Justicia, equidad e integración: con redes se vive mejor

En nuestra sociedad resulta común que cuando un tema afecta a los sectores de mayores ingresos, por minúsculo que sea, se convierte en una noticia relevante. En buena hora si eso produce un debate público sobre los desafíos que en materia de justicia e integración social enfrenta Chile y la intención de desarrollar viviendas sociales en la rotonda Atenas, comuna de Las Condes -que ha tensionado la relación entre la municipalidad y los vecinos de ese sector- dan cuenta de este fenómeno.

Uno de los vecinos opositores a la idea señaló, a un medio de comunicación nacional, que “puedes trasladar personas de un sitio a otro, de un día para otro, pero no le puedes modificar sus hábitos, sus costumbres, su forma de vivir”. Tal afirmación no hace otra cosa que ocultar lo que realmente piensan: “no queremos a nadie que no sea uno de nosotros”, a nadie «que no se parezca a nosotros”.  Cada vez que impera un criterio como éste, gana la segregación y el debilitamiento del tejido social, pues las comunas y barrios se transforman en redes y sistemas cerrados excluyentes.

Cuando escuchamos el término redes sociales, inmediatamente lo asociamos a las interacciones entre individuos o grupos de éstos, que se producen a partir de diversas plataformas alojadas en internet. Si bien esta forma de relacionarse o de entender las redes sociales no tiene más de 20 años y hoy goza de popularidad amparada en las tecnologías, constituyéndose en un fenómeno global, el concepto de red social tiene cerca de 100 años.

Prácticamente durante todo siglo XX, intelectuales de la talla de Scott, Barnes, Wellman y Anderson o más recientemente Omstrom, Putnam o Axelrod, estudiaron las redes sociales como elemento fundamental para comprender el comportamiento social, los diversos procesos de interacción y la distribución de los flujos de recursos, entre otros.

[cita tipo=»destaque»]Parte de los atributos de estos proyectos consistieron en generar conjuntos habitacionales cuya composición estaba determinada por sectores sociales medios y sectores vulnerables o de menores ingresos, generando después de décadas de expulsión hacia la periferia de la ciudad, conjuntos habitacionales con buena localización, en zonas consolidadas y con integración social. “El Romeral” y “Ciudad del Encanto” en Ovalle, “Montesol I y II” en Arica, “Portal Alameda” en Maule, “Cumbres de Miramar I y II” en San Antonio y “Condominio Vista Norte” en Punta Arenas, son ejemplos de esta política.[/cita]

Hoy sabemos que para que exista una red social, debe existir una relación o un conjunto de relaciones entre los actores que componen el sistema social. Mientras más relaciones existan, mientras más diversas sean, mientras más interacciones se produzcan, mientras más justo sea el flujo de recursos, el sistema social y por tanto, la red, tienden a fortalecerse, cohesionarse y desarrollarse. En este sentido, el desafío de la política pública se circunscribe a lo capaz de su acción, de promover esas interacciones en el territorio y fortalecer con ello el sistema social, pues son concebidas para resolver problemas públicos que se originan a partir de fallas en el modelo de desarrollo, como resultado de la suscripción de convenios internacionales, de procesos de reconstrucción e incluso, para corregir políticas públicas fallidas (fallas de Estado).

El año 2014, durante el gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo elaboró el Programa Extraordinario de Reactivación Económica con Integración Social, fecha a contar de la cual se comenzaron a desarrollar más de 40 mil viviendas en prácticamente todo el territorio nacional, propiciando infraestructura habitacional integrada territorialmente, con mejores subsidios y de calidad.

Parte de los atributos de estos proyectos consistieron en generar conjuntos habitacionales cuya composición estaba determinada por sectores sociales medios y sectores vulnerables o de menores ingresos, generando después de décadas de expulsión hacia la periferia de la ciudad, conjuntos habitacionales con buena localización, en zonas consolidadas y con integración social. “El Romeral” y “Ciudad del Encanto” en Ovalle, “Montesol I y II” en Arica, “Portal Alameda” en Maule, “Cumbres de Miramar I y II” en San Antonio y “Condominio Vista Norte” en Punta Arenas, son ejemplos de esta política.

Este avance demostró que es posible generar crecimiento y desarrollo económico poniendo énfasis en la justicia, equidad e integración. El éxito de esta medida le permitió convertirse en un programa habitacional permanente, conocido como Programa de Integración Social y Territorial, aprobado durante el 2016 y al año siguiente, el Congreso Nacional lo confirmó como uno de los instrumentos fundamentales para combatir el déficit habitacional y la segregación socio espacial, otorgándole para este 2018 un presupuesto de más de 87 mil millones de pesos, que se unieron a los más de 166 mil millones del Subsidio Extraordinario de Reactivación.

Lo anterior forma parte de una larga tradición de nuestro país en la búsqueda de integración. Nuestra historia deja a la vista en las comunas de Santiago, Estación Central y Ñuñoa, entre otras, ejemplos emblemáticos de un pasado que buscó fortalecer la vida en barrio, de generar redes de colaboración entre los vecinos, de volcarse a la calle, al espacio urbano y no mirarlo sólo desde la ventana o desde un bus del transporte público. Hoy día, paradojalmente, Recoleta y Las Condes desde dinámicas distintas, se constituyen en postales de este deseo.

Aquellos vecinos de Las Condes que rechazan la integración y prefieren “proteger” su red actual, desaprovechan la oportunidad de fortalecerla y diversificarla, dificultando con ello que el resto de la ciudad y la sociedad en su conjunto, avancen a una nueva etapa de desarrollo. Quienes están en la otra vereda comprenden que nuestra ciudad ya no puede caracterizarse más por los extremos sociales y que, por el contrario, debe ser recuperada como un bien común al servicio de las personas y su subsistencia