Opinión
Vivimos en un estado de emergencia climática y al parecer nuestros gobernantes y políticos no se han dado cuenta. Se requiere un giro en 180 grados en sus actitudes. En primer lugar, de la misma manera que los franceses usaron su fuerza diplomática para hacer realidad el Acuerdo de París, el gobierno de Chile como anfitrión de la COP25, debería concentrar sus esfuerzos buscando reforzar la voluntad política del resto de gobiernos con miras a iniciar un proceso de robustecimiento de los compromisos entre la COP25 y la COP26. Esto es fundamental.
La crisis climática se nos vino encima y nos exige tomar acciones de inmediato que tengan un efecto significativo en el corto plazo. Todos los países en conjunto tienen que empezar a mitigar pronto la avalancha de desastres climáticos que desde hace dos meses nos abruman por su frecuencia y alta intensidad. No hay mucho espacio para el optimismo. Hasta hace poco, confiábamos que disponíamos de 11 años para neutralizar las emisiones y que eso era lo más importante. Pero hoy, la situación ha cambiado. Es decir, disponemos de mucho menos tiempo. ¿Por qué? Por las razones que expondremos a continuación.
Los episodios climáticos extremos de junio y julio 2019 dispararon las alarmas. Las rápidas rupturas de records por olas de calor simultáneas en varios países europeos, el derretimiento abrumador del permafrost en el Ártico, las inundaciones en varias regiones de ambos hemisferios, y los más de 5 millones de hectáreas de bosques incendiados en Siberia, Portugal, la Amazonía y la Gran Canaria nos han dejado aturdidos. La crisis climática ha escalado a niveles de intensidad no esperada. Estos episodios están golpeando fuerte en las conciencias de los gobernantes, empresarios y ciudadanos. También, se han reducido las expectativas.
En este nuevo escenario, lo prioritario salta a la vista. Tenemos que reestructurar las futuras negociaciones intergubernamentales para que respondan efectivamente al estado de emergencia climática y no a la parsimoniosa hoja de ruta del Acuerdo de Paris. Lo que urge es enfrentar con urgencia el sobrecalentamiento, sin olvidar otros importantes problemas medioambientales cercanamente comprometidos con la crisis climática como son las mega-sequías y la escasez creciente de agua, conservación de la biodiversidad, protección y restauración de los bosque nativos y plantados, mejorar el manejo de las áreas protegidas, disminuir la contaminación atmosférica, conservación de glaciares y protección de la flora y fauna marinas.
La crisis no es sólo un asunto crucial para las ciencias medioambientales, lo es también para la estabilidad política, económica y financiera del planeta. En los próximos meses tendremos la oportunidad de analizar los resultados de algunos eventos fundamentales para llevar a buen fin las negociaciones. Entre ellos, el más próximo será la Cumbre Climática en Nueva York el 23 de septiembre, convocada por el Secretario General de la ONU, quien ha dejado claro que desea que participen únicamente aquellos Jefes de Estado que tengan ofertas significativas para mejorar sus planes nacionales de reducción de carbono. Esto será seguido por la COP25 en Santiago, Chile, donde el logro más importante probablemente será mantener el proceso hacia adelante, aprobando el “libro de las reglas” del Acuerdo y avanzar en la compleja discusión sobre los mercados de carbono. Nada más.
¿Cuál es el entorpecimiento político más importante para la aplicación efectiva del Acuerdo de Paris? Sin duda, el no acatar la principal conclusión del IPCC presentada en su Informe de Diciembre 2018: la temperatura media global no debería subir a más de 1,5º C hacia fines del Siglo 21. Si los países estuvieran realmente respetando este consenso científico, ya estaríamos encaminados a reducir en un 45% nuestras emisiones de CO2 antes del año 2030. Desgraciadamente este no es el caso. Por el contrario, aún hay una fuerte oposición de parte de los actuales gobiernos negacionistas de EEUU, Brasil, Arabia Saudita, Polonia, Australia. La postura inusitada y abstrusa, incomprensible, de estos gobiernos será, seguramente, la principal fuente de frustración para todos aquellos que esperamos mucho, quizás demasiado, de los avances que se puedan conseguir en las futuras Conferencias de las Partes (COP).
Es insultante constatar que aún persisten actitudes fuera de toda justicia moral como la de aquellos grandes inversionistas petroleros que han lanzado una campaña furibunda en contra de la joven Greta Thunberg, líder del movimiento mundial de la Juventud por el Clima o la desverguenza de hace unos días de candidatos conservadores negacionistas de Canadá que exigen prohibir el uso de las palabras “cambio climático” por parte de sus contrincantes progresistas, porque eso significaría usar “propaganda atentatoria contra el adversario”, cuestión no permitidas por las leyes de ese país. ¿Qué les parece?
