Señor director:
Recorre el país la necesidad imperiosa de zafarse de un modelo social y económico injusto, que concentra el poder y la riqueza en pocos. Que pone el crecimiento económico (de algunos) por sobre el bienestar de la mayoría, y al mercado como orientador fundamental de las decisiones públicas.
Una enorme mayoría de chilenos y chilenas quiere que esto sea distinto. Quiere un sistema de pensiones centrado en las personas y no en las ganancias y sobreganancias, que asegure una vejez digna; un sistema de salud de calidad para todos y todas; salarios que valoricen el trabajo y permitan vivir tranquilos, sin endeudamientos. Quieren igualdad ante la justicia, igualdad de trato. Respeto absoluto a las identidades de género y reconocimiento constitucional de los pueblos originarios. No quieren discriminaciones. Quieren que el poder se distribuya más equitativamente entre los grupos sociales, y entre los territorios y al interior de estos. Quieren que el uso de los recursos naturales beneficie a todos y que se resguarde su sustentabilidad. Y quieren, qué duda cabe, una nueva Constitución redactada por una asamblea constituyente, ratificada por todas y todos.
Lo que millones de personas han estado planteando estas semanas constituye la base de un programa político. Una ruta para el Chile que queremos ser en los próximos años. Esta orientación programática se está discutiendo y construyendo en cabildos y asambleas, en marchas y movilizaciones. Se debate en el vecindario, en nuestros espacios de trabajo, en la escuela, en la universidad y en la mesa familiar.
La traducción de estas aspiraciones y demandas en leyes y políticas públicas ha comenzado, pero lo que viene será un proceso largo. Con un gobierno de derecha y con los quórum que impone la Constitución del 80, no será sencillo avanzar en las transformaciones. Sin embargo, existen factores que juegan a favor de una oleada inicial de cambios: la movilización y presión popular; la enorme desaprobación del gobierno actual, que lo pone en una situación desmejorada para negociar; un bloque oficialista que necesita evitar una futura debacle electoral y una oposición que comienza a ejercitarse en la construcción de acuerdos transversales.
El acuerdo por la paz y por una nueva Constitución, suscrito el 15 de noviembre por parlamentarios de derecha e izquierda, ha sido un avance importante. Se espera que la presión ciudadana y de organizaciones de la sociedad civil y el trabajo coordinado de la oposición, logren darle una forma que garantice legitimidad. Este acuerdo ha permitido retomar (o iniciar) la discusión sobre la llamada agenda social y otras reformas institucionales, como la rebaja de la dieta parlamentaria y de sueldos de altos cargos públicos, así como la limitación a la reelección en cargos de representación. Construir mayorías implica flexibilidad, disposición y una buena dosis de pragmatismo. Y, al mismo tiempo, es una tarea político-pedagógica: explicar a la ciudadanía que no se trata de una “política de los acuerdos” o de “la justicia en la medida de lo posible” de aquel período concertacionista: hoy la mayoría social que se está expresando y unas nuevas reglas constitucionales deben y pueden permitir algo distinto. Lo que se debe evitar es alimentar a quienes buscan generar temor para imponer luego una “agenda del orden” bajo la cual se oscurezcan los anhelos de cambio.
Pero la ciudadanía observa con desconfianza todo lo que surge desde una clase política y de partidos hoy gravemente desprestigiados. Si bien es comprensible y justificable tal resquemor, tiene el efecto de meter a todos en el mismo saco, lo que conviene especialmente a quienes han tenido mayor responsabilidad en la producción de las injusticias que vivimos. Igualar la responsabilidad política de todos los sectores es complejo, dado que limita la posibilidad de construir las mayorías que necesitamos, no solo para la Convención Constituyente, sino también para lo que ocurrirá después. Porque si bien la nueva Constitución será una cancha más pareja y sepultará un texto que ampara directamente el modelo neoliberal, es muy probable que la mayoría de los temas no queden zanjados y sean materia del juego político.
Es importante reconocer quién es quién y hasta dónde cada actor está dispuesto a llegar. Es necesario también definir qué condiciones les permitirían sentarse a la mesa de conversaciones. Pero una parece ser imprescindible: reconocer la violación sistemática de los derechos humanos y, al respecto, exigir justicia y demandar una reforma profunda de las instituciones de orden y seguridad.
