Que el mundo vive una globalización es una realidad insoslayable. Además, ella comprende los más diversos aspectos: políticos, económicos, de derechos humanos en sus variadas dimensiones, medioambientales, migratorios, de seguridad, cibernéticos, entre otros. También forma parte de esa realidad la tendencia a negociar entre bloques de países, lo que permite a muchos, entre ellos a Chile, perfeccionar sus condiciones objetivas para situarse en mejores condiciones ante los desafíos internacionales, enfrentando eficazmente las eventuales asimetrías.
Sin embargo, cuando es más necesario desarrollar una política exterior de Estado para hacerse cargo de la contingencia señalada, en nuestro país han surgido añejos y rígidos conceptos de soberanía generando o intentado marginaciones de esfuerzos multilaterales que buscan convergencia entre los miembros de la comunidad internacional para enfrentar con mayor eficacia los desafíos que se presentan y que ningún Estado, por poderoso que sea, está en condiciones de enfrentar de manera aislada.
Es complejo que en nuestro país se instale la noción de que los acuerdos internacionales crean una institucionalidad que interfiere en los asuntos internos y que, por lo tanto, vulnera nuestra soberanía. Se olvida que el derecho internacional avanza en su normativa solo en aquello que los Estados estén dispuestos a comprometer y han distinguido nítidamente entre instrumentos vinculantes y los que constituyen pautas de conducta y recomendaciones sin darle el carácter de obligación jurídica.
La preocupación es mayor al observar lo que ha ocurrido en los últimos meses en nuestro país. Por una parte, el gobierno utilizando el argumento de defensa de la soberanía se margina del importante acuerdo medioambiental de Escazú, aun cuando Chile había jugado un papel de liderazgo para el logro de dicho entendimiento y, luego, con el mismo fundamento no apoya el Pacto Global de Naciones Unidas sobre migraciones. A ello debe agregarse la demorada aprobación del Protocolo de la Convención sobre la eliminación de todas las forma de discriminación contra la mujer. Por otra parte, mostrando una riesgosa y peligrosa coincidencia argumental, algunos parlamentarios de oposición, también basándose en la defensa de la soberanía han anunciado su oposición al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífica (TPP11), gestado después que Donald Trump anunciara el retiro del acuerdo TPP12, implementando de esta manera su política proteccionista. No hay que olvidar que también el gobierno de Chile jugó un rol destacado en esta materia coherente con nuestra proyección hacia Asia-Pacífico y que por ello este acuerdo fue firmado en nuestro país el 8 de marzo de 2018.
Debemos reflexionar hasta donde nos puede llevar una coincidencia de la naturaleza señalada, que pudiera además concitar una mayoría parlamentaria transversal. El multilateralismo ha sido uno de los principios básicos de la política exterior de Chile, miembro fundador de las Naciones Unidas, activo actor en el plano internacional y regional americano, miembro de la OMC, de la OCDE, de la OIT y de la APEC, entre otras organizaciones internacionales, entendiendo que es imposible no asumir la interdependencia del mundo actual. Temas de la agenda internacional como los mencionados sobre migración, medioambiente, comercio, entre otros, requieren de convergencias con países dispuestos a ello. El interés nacional obliga a mirar con criterio de Estado y de largo plazo nuestra política exterior y no debilitar principios estables como el compromiso con el multilateralismo.
