viernes, 30 de octubre de 2020 Actualizado a las 03:25

Sobre las amenazas sufridas por la fiscal Ximena Chong y la irresponsabilidad política

por Varios firmantes 8 octubre, 2020

Sobre las amenazas sufridas por la fiscal Ximena Chong y la irresponsabilidad política
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Señor Director: 

El 2018 José Antonio Kast(*) fue víctima de cobardes y reprochables agresiones en Iquique. Hubo ciertas polémicas, pero luego se pidió que todos, sin distinción de sectores políticos, condenaran estos hechos. Y así fue. Hubo un rechazo transversal a la violencia ejercida en su contra.

Hoy hemos visto una situación lamentable y preocupante para nuestra democracia. La fiscal Ximena Chong ha sido víctima de diversas y graves amenazas, luego de la formalizar una investigación penal y solicitar la prisión preventiva para el carabinero que provocó la caída y con ello graves lesiones a un joven desde el puente de Pío Nono, poniendo en riesgo su vida. Tan importante como el principio de objetividad que debe regir el actuar de la Fiscalía –que supone velar únicamente por la correcta aplicación de la ley e investigar con igual celo no sólo los hechos y circunstancias que funden o agraven la responsabilidad del imputado, sino también los que le eximan de ella, la extingan o la atenúen—, es su autonomía. Los fiscales deben tener la libertad necesaria para llevar a cabo sus investigaciones sin presiones ni coacciones. Las amenazas son, por definición, una coacción.

De manera irresponsable diversos políticos han realizado imputaciones infundadas que han alimentado un clima de odiosidad, en tiempos difíciles y crispados para el país. Evidentemente los fiscales, como todo funcionario público, están sujetos al escrutinio de la ciudadanía, pero uno esperaría que las críticas tuvieran algún sustento.

José Antonio Kast, entre otras cosas, acusó mentiras, sin especificar cuáles son y en qué consisten; dijo que la fiscal Chong “es una activista de izquierda que detesta a Carabineros y no actúa con imparcialidad”, que “la justicia juzga con la izquierda”, y que el carabinero imputado por homicidio no tenía posibilidades de un juicio justo. El líder del Partido Republicado dijo también que la fiscal Chong detesta a Carabineros, argumentando en base a unas fotos de murales y marchas en su Instagram privado. Ante un comunicado del Ministerio Público ante las amenazas, respondió que había una “inaceptable defensa corporativa”.  De más está decir que probablemente Ximena Chong, en sus años de fiscal, ha trabajado en conjunto y colaborativamente con muchos más carabineros que los que Kast conoce. ¿En base a qué concluyó que detesta a Carabineros? No lo sabemos.

Camila Flores, diputada en ejercicio, dijo que todos los intervinientes “tienen claro prejuicio formado”, que hay un profesionalismo ausente y que es “lógico cuestionar el actuar” de la fiscal, juez y querellantes. No justificó cuál sería prejuicio, ni porqué habría profesionalismo inexistente.

Iván Moreira, senador en ejercicio, dijo que la fiscal Chong era una activista política, que ha perseguido políticamente a muchas personas, y que él no cree “que un joven de 22 años haya querido, dolosamente, matar a este joven que venía arrancando de la policía, que iba a ser detenido. Él era un violentista que iba a ser detenido por Carabineros". La edad del imputado y que la víctima haya o no sido violentista es irrelevante para la configuración del dolo en la imputación de un delito, como también lo es lo que el senador “crea”. Peor todavía, luego de sus dichos y de las amenazas sufridas por la fiscal dijo a 24 Horas que éstas eran “algo muy normal”.

Jacqueline van Rysselberghe, senadora y presidenta de la UDI, también dijo que la fiscal Chog era una activista y que le llamaba la atención su falta de rigor, sin explicar muy bien en qué consistiría dicha ausencia.

Las audiencias en el proceso penal son públicas, precisamente por una garantía de transparencia en el desempeño de la justicia. En este caso, la audiencia de formalización fue transmitida por el Poder Judicial, pudiendo ser seguida por quien quisiera hacerlo. Las peticiones de la fiscalía de una medida cautelar, en este caso prisión preventiva, debe ser aprobada por una resolución fundada de un Tribunal, y puede ser revisada por la Corte de Apelaciones. Si la decisión fuera manifiestamente injusta y contraria a la ley, se podría interponer una querella en contra al juez que decretó la resolución, pero nada de eso ha ocurrido.

Las imputaciones formuladas contra la fiscal se basan en prejuicios y se limitan afirmaciones que ni siquiera intentan ser justificadas. Bien podrían constituir un delito de injurias, pero quienes las vierten saben que no habrá querellas en su contra. Invocan fotografías de marchas y grafitis, como si eso fuera plena prueba de una conspiración que solo existe en sus fantasías.