La derecha chilena ha hecho una oposición sistemática a casi todas las reivindicaciones que, miradas en perspectiva, iban en la dirección de las demandas actuales. No solo ha sido incapaz de promover iniciativas que contribuyan a una mayor justicia social, sino que se ha opuesto a la mayoría de ellas, primero en el Congreso y, cuando perdía allí, en el Tribunal Constitucional: en derechos humanos, en reformas laborales (la titularidad sindical), en salud (el pilar solidario del Auge), en educación, en leyes que protegían al consumidor, en iniciativas que fortalecían la participación ciudadana y el poder vecinal, en la regulación del gasto electoral, entre muchas otras. Uno de los episodios más recientes fue oponerse a la disminución de la jornada laboral. Decía Mario Desbordes: “Hay que discutir con más profundidad esta inconstitucionalidad y, eventualmente, presentar el requerimiento que corresponde al Tribunal Constitucional (TC), gobierno y partidos políticos en conjunto”. Decía Andrés Allamand: “El gobierno debe ir sin más demora al TC”. “No podemos aceptar que se empiecen a aprobar leyes que son inconstitucionales”, dijo la presidenta de la UDI, mientras que su par de Evópoli, Hernán Larraín Matte, afirmó que “hemos consensuado que, en la medida en que este proyecto siga avanzando, como Chile Vamos debemos asumir la responsabilidad que esto nos implica e ir al TC”. El Tribunal Constitucional, un órgano contramayoritario consagrado en la Constitución de 1980, ha sido el escudo que la derecha ha utilizado para proteger el modelo.
Hoy, ante la masividad de las demandas ciudadanas y la posibilidad de perder una buena parte de su apoyo electoral en las próximas elecciones, una parte de la derecha, encabezada por Mario Desbordes, ha iniciado un viraje pragmático. Confiados en el supuesto de que lo que quiere la sociedad chilena es una cancha más pareja y no un cambio de modelo, se han impuesto la tarea de llevar a la derecha hacia el centro (y más allá), de manera de lograr una sintonía con esa mayoría que estalló el 18 de octubre. Hasta ahora, esta tesis se ha impuesto en lo relacionado con la Constitución y seguramente se impondrá también, en alguna medida, en la discusión de la agenda social, pero su límite y su fragilidad al interior de la Alianza por Chile comienzan a asomarse. Con todo, el esfuerzo de sintonizar con el pueblo es opacado por la complicidad y la indolencia frente a la violación sistemática de los derechos humanos.
Durante sus gobiernos, la ex Concertación de Partidos por la Democracia dio énfasis a políticas paliativas y de contención de los daños colaterales del modelo heredado de la dictadura. Junto con esto, se centró en modernizar el Estado y las instituciones, en la perspectiva de mejorar la gobernabilidad y el crecimiento económico. El bloque actuó orientado básicamente por la doctrina del “iluminismo democrático”, esto es, “nosotros sabemos gobernar, el pueblo no”. Si hay una frase que resume bien uno de los mayores pecados de esta etapa, es la de Ricardo Lagos en 2017: “La tarea número uno de Chile es crecer, lo demás es música”. Pese a lo anterior, hay que reconocer que el proceso fue vivido con distintas contradicciones internas y hubo intentos esporádicos de cambios de mayor profundidad, los que en su mayoría terminaron archivados por el TC o fueron modificados al punto de perder su espíritu original. La ex Nueva Mayoría fue el momento progresista del bloque. Con la incorporación del Partido Comunista y ante la oportunidad de recuperar el Gobierno, el programa con que fue elegida Michelle Bachelet prometía cambios importantes. Uno de los proyectos que llegó a puerto fue la reforma educacional, y otro que tomó impulso fue el de los cabildos ciudadanos para una nueva Constitución. Pero el programa no estaba en consonancia ni con el diagnóstico ni con el ethos político de algunos sectores de los partidos gobernantes. Esto, junto a una campaña virulenta de la derecha y una deficiente implementación de los cambios, generó incertidumbre en diversos sectores de la población, desmovilizó el voto de centroizquierda y movilizó al electorado de derecha. Finalmente, el país optó una vez más por la promesa de orden y progreso de la derecha. Para los partidos de la vieja Concertación, el estallido social ha significado una constatación terrible de sus propias insuficiencias y miopías. Las recriminaciones de las bases hacia dirigentes y exfuncionarios han sido numerosas. Con todo, el acto de contrición que requiere hacer este sector aún es un pendiente y su legitimidad para ser parte de una mayoría social y política futura está en entredicho.
