Señor director:
Felipe Balmaceda afirmó recientemente en una columna publicada en El Mercurio que la gratuidad universitaria es la peor política pública implementada en Chile desde 1990. Sus argumentos, basados en investigaciones divulgadas en importantes revistas de política económica, lo llevaron a afirmar que existe un vínculo causal entre las políticas de gratuidad universitaria y de eliminación del lucro con la mala calidad de la educación y un aumento en la segregación.
Si bien Balmaceda provee datos que podrían ser importantes insumos para evaluar políticas públicas educativas, falla groseramente tanto en su utilización como en la conclusión que intenta establecer a partir de ellos. En cuanto al uso de datos, comete algunos errores inocuos, como el hecho de conmemorar, en 2021, 10 años de la “revolución pingüina” de 2006; sin embargo, la columna exhibe errores que son metodológicamente inaceptables, como el hecho de atribuir los malos resultados de la prueba PISA 2015 a la Ley de Inclusión que comenzó a aplicarse gradualmente a partir de 2016. Otros errores graves han sido detallados por Nicolás Grau.
Ahora bien, el problema medular de la columna está en su conclusión. Lo que el autor pretende es establecer una generalización, con apariencia técnica, a partir de evidencia parcial y seleccionada interesadamente. En otras palabras, lo que busca Balmaceda es construir una relación de causalidad entre gratuidad universitaria y mala calidad-segregación en educación a partir de datos escogidos de forma sesgada.
Veamos solo un ejemplo que permite mostrar lo anterior. Balmaceda cita el trabajo de Alonso Bucarey para articular la mencionada relación causal. Sin embargo, Bucarey (2018) concluye su trabajo señalando manifiestamente que el problema no radica en la gratuidad, sino en su aplicación, por lo que aconseja acompañar la medida con estrategias que eviten afectar la matrícula de los estudiantes de bajos ingresos (pp. 37-38). Es decir, Bucarey advierte una posible relación de correlación, pero no de causalidad. Como es sabido, una relación causal entre dos variables “x” e “y” implica que siempre que ocurra “x” necesariamente deberá ocurrir “y”. Claramente este no es el caso, pues no es posible afirmar que siempre que se aplique una política de gratuidad necesariamente se afectará negativamente la calidad y aumentará la segregación. Esto depende de muchísimos otros factores que Balmaceda omite. En consecuencia, la relación que construye es espuria y, peor aún – porque sabemos que está al tanto de la distinción entre correlación y causalidad –, deshonesta.
Cabe preguntarse por el motivo de tan desacertada columna. Afortunadamente, el autor es transparente y nos ofrece de forma explícita su intención. “La solución era, y es, [afirma Balmaceda] hacer los pagos de la deuda del CAE contingente en el ingreso, y establecer condiciones más favorables para su obtención”. La frase es bastante elocuente. Lo que emerge al retirar el manto de argumentación técnica es ideología: lo que busca Balmaceda es rechazar la concepción de la educación como un derecho social y defender el enfoque basado en el endeudamiento privado. Por eso, seleccionó – interesadamente y con errores metodológicos – los datos que le permitieron transformar en “conclusión técnica” una opinión fundada en ideología. Por cierto, no existe nada de malo con defender una determinada posición en el debate público. El problema ocurre cuando se transgreden deliberadamente estándares éticos y de rigor intelectual.
Álvaro Muñoz Ferrer
Doctorando en Filosofía, Universidad de Chile
