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Regularizar a los inmigrantes irregulares es imperativo de Derechos Humanos y también sanitario

por Esteban Tumba Martínez 6 mayo, 2020

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Señor Director:

Durante el mes de abril del año 2018, diversas autoridades de Gobierno, partiendo por el Presidente de la República, anunciaron la regularización de 300.000 residentes irregulares en nuestro país. En ese entonces, el Gobierno declaraba que existían más de un millón de extranjeros residiendo en Chile, del cual aproximadamente un tercio serían irregulares.

Un argumento entregado por el Ejecutivo, a través de un asesor, en la sesión de la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara el día 19 de junio de 2018 fue la siguiente: “El actual sistema que opera en Chile, y que permite el cambio de categoría migratoria al interior del país, ha generado 300 mil migrantes irregulares, de tal modo que mantener ese sistema es lo que provoca irregularidad, cuestión que está comprobada internacionalmente.”

De acuerdo a las cifras del gobierno, para el proceso de Regularización Migratoria que se dispuso a partir de abril del 2018, Según información del Departamento de Extranjería y Migración, a julio de 2019 en el marco del proceso de regularización se solicitaron 155.000 visas. Siendo otorgadas 131.500, estampadas efectivamente en el pasaporte 85.000 y con intenciones de estampar 9.000.

Es decir, de las 300.000 personas declaradas por el gobierno como irregulares a inicios del proceso, a julio de 2019 se habrían estampado o manifestado intenciones de estampar 104.000 de ellas
La pregunta es qué pasó con las restantes 196.000 personas inmigrantes en situación de irregularidad?

Por otra parte, el mismo DEM en noticia del 12 de marzo de 2020 declara “1.492.522 extranjero/as se estima que viven hoy en nuestro país, 242.157 más que el año anterior.”

Para efectos de la actual Pandemia, la atención temprana en salud por parte de quienes se ven afectados por Coronavirus es de primero orden de importancia.

Diversos reportajes han dado cuenta de las dificultades que se han observado para que personas inmigrantes concurran a establecimientos de salud, incluso cuando se ha detectado focos de contagio en los lugares en que habitan. Los casos de Quilicura y Estación Central son los más nombrados, pero no son los únicos.

En Chile la atención de Salud para personas inmigrantes en situación irregular, si bien no está normada por ley, se realiza de todos modos de acuerdo a instrucciones administrativas. Esto se aborda en el proyecto de ley que actualmente está en el Senado.

Pero las personas inmigrantes en situación irregular tienen desconfianza del aparato público chileno; el caso de Joane Florvil, por ejemplo, está muy presente en la comunidad haitiana, sumado al hecho de que el proceso de regularización migratoria se acompañó de un programa de “retorno voluntario” que en la práctica operaba como expulsiones encubiertas desde el Ministerio del Interior.

Esta situación hace necesario que se regularice administrativamente a estos inmigrantes que viven fuera del sistema, que se les otorgue visa y se les entregue su cédula de identidad. Es decir se les reconozca e incluya dentro del sistema. Todos sabemos que en Chile la cédula de identidad es la llave que abre las puertas del aparato administrativo.

La intervención de organizaciones de la sociedad civil en la implementación de un proceso de este tipo es clave. Dada la desconfianza que los inmigrantes irregulares le tienen al Estado de Chile, la inclusión de organizaciones con mayor legitimidad es la clave para el éxito.

Esteban Tumba Martínez

Presidente FENAMINSA

 

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