Opinión
En la consulta indígena que el Gobierno ha tratado de imponer bajo sus términos, se visualiza claramente un “choque de culturas”, que vuelve a ratificar el modo en que este Gobierno entiende el diálogo y la búsqueda de acuerdos, es decir, es la autoridad la que define de qué se habla, cuándo, cómo y con quiénes… los otros, los que serán afectados por esa “invitación a conversar”, solo les queda aceptar las condiciones dadas. Pero este clásico criterio paternalista, dadas las circunstancias, es casi un asunto menor.
En efecto, hace muchos años que el movimiento indígena en Chile no tenía un triunfo político tan importante como el de hoy. La torpeza y el inexcusable desconocimiento de la autoridad sobre las culturas indígenas, -para las cuales tienen la responsabilidad de generar políticas públicas-, han logrado que la mayor parte de la dirigencia de base e intelectual, haya unido su voz para decir que no queremos su consulta.
Es un insulto ha lucha persistente con la que hemos alcanzado una cierta protección de las tierras restituidas por el Estado; y hoy, ese mismo Estado, busca artilugios para devolver esas tierras a las transacciones del mercado. Y aquí llegamos al tema de fondo: lo que no se quiere es privatizar nuestras pocas tierras, en beneficio de privados no indígenas y del juego libre del mercado, que es el principio inspirador supremo de quienes nos gobiernan.
Ante esta evidente derrota política, el Gobierno se ha propuesto perseverar en el error, haciendo cada vez más obvio, que esta consulta resulta ser una ofensa a los indígenas que se pretende “beneficiar”. Y que se quiere imponer, por la fuerza y a como dé lugar, para no transformarla en un nuevo “paso en falso” sobre al cual hay que dar explicaciones a la ciudadanía.
Sin embargo, oponerse a las ocurrencias creativas del Gobierno, generan una reacción que ya conocemos. Revivir las voces que nos catalogan de violentos, terroristas, antisistema o anárquicos, ignorando que el rompimiento de la paz proviene primero del que tiene la fuerza para imponer su voluntad. Los mapuche somos un pueblo que ama la paz y que favorece el diálogo abierto y democrático, pero paz sin justicia es “pacificación”, por ello exigimos el derecho a ser tratados con dignidad y respeto.
Lo que sorprende en demasía, es que a pesar de las aplastantes pruebas de rechazo a esa consulta, algunos funcionaros de alto rango del Gobierno insisten en que todo marcha bien, que se trata de hechos aislados y que todo es culpa de minorías indígenas ideologizadas y agresivas. Esto se parece mucho al periodo, en que aquella dictadura ignominiosa catalogaba a los defensores de la democracia como violentistas, terroristas y enemigos de la patria, todo lo cual justificaba la violencia de Estado, la tortura, la censura, el exilio y la muerte.
Hoy se vuelven a escuchar esas palabras, que parecían olvidadas. ¿Por qué se reaviva este discurso autoritario? Porque existen ocultas intenciones de privatizar las tierras mapuche, bajo la excusa de que esta es una de las claves del desarrollo indígena. Según el Gobierno esto se logra modificando la ley 19.253, para dividir la comunidad en títulos individuales y que la tierra pueda arrendarse por 25 años; esto en teoría, pues basta agregar al contrato la frase que diga “si ninguna de las partes presenta reparos, se renueva automáticamente el arriendo por 25 años más”. Siempre hay formas ingeniosas de torcer la mano a la ley.
¿Pero por qué hacer todo este esfuerzo para modificar la ley y poder arrendar a 25 años? Porque los “inversionistas” han dicho que ellos necesitan esa cantidad de años para recuperar la inversión. Creo que esta no es una iniciativa para favorecer el desarrollo económico indígena y derrotar la pobreza, sino más bien, una medida política para asegurar negocios privados. Es esa mano invisible del mercado, que nos quiere convencer que el desarrollo indígena parte por la privatización de sus tierras, para entregárselas a quienes “saben trabajarla y hacerla producir”.
¿Acaso la gran industria forestal y los empresarios agrícolas, han logrado sacar a La Araucanía de la pobreza? No, ¿Y la privatización de la salud y la educación no han resuelto los problemas de los chilenos? Hay quienes creen que la culpa de la pobreza son los pobres y que el Mapuche es pobre por ser mapuche. Por el contrario la pobreza indígena no es fruto de factores naturales o escasez de recursos, sino consecuencia es un sistema político injusto y excluyente. Las desigualdades no se resolverán con una política que imponga la caridad como valor obligatorio, sino con una política de derechos.
Si el objetivo es resolver los problema de pobreza indígena, ¿por qué no han presentado iniciativas para crear una ley de igualdad de ingresos entre el indígena y el no indígena? El Observatorio Laboral del SENCE indica que el ingreso indígena es un 39% menor al de un no indígena, por el mismo trabajo. En otro sentido, un informe del BID demostró que en Chile el gasto público es 3 veces menor en zonas con alta densidad indígena versus zonas de menor densidad indígena. Entonces ¿por qué el gobierno no parte resolviendo esta brecha en vez de insistir en el arriendo de tierras indígenas?
La experiencia internacional muestra que la política de privatización de tierras indígenas es un completo fracaso. El BID en su estudio denominado “Land Privatization, Titling, and Indigenous Communities in Latin America” llevado a cabo en Bolivia, Perú, Honduras y México, demuestra que el procesos de privatización de tierras y programas de titulación individual afectan negativamente a las comunidades indígenas.
El estudio revela que los mercados de tierra y los sistemas de renta no se han desarrollado, a pesar del saneamiento de tierras y de la titulación individual, los cuatro países revelaron que la privatización de la tenencia de tierras y los títulos individuales no resuelve el problema de crédito y ninguno de los estudios de caso encontró evidencia que sugiera una mejora en el acceso a la tierra de las mujeres indígenas. “El discurso económico tradicional considera la seguridad de tenencia de tierras como un prerrequisito para el crecimiento económico; sin embargo, el estudio indica que la cuestión de seguridad para las comunidades indígenas es mucho más compleja”.
El desarrollo en su versión más integral, es una cuestión de orden político, no privado y mucho menos empresarial. Hoy el mundo indígena no tiene el poder para hacer leyes que los beneficien, aún así estamos evitando, con fuerza propia, un proceso que vuelve a perjudicarnos.
Deberíamos concordar que algunas cosas no andan bien en Chile. Hay un espacio casi inabarcable entre los grandes desafíos a los que nos enfrentamos y la pequeñez de quienes hoy administran el poder y la democracia.
