su fin, aquella de pensiones. La negociación es simple; estrangular los dineros del Estado (de un 20 a un 50%) subiendo las pensiones y aporte previsional y no tocarle un pelo al negocio escandalosamente reprochable de ahorro forzoso, es decir, A.F.P. De todos los entes y mea culpa seguidos en un mes, son los únicos que mantienen silencio, porque de alguna manera saben lo que verdaderamente está en juego. Mientras no se termine o no se realice una acción decidida sobre intervenir un sistema que fue construido por una parte, para asegurar rentabilidad de los grandes inversionistas y por la otra, condenar a una jubilación de miseria no habrá paz. Mientras la clase política casi en su totalidad siga protegiendo la gallina de los huevos de oro y en vez de ello escojan secar al fisco, no pueden pretender que el descontento ciudadano termine. Esto termina con un cambio estructural y si el poder piensa que la alternativa es el desgaste, o el que Chile vuelva a dormir están equivocando el camino. Chile despertó y debe ir por el desayuno para no volver a acostarse, no es momento obviamente de tiempos mejores ni de tiempos difíciles, es momento de tiempos de calle.
