Señor director:
Este fin de semana, en que el número de comunas en cuarentena aumentó en más de un tercio a nivel nacional, un elemento fundamental para el correcto cumplimiento y control de las medidas de prevención de la propagación del Covid 19 simplemente no “dio el ancho”.
Literalmente, durante horas comisariavirtual.cl, la plataforma tecnológica implementada por el gobierno para obtener permisos de desplazamiento estuvo offline, ya que, según se informó: “Las nuevas cuarentenas decretadas por necesidad de salud pública, implican que casi 5 millones de personas están desde anoche en confinamiento y el nuevo volumen de visitas simultáneas, hizo indispensable intervenir el sitio para fortalecer capacidad de atención y ciberseguridad.”
Resulta paradójico argumentar que la necesidad de fortalecer la capacidad de atención se esgrima como justificación para “intervenir el sitio”, máxime cuando resultaba evidente que el aumento considerable el número de comunas en cuarentena supondría, al menos, un crecimiento equivalente en el número de visitas regulares para obtener permisos de desplazamiento.
Por su parte, sobre la justificación invocando razones de ciberseguridad, cabe indicar que el siete de enero pasado se publicó el decreto 579 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el cual define la ciberseguridad como “aquella condición caracterizada por un mínimo de riesgos y amenazas a las infraestructuras tecnológicas, los componentes lógicos de la información y las interacciones que se verifican en el ciberespacio…”, entonces palmario es que cualquier plataforma de gobierno, más aún si presta un servicio crítico, al tiempo de su diseño o antes de un período de sobrecarga predecible, debiese reducir los riesgos de que su sitio no esté disponible debido a un aumento en el tráfico.
Como si lo anterior fuese poco, al tiempo de comunicar el retorno de comisariavirtual.cl a su operatividad se recomendó a la población “responsabilidad en la petición de trámites en línea para no congestionar el sitio”, es decir, se solicitó a la ciudadanía racionalizar, o sea, limitar el número de sus solicitudes, cuando debiese ser que la plataforma, luego de su “intervención”, pudiese ser capaz de procesar un mayor número de consultas.
Ahora bien, en este escenario, ¿qué pasará cuando al aumento de tráfico ciudadano se le sume un ataque cibernético como puede ser la denegación distribuida de servicios en la cual se envía tráfico falso a una plataforma tecnológica determinada?, ¿Podremos dar el ancho o viviremos otro black day?
Eduardo Vilches Fuentes
Investigador
Centro de Estudios en Derecho Informático. Facultad de Derecho. Universidad de Chile
Profesor
Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos
