Financiamiento de la Defensa Nacional: las cosas por su nombre

Recién iniciado el Gobierno de Sebastián Piñera, este presentó una indicación sustitutiva al Senado, con urgencia suma y mucha “letra chica”, para reimpulsar la “derogación” de la ley Nº 13196 –Reservada del Cobre–, que financia las compras de armas, objetivo que tiene ya casi 30 años sin cumplirse.

Para entender a fondo esta sorpresiva prisa del Gobierno, deberíamos preguntarnos el objetivo político, sin perjuicio de la necesaria transparencia y, en especial, ¿a quiénes realmente beneficia este proyecto? Ello considerando que, entre otras disposiciones, propone aumentar en más de 400 millones de dólares el gasto anual en compras de armas respecto a los años 2015 al 2017, desechando una mayor armonía vecinal, mientras se sigue asfixiando a Codelco por los próximos 12 años.

¿Qué futuros escenarios, internos y externos prevé el Gobierno, que hace necesario aumentar el gasto en defensa a través de los arbitrarios pisos propuestos, sin antes realmente fortalecer la conducción civil del Ministerio de Defensa, perfeccionando la Ley Nº 20424 –Orgánica– de ese ministerio?

¿Será posible que el Presidente Piñera haya emitido una nueva “Directiva Estratégica”, tan secreta que el Congreso Nacional ni siquiera conoce su perfil, y que ella validaría un escenario de planificación vecinal adverso, similar o peor al estimado previamente al fallo de La Haya y totalmente contrario a la directiva estratégica final del Gobierno anterior, que preveía una mayor concordia vecinal? Peor aún, con una “Planificación del Desarrollo de la Fuerza” para los próximos 12 años, sin conocimiento ni opinión del Congreso Nacional.

No lo sabemos, pues tales documentos son secretos. Pero en Defensa todo se sabe y su contenido se puede inferir de lo publicado por las revistas Jane’s Defence Weekly, del 14 de noviembre de 2018, y Jane’s Navy International, también de noviembre del mismo año, que describen los grandes programas de nuevas compras militares de Chile. Básicamente de la Fach y de la Armada, y que permiten alinear las intenciones del Gobierno con la aprobación del nuevo Sistema de Financiamiento de las Capacidades Estratégicas de la Defensa.

En ese contexto, la indicación sustitutiva enviada por el Presidente Piñera es afín al establecimiento de un procedimiento financiero poco transparente, lo que fortalece aún más la autonomía Institucional de las FFAA en medio de un complejo escenario y potencia las capacidades militares sin mucha racionalidad. Y lo peor es que aumenta el gasto de Defensa del país, manteniendo instituciones con mucha obsolescencia, y que continúan utilizando modernas tecnologías del siglo XX con doctrinas del siglo XIX para operar en escenarios del siglo XXI.
Para determinar el gasto en defensa se requiere de una política militar consistente y, para ello, son necesarios pasos previos que en nuestro caso no se han dado.

Para modernizar racionalmente el financiamiento de la Defensa, debería haber un debate amplio e informado sobre el contexto del nuevo escenario estratégico vecinal que resultó tanto del Tratado de Paz y Amistad con Argentina de 1984, como de las sentencias de la Corte de La Haya con Perú el 2014 y Bolivia el 2018. Ello, para abrir la oportunidad de trabajar también sobre los “dividendos de la paz” y la “legítima defensa” y no solo con las amenazas. Solo a partir de ese ejercicio, el país estará en condiciones de precisar qué Fuerzas Armadas requiere y cómo financiarlas.

En el siglo XXI la “demanda” de Defensa como política pública es eminentemente difusa y probabilística, con situaciones de ocurrencia relativamente bajas, pero de intensidad tecnológica y velocidad previsibles, y que en conjunto permiten determinar el “potencial de daño” a que nos enfrentaríamos. De acuerdo a ello, se debiera distinguir entre “conflicto máximo experimentable”, que se ha utilizado históricamente para el diseño de la Defensa, y el “conflicto máximo probable”, que debiera ser el núcleo para determinar las nuevas “capacidades” necesarias para la Defensa. Ello es diferente al diseño que hasta hoy se utiliza, propio del siglo XX, que es por “amenaza”, donde se planifica considerando eventos determinísticos conocidos y la mayor capacidad de aplastarla.

Utilizando la metodología de cómputo de potenciales militares, queda en evidencia que las capacidades actuales del Ejército de Chile son muy similares al peruano, que la Armada triplica a la del país vecino y que la Fach es 50% mayor que la Fap. Ello prueba que disponemos de fuerzas militares diseñadas para una gran represalia vecinal.

Sin embargo, de acuerdo a lo recién publicado por la Dirección de Presupuesto, se pretende continuar con ese desarrollo masivo aumentando a más del doble (MMUS$775) el aporte anual autorizado en 2018 para compras de armas en relación con lo resuelto en el Gobierno de Michelle Bachelet entre los años 2015 y 2017, donde fueron cercanos al piso de los ingresos de la actual Ley del Cobre, esto es, MMUS$355. La paradoja es que ese aumento anual representaría más de cinco veces el ahorro que se lograría con el proyecto de Ley del Gobierno destinado a alargar la carrera militar, que solo alcanzaría a unos MMUS$77 anuales al año 2050.

Tales discrepancias hacen insostenible continuar con el actual modelo de Fuerzas Armadas, y torna urgente iniciar una revisión militar para conducirlas al siglo XXI. La pregunta es si se puede hacer esto de una manera diferente a como se está haciendo.

La respuesta es Sí, por ejemplo, iniciando esa revisión militar y aplicando a nuestra realidad la metodología estándar de la OTAN “Plan-Programa-Presupuesto”. Por supuesto, requiere voluntad política y transparencia, lo que por lo delicado y complejo del tema, es materia de otra columna. Sin perjuicio de lo cual es urgente hacer cambios para poder desplegar una fuerza consistente, sustentable, conjunta, polivalente, moderna y resiliente, entre otras capacidades, apta para proporcionar a Chile el potencial necesario para sostener nuestros intereses y compromisos internacionales de manera coherente y financieramente sintonizada con las prioridades presupuestarias del Estado.