Una oposición feminista ante la arremetida neoliberal y conservadora

Dejando atrás la supuesta “sequía legislativa” acusada por ciertos sectores de la oposición, el gobierno ha informado de la presentación de una batería de proyectos de ley, entre los que se cuenta la creación del Ministerio de la Familia y Desarrollo Social en reemplazo de la cartera hoy dirigida por Alfredo Moreno. Este anuncio debe ser observado con especial detención en tanto representa no solo un giro conservador, dado el lugar que le otorgará a la familia tradicional en la definición de políticas públicas, sino también una profundización de la privatización y mercantilización de los derechos sociales. La familia, considerada como la principal entidad responsable de los cuidados -definición que subyace este proyecto-, servirá para seguir presentando como obligaciones privadas dimensiones de la vida social que deben ser abordadas colectivamente -como la educación y los cuidados en general-, evadiéndose la discusión de fondo sobre la necesidad de construir un sistema de derechos sociales garantizados para toda la población.

Paradójicamente, entonces, en nombre de la protección de las familias se va a reforzar una lógica de agobio a las mismas, porque el tener que hacerse cargo de los cuidados en una sociedad que no garantiza derechos sociales, se traduce en endeudamiento o en el sacrificio de personas –en la gran mayoría de los casos, mujeres– que deben asumir las labores domésticas para asegurar la crianza de los hijos e hijas y la atención de personas mayores o enfermas, entre otras tareas. Por esto, más allá de los discursos grandilocuentes a propósito de la Agenda Mujer presentada por el gobierno hace poco más de un mes, la verdadera agenda radica en proyectos como este nuevo ministerio, que serán claves en la profundización de las políticas subsidiarias, de focalización del gasto social, de reforzamiento de la división sexual del trabajo y de feminización de los cuidados, que fueron propios de la transición a la democracia.

La arremetida neoliberal y conservadora que esta agenda viene articulando, afianzará la trabazón de intereses económicos y valóricos, propia de la modernización neoliberal chilena, que atenta contra los derechos de las mujeres y de las mayorías sociales en su conjunto, incluso cuando adopta una retórica proderechos y libertades. Las discusiones que ha suscitado el protocolo de objeción de conciencia institucional son un ejemplo contundente de ello y muestran cómo se urde la trama entre mercantilización de derechos sociales, intereses empresariales, conservadurismo misógino y reproducción de las desigualdades sociales y sexuales. Sin ir más lejos, en la última semana hemos podido escuchar cerradas defensas del subsidio estatal a empresas de salud y llamados de alerta ante el peligro de que el Estado modifique su relación subsidiaria con el sector privado prestador de servicios sociales (salud, educación, cuidado de la infancia, etc) que tantos dividendos reporta. Se observa así la manera en que bajo argumentos como el derecho de la población a recibir atención de salud, se defiende un lucrativo negocio que impide fortalecer una red pública que cubra las necesidades de la población y que no deje a las mujeres a merced del conservadurismo misógino de determinadas instituciones.

[cita tipo=»destaque»]Para mantener este orden social, más allá de las diferencias internas y desacuerdos entre los sectores más conservadores y aquellos más liberales por temas valóricos, las fuerzas neoliberales dentro y fuera de la derecha política -convengamos que estas fuerzas también existen entre las filas de la Concertación- se cuadrarán con la defensa del modelo y bregarán para hacerlo avanzar extendiendo las políticas de focalización del gasto social a sectores más amplios, profundizando la mercantilización de los derechos sociales y clausurando la posibilidad de construir una sociedad donde los derechos universales sean garantizados para toda la población.[/cita]

Por otra parte, la educación superior, que recientemente ha sido el escenario de potentes movilizaciones feministas, es también un claro ejemplo de la relación entre modernización neoliberal y reproducción de las desigualdades de género, toda vez que la masificación del ingreso a la educación terciaria, principalmente entre las mujeres -que es el grupo que ha experimentado la mayor alza en matrícula-, redunda en el reforzamiento de las divisiones sexuales del trabajo y de las desigualdades sociales. Las carreras más feminizadas, que son las orientadas a los servicios y los cuidados, son a su vez las más precarizadas y las peor pagadas. Si a esto le sumamos que la masificación del acceso a la educación superior se ha hecho por las vías del endeudamiento de los y las estudiantes y sus familias y de subsidios estatales a instituciones privadas masivas y lucrativas de baja calidad en promedio, tenemos nuevamente dibujadas las amarras entre derechos mercantilizados, subsidios estatales a empresas prestadoras de servicios sociales y reproducción de desigualdades sociales y de género.

Para mantener este orden social, más allá de las diferencias internas y desacuerdos entre los sectores más conservadores y aquellos más liberales por temas valóricos, las fuerzas neoliberales dentro y fuera de la derecha política -convengamos que estas fuerzas también existen entre las filas de la Concertación-, se cuadrarán en la defensa del modelo y  bregarán para hacerlo avanzar extendiendo las políticas de focalización del gasto social a sectores más amplios, profundizando la mercantilización de los derechos sociales y clausurando la posibilidad de construir una sociedad donde derechos universales sean garantizados para toda la población.

En este escenario, entonces, las luchas por la recuperación de los derechos sociales cobran particular relevancia y el feminismo amplifica su alcance y profundidad al revelar aspectos que hasta hace poco permanecían invisibles, como hizo la reciente movilización por la educación no sexista, al poner en evidencia que mientras la educación esté organizada por el mercado y no sea un espacio democrático abierto a la deliberación pública y un derecho social, no se puede alterar de manera significativa su efecto reforzador de la división sexual del trabajo y de las desigualdades sociales.

Así las cosas, las fuerzas de oposición tienen la posibilidad de enfrentar la arremetida conservadora y neoliberal construyendo unidad en torno a un programa feminista de recuperación de derechos sociales, sexuales y reproductivos comprometido con hacer retroceder al mercado de áreas esenciales como la salud, la educación, la vivienda y las pensiones, y que proteja realmente a las familias y a las personas que hoy llevan sobre sus hombros el agobio que produce el tener que depender de su capacidad de pago o endeudamiento o de bonos del Estado ante la inexistencia de derechos.

Para organizar esta necesaria oposición, no basta con que movimientos y partidos se declaren feministas de manera simbólica sin hacerse cargo del rumbo político que obstaculiza sus posibilidades: la subsidiaridad del Estado en un marco de modernización neoliberal. La oposición que se requiere para esta tarea no puede conformarse con medidas acotadas como las presentadas en la Agenda Mujer del gobierno -que, dicho sea de paso, toma varios elementos de las agendas de género de la Concertación-, sino que debe adoptar en serio una política de recuperación y construcción  de derechos sociales, sexuales y reproductivos.

Para construir esa oposición, la de un feminismo de y para mayorías, se requerirán de todos los sectores comprometidos con un proyecto político desmercantilizador de la vida. Una oposición así, seguramente podrá devolverle el sentido a la política y a la democracia.