Pero esto no queda aquí. También han surgido otros impedimentos igualmente decepcionantes. Algunos gobiernos no negacionistas, como el nuestro, que con bombo declaran apoyar el Acuerdo de Paris, tampoco reducen sus emisiones. Continúan aceptando con desparpajo los combustibles fósiles y extienden la duración de termoelectricas a carbón. Persisten en su desidia habitual y en la injusticia ambiental que los ha caracterizado por décadas. La vergüenza más grande es que a la fecha ningún país, entiéndase bien, ningún país del planeta está ejecutando cambios drásticos significativos para conseguir la meta de 2030. Lo más desarrollados siguen emitiendo más CO2 que nunca. Es decir, estamos peor que en diciembre 2018.
Una cuestión que desespera es que los acuerdos políticos decisivos en el marco del Acuerdo de Paris aún están pendientes y tienen que adoptarse a más tardar en el 2020. Desde diciembre de 2015, los gobiernos han consumido un tiempo precioso debatiendo lo que llaman el “libro de las reglas” del Acuerdo. Una tarea ineludible, es cierto, pero no es admisible que la hayan extendido por más de cuatro años, cuando la emergencia de la crisis exige la ejecución de acciones inmediatas. De esta forma, no llegaremos a 2030 con un margen razonable de seguridad. Ese es el quid del asunto.
¿Cuál es nuestra fecha límite para augurar un buen inicio y éxito del Acuerdo de Paris? La matemática de los datos climáticos es brutalmente clara. Si la ineptitud y la inacción siguen dominando los nervios del poder en los gobiernos de todo el mundo, de Norte o Sur, Socialistas o Neoliberales, Democracias o Dictaduras, Izquierda o Derecha, Progresista o Conservador, lo definitivo es que la COP26, en diciembre 2020 en Londres, será la última oportunidad para que los gobiernos, sin excepciones, tomen las decisiones trascendentales para dejar de lado la politiquería y unirse en el combate a la crisis climática. Esta meta crucial resulta cada vez más clara.
En lo práctico, la fecha diciembre 2020 tambien es clave por otros motivos. El informe del IPCC 2018, subrayó que las emisiones globales de dióxido de carbono debían alcanzar su punto máximo en 2020, lo cual sería la condición imprescindible para mantener el planeta por debajo del límite seguro de 1.5ºC al 2100. Como anotábamos antes, ningún plan nacional de los más de 100 presentados a la fecha ante la Secretaría del Acuerdo de Paris, es lo suficientemente fuerte como para mantener las temperaturas por debajo de ese límite. Por el contrario, así como van las cosas, nos dirigimos hacia 3ºC de sobrecalentamiento. La gran mayoría de los países definen sus planes a 5 y 10 años. Por lo tanto, si fuera verdad que los gobiernos desean alcanzar el objetivo de reducción de carbono del 45% para 2030, entonces sus planes nacionales tienen que estar sobre la mesa para fines de 2020.
En conclusión, vivimos en un estado de emergencia climática y al parecer nuestros gobernantes y políticos no se han dado cuenta. Se requiere un giro en 180 grados en sus actitudes. En primer lugar, de la misma manera que los franceses usaron su fuerza diplomática para hacer realidad el Acuerdo de París, el gobierno de Chile como anfitrión de la COP25, debería concentrar sus esfuerzos buscando reforzar la voluntad política del resto de gobiernos con miras a iniciar un proceso de robustecimiento de los compromisos entre la COP25 y la COP26. Esto es fundamental.
En segundo lugar, tenemos que tener claro que la COP25 será una excelente oportunidad para que el gobierno de Chile lleve adelante la consigna de que los países deben tomar en serio sus obligaciones y eso significa liderar con el ejemplo. El predicamento debería ser que todos los países juntos tomen las medidas necesarias para restringir el calentamiento global a al menos 1.5ºC al 2030. Piñera y la ministra Schmidt deberían, por lo tanto, entender que lo realizado hasta ahora, aunque es notable, no es ni cercanamente suficiente.
En tercer lugar, no basta con mostrar los avances en las instalaciones de plantas de energía solar en el Norte de Chile o mostrar el anteproyecto de ley de cambio climático. Tampoco basta con buscar oportunidades de negocios en el mercado del carbono o aprovechar la disrupción tecnológica o con el anuncio de cierre futuro de termoeléctricas a carbón obsoletas. Lo que se requiere del gobierno de Chile es mucho más que eso. Y el largo camino que tiene que recorrer para ponerse al día, debería empezar con la abolición inmediata de las zonas de sacrificio ambiental, solucionar la vergüenza moral y ambiental de Quintero-Puchuncaví, iniciar la transición energética y adherir al Tratado de Escazú. Todo lo demás, son palabras al viento.