Nada dicen de porqué las alegaciones de la fiscal Chong son infundadas, qué es lo que estuvo mal y qué es lo que fue parcial. Nada dicen respecto de cuál sería la incorrecta calificación jurídica de los hechos, o de los supuestos problemas particulares de la investigación. Algunos dicen que no hay dolo, que por cierto en este contexto es un concepto jurídico con un significado distinto a su sentido coloquial (el dolo para el Derecho penal no es solo la intención de realizar la conducta, sino también lo hay cuando, groso modo, se actúa con conocimiento o representación de un resultado como posible). Por cierto, quienes acusan a la fiscal Chong de un actuar parcial, nada han dicho sobre el particular. Tampoco han explicado porqué la resolución del juez es injusta o ilegítima.

La posición política de una juez o de un fiscal es irrelevante. De hecho, aunque la desconozcamos públicamente es evidente que existe. Todos tienen una opinión, y no por eso ejercerán su trabajo de manera ilegítima. Al contrario, incluso en casos que se conozca la posición política, hay todavía más garantía de transparencia. Se puede revisar con lupa la actuación de ese funcionario. Sea cual sea la posición política de la fiscal Chong, que por cierto es quien acusó a Marco Enríquez-Ominami, desde siempre vinculado a la centroizquierda, eso es irrelevante para juzgamiento de su conducta como funcionaria. Igual de irrelevantes son sus fotos de redes sociales privadas. También lo es que un juez haya dicho que admira a Gladys Marín o que uno dijera admirar Jaime Guzmán. Por eso existe la publicidad de las audiencias, la motivación de las resoluciones judiciales, la necesidad de fundar las peticiones por parte de los fiscales, y los diversos principios que rigen nuestro sistema procesal penal. Si es que hay activismo o falta de objetividad no lo hay por lo que una persona piensa, sino por los fundamentos detrás de sus peticiones, si se trata de un fiscal, o de sus resoluciones, si se trata de un juez.

Es decepcionante que autoridades políticas no puedan ir más allá de argumentos ad hominem, que solo atacan al emisor, y nada dicen del mensaje. Si la conducta es correcta, da igual quien la realice. Si la resolución es fundada, da igual si el juez es de derecha, de centro o de izquierda. Si es infundada, se debe decir porqué lo es.

Cualquiera que conozca el trabajo de la fiscal Ximena Chong sabe de su calidad profesional. El respeto que tiene como abogada y litigante es transversal entre los funcionarios de Fiscalía, querellantes, e incluso de sus contrapartes, las defensas.

Es preocupante que autoridades políticas descalifiquen a una funcionaria de una institución constitucionalmente autónoma sin fundamentos, fomentando un clima de animadversión que terminó con graves amenazas en contra de una fiscal y su familia. De modo alguno se trata de que no se pueda criticar a los fiscales, pero uno esperaría que las críticas fueran fundadas, en este caso, con argumentos jurídicos. Si no los hay, es que hubo apego a la ley; y la ley, vaya paradoja, no depende de la fiscal, sino de los parlamentarios.

Así como se pidió condena transversal a la agresión a José Antonio Kast, es de esperar una condena transversal a estas gravísimas amenazas sufridas por la fiscal Chong, así como también que no se siga incitando esta violencia con expresiones tan irresponsables como injustas. Finalmente, es una funcionaria pública que hace su trabajo.

(*) Este documento se firmó antes que José Antonio Kast se refiriera a las amenazas en Twitter. Luego de que Sebastián Gray mostrara 6 comentarios de Kast contra la fiscal, éste respondió “¿también me va a mandar a la guillotina?”. Minutos después señaló que las amenazas eran inaceptables. En todo caso, creemos que en nada cambia lo infundado e irresponsable de sus comentarios.

 

Nicolás Acevedo Vega

Natalia Acuña Illanes

Marisol Aguilera Baltra

Rodrigo Álvarez Quevedo

Mariana Bell Santos

Daniel Bravo Riquelme

Francisco Bustos Bustos

Nicolás Chacana Alegría

Guillermo Chahuán Chahuán

Tomás de Rementería Venegas

Alfredo del Campo Sfeir

Gabriel del Río Silva

María José del Solar Cortés

Juan Pablo Donoso Krauss

Monserrat Escobar Cárcamo

Laura Escobar Mendoza

Nicole Fernández Garrido

María José Fernández Rosales

Valentina Fierro Miranda

Paz Gallardo Olivos

Paula González Vargas

Francisco Gómez Muñoz

Fernando Guerra Avilés

Camila Guerrero Martínez

Elena Gutiérrez Herrera

Nicolás Guzmán Mora

Bárbara Gyllen Fierro

Carolina Jorquera Rojas

Valentina Lezana Rocco

Vivian Luchsinger Farías

Samuel Malamud Herrera

Octavia Martínez Villagrán

Tamara Moya Silva

Francisca Muñoz Bruna

Valentina Muñoz Pareja

Nicole Pastene Sanguinetti

María José Peña Pérez

Florencia Pinto Troncoso

María Jesús Quinteros

Natalia Riquelme Campos

Manuela Ruiz Quintero

Tae Sagayo Guzmán

Felipe San Martín Luchsinger

Rocío Sánchez Pérez

Matías Uribe Calderón

Pietro Sferrazza Taibi

Patricio Vargas Bustos

Isidora Yáñez Gallardo

Isabel Yáñez Morales

Fernanda Varga Almonacid

Renata Villamán Juica

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