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Los derechos de las mujeres se juegan de local

Por: Fernanda Thompson Molina


Señor Director:

Por estos días, nos hemos conmovido una vez más con los casos de violencia y abuso contra mujeres, que hemos visto en los medios y que han tenido repercusión nacional.

Vimos también cómo la justicia (que no siempre hace honor a su definición conceptual de “Dar a cada uno lo suyo”) se quedó “corta” en el caso de Antonia Barra.

Las mujeres de Temuco salieron  a la calle, porque la resolución del tribunal de primera instancia  no solo no fue lo que esperábamos, sino que estaba muy lejos del real sentido de justicia.

La manifestación fue un golazo y movilizó al resto del país.

No podemos desconocer que si el escenario del partido cambió, fue gracias a la presión social y no por las acciones de a quienes le corresponde impartir justicia. Se paró el balón, se cambió el sentido, se disparó directo al arco y esto sí fue celebrado por todas. Estos son los goles que esperamos de la justicia.

Hago esta analogía, porque lo de Antonia y la prisión preventiva para su supuesto agresor es una muestra de lo que el movimiento por la defensa de los derechos de la mujer puede lograr.

Sin embargo, el partido más importante es el que se juega en el área chica, en el entorno más próximo.

En La Pintana, donde vivo, en 2019 debimos haber jugado 1.557 encuentros entre la justicia y aquellas que han sido vulneradas por el solo hecho de ser mujeres. Porque ese fue el número de mujeres victimizadas, sin considerar la cifra negra, de acuerdo con las estadísticas de la Subsecretaría de Prevención del Delito.

Una comuna con estos índices de violencia no admite que sus autoridades mujeres callen (y no me refiero a su alcaldesa, quien ha levantado firme su voz) frente a lo que sucede en el ámbito local, porque además de bailar la performance de Las Tesis (con lo que estoy planamente de acuerdo), es necesario que condenen con fuerza y de manera clara a todo aquel que ejerce violencia contra las mujeres, más aún cuando la justicia ha comprobado y se ha pronunciado en varios casos que han afectado a sus pares.

Para muestra, un botón: Jaime Pavez, alcalde de La Pintana durante 24 años, fue condenado por VIF en 2011 y no tuvo problemas para reelegirse en 2012 en ese mismo cargo y ser electo concejal en 2016, cargo que ocupó hasta 2018, cuando fue destituido, no por VIF, sino por abandono de deberes. Y sus pares mujeres concejales nunca se pronunciaron.

Este es el partido que queremos jugar y queremos a las autoridades haciendo goles, no solo en la barra brava.

Permitir y validar que permanezcan autoridades o que se elijan y reelijan en cargos de representación popular aquellos que han cometido hechos de violencia contra la mujer, es decirnos que esto también está permitido en nuestras casas, en la calle, en la universidad, en el trabajo o donde sea.

Ese es el peor autogol que nos podemos hacer.

Fernanda Thompson Molina

Estudiante de Derecho Universidad de Los Andes.

 

 

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