El Frente Amplio surgió como una promesa de renovación de la práctica política, de cambios profundos al modelo y de una nueva Constitución. Logró un resultado importante en las últimas elecciones parlamentarias y su candidata a la presidencia, Beatriz Sánchez, un prometedor 20 por ciento de la votación. De hecho, el “programa de muchos” con que el conglomerado se presentó a las elecciones, está muy en sintonía con las demandas actuales y algunos de sus líderes están entre los políticos mejor evaluados. En el camino, sin embargo, el FA ha vivido tensiones y crisis internas que han mermado el aura de pureza con la que partió. Las tensiones tuvieron su punto más crítico en la firma del acuerdo constitucional, que terminó con la salida de militantes de Convergencia y del Partido Ecologista Verde del bloque. Para algunos, esta ha sido la prueba de madurez de un conglomerado que ha transitado entre la vocación por construir mayorías y una tendencia hacia la política del testimonio. En los próximos dos años tienen poco margen para el error. Si quieren aspirar a encarnar el proyecto político que sale de las calles deben demostrar madurez política, capacidad de administrar la “interna” de los partidos y el conglomerado en conjunto, y avanzar en acuerdos más allá de sus propias fronteras. Todo esto sin perder la capacidad de renovar y refrescar la práctica política.
No hay duda: tanto las masivas marchas de las últimas semanas como las encuestas apuntan a la existencia de una mayoría social que demanda cambios importantes en el modelo social y económico. Pero esta mayoría es diversa y dispersa. Si bien se detectan comunes denominadores, el abanico de demandas es grande. De hecho, Unidad Social, la mesa que agrupa a diversas organizaciones sindicales, gremiales y sociales, ha sido clara en decir que no pueden arrogarse la representación del movimiento, ni son responsables del estallido social. Mientras más estructurales y radicales son las demandas de cambio, menos claridad se tiene respecto de la mayoría que las sustenta. Es posible, por ejemplo, que muchas de las personas que han salido a marchar en las últimas semanas también lo hayan hecho para demandar el “derecho a pagar” por un colegio frente a la reforma educacional de Bachelet. Seguramente muchos de quienes quieren ver mejorados sus salarios no tienen mayor interés en el fortalecimiento de la capacidad de negociación de los sindicatos. Otros tantos están más bien por mejorar su posición como consumidores y no en la perspectiva de un cambio de modelo que reconozca, por ejemplo, una economía más solidaria o los derechos de la naturaleza. Una ciudadanía movilizada no es necesariamente señal de unidad y comunión de intereses. Si bien se ha generado una sensación colectiva de injusticia, esta se entremezcla con la lógica individualista por la que cada persona sale a la calle para reclamar “sus” derechos. Chile despertó, pero esto no implica que la sociedad haya dejado atrás el pesado lastre de una cultura cocinada en el fuego neoliberal. Habrá que trabajar mucho en esto.
El desafío que se nos presenta es decantar un conjunto de reformas que interpreten a una mayoría robusta y sostener esta mayoría hasta que se abra la oportunidad política de implementar los cambios. Para muchos, la agenda social que se logre pactar en las próximas semanas será insuficiente, pero esto no implica necesariamente descartarla, sino asumirla como una etapa de los cambios que ya están en curso. La siguiente fase comenzará en la medida en que los partidos políticos con vocación de transformación (y que estén por reconocer y condenar las violaciones a los derechos humanos) se encuentren con una mayoría social que, sin entregar cheques en blanco, asuma su propio desafío de participar de un proceso donde nadie tiene la verdad absoluta ni está libre de mancha.
La disponibilidad y humildad de los partidos deberá ser enorme. Ya lo estamos viendo, más allá de nuestras fronteras, en el intento de formar gobierno en España: un PSOE que, arrepentido, vuelve a tender la mano a Unidas Podemos y les propone diálogo político a los independentistas de izquierda. Lo vemos también en Inglaterra, donde un alicaído Partido Laborista propone el programa político más radical de las últimas décadas, que incluye renacionalización de las telecomunicaciones y el transporte, un fuerte aumento de impuestos para los más ricos y un programa sumamente ambicioso para detener el cambio climático. Tal vez en Chile y en el Reino Unido, donde “empezó este modelo”, comience a ser desmontado.
Por supuesto todos tenemos un rol en la salida de la crisis y en la apertura de un nuevo ciclo social, pero es necesario apelar especialmente a los partidos políticos, cuya responsabilidad es ineludible. No solo sus dirigentes y parlamentarios, también —y sobre todo— sus militantes. Se necesita hoy de la política y nadie puede restarse.
Francisco Letelier, Universidad Católica del Maule
Stefano Micheletti, Universidad Católica del Maule
Patricia Boyco, SUR Corporación de Estudios Sociales y Educación
