El acontecer en las últimas horas ha sido vertiginoso. De un llamado de organizaciones estudiantiles a realizar evasiones masivas en el marco de un alza de los pasajes del transantiago, hemos pasado a una situación de crisis política nacional en que se ha declarado Estado de Emergencia y toque de queda en múltiples regiones del país.
Existen abundantes estudios que relacionan en forma consistente los niveles de desigualdad económica con los niveles de violencia en la sociedad, expresado, por ejemplo, en mayores tasas de homicidios en Estados con mayor desigualdad. Este cuerpo de evidencia forma parte de un cuadro mayor que vincula la desigualdad con una con serie de problemas sociales y de salud.
Chile, siendo uno de los países más desiguales del mundo, no destaca particularmente por tener una alta tasa de homicidios en comparación a sus países vecinos. Esto probablemente tiene que ver con que, como es esperable a la luz de la evidencia referida más arriba, Latinoamérica es una de las regiones del mundo con más alta desigualdad y con varios países que destacan por sus altas tasas de homicidios. Además, los niveles de inestabilidad política, y de algidez de la protesta social son, en general, mayores en el resto de los países latinoamericanos.
Algunos análisis con datos longitudinales y modelos más sofisticados, han mostrado que existe una especie de “efecto retardado” de la desigualdad y la serie de indicadores de problemas sociales con las que se relaciona, en particular en cuanto a la disminución de la expectativa de vida. Y es que la compleja cadena causal que conecta mayor desigualdad y aumento de la mortalidad, implica una serie de procesos que requieren tiempo para operar y tienen como uno de sus fenómenos centrales la pérdida de la cohesión social, que acaba dañando por múltiples vías el conjunto de la vida colectiva.
Quien siembra tormentas, cosecha tempestades. La tormenta de contradicciones económico-sociales, de expropiación de la iniciativa política y de asedio a las subjetividades que impone la desigualdad neoliberal, no puede sino, tarde o temprano, expresarse en una situación generalizada de crisis estructural y sufrimiento colectivo. La pregunta que cabría plantearse entonces es por qué no se habrían desatado antes estas energías subterráneas. En mi tesis de magíster, sobre la base de análisis estadístico de datos de regiones de Chile, observé como sí se observaba una asociación entre desigualdad y una serie de problemas sociales y de salud en nuestro país. Entonces, y del mismo modo en que diversos grupos de investigación, organizaciones político-sociales y otros actores han advertido, hace varios años ya se venían asomando las grietas en el entramado social merced de la desigualdad, que anunciaban conflictividades en potencia. Probablemente hoy somos testigos de una reacción en cadena que se alimenta de esos procesos.
Sin duda existe una multiplicidad de factores adicionales para explicar las diferencias entre i) nuestro país y otras naciones y la tardanza en la expresión más clara de la indignación, pero cabe por un minuto detenerse a constatar que en Chile las particularidades de nuestra trayectoria histórica desde mediados a fines del siglo pasado hasta ahora entregan algunas pistas para leer la situación actual: 1) haber tenido una de las dictadura más sanguinarias del cono sur, que asedió con inclemencia no solo a las organizaciones de izquierda sino a un amplio abanico de organizaciones político-sociales 2) el tránsito – pactado por arriba – hacia una post-dictadura que dejó intactos los pilares del modelo neoliberal y no superó la expropiación de la soberanía popular. Todo esto dejó un saldo de temor y despolitización profundos, que solo en la última década comenzaron a sacudirse, lo que, no obstante, no ha impedido que el descontento se haya seguido incubando.
La (ir)responsabilidad del gobierno
Como hemos dicho, el devenir histórico es la tensión, siempre dinámica, entre determinación y contingencia. Es difícil esperar de los gobiernos preparación ante la irrupción de lo imprevisible, pero sí es exigible que atiendan a mecanismos causales ampliamente estudiados que anuncian resultados desastrosos. La desigualdad es uno de esos problemas que se sabe tiene repercusiones sociales y políticas severas, pero que el neoliberalismo junto a la clase dominante que lo conduce, agudiza sin miramientos. Si bien era difícil calcular la escala de la violencia que hemos atestiguado, las calles mismas, en medio del ruido de cacerolas, mostraban elocuente y claramente el conjunto de demandas y malestares que estaban a la base del estallido y que comparten el elemento común de referir a los abusos constantes de las clases dominantes que hacen imposible (la reproducción de) una vida digna.
Ahora, con todo lo impredecible que parece lo acontecido, lo que es absolutamente inadmisible, es que el gobierno tengan la desfachatez de – por encima de toda la violencia que supone la desigualdad, la falta de participación política y de derechos sociales – ejercer violencia simbólica y reírse en la cara de la gente i) sugiriendo levantarse aún más temprano ante las alzas del transporte ii) banalizando las dificultades económicas que enfrentaba la gente en un escenario de desaceleración iii) promoviendo una reforma tributaria que significaría devolver a las grandes fortunas del país lo poco que se les estaba haciendo contribuir iv) ignorando la situación de postergación y precariedad en que se encuentran las zonas de sacrificio v) minimizando la crisis en el sistema de salud (expresado las últimas semanas en falta crítica de insumos). Y una vez que ya explotó el conflicto; a) actuando con desdén y tardanza en dar una respuesta clara desde el gobierno b) respondiendo solo con una creciente represión, llegando al punto de declarar Estado de Excepción y el consiguiente toque de queda, con toda la reproducción del trauma psicosocial que significó traer súbitamente esos oscuros episodios a la memoria colectiva, en particular de quienes sufrieron en carne propia las consecuencias más brutales del terrorismo de Estado.
En suma, este sistema económico-social, que constituye una intersección de diversos sistemas de opresión (capitalismo, patriarcado, dominación colonial-racista, entre otros), reproduce una cuota insostenible de violencia estructural que, cada tanto, rebasa los mecanismos de control y regulación que introduce para perpetuarse y explota en diversas formas de violencia en la sociedad, hoy canalizadas a través de una revuelta social.
Transformaciones para una vida digna
La única forma de romper el círculo vicioso de violencia y desigualdad es superando el neoliberalismo. No hay otra forma de dar respuesta verdaderamente satisfactoria al malestar desbordado que construyendo otra sociedad; una que no esté marcada por la desigualdad, y en que una vida digna para todas y todos sea posible, con derechos sociales garantizados por una política dictada por un pueblo que se libera y gobierna a sí mismo.
Lo anterior implica hacerse cargo de lo que hace imposible la reproducción de una vida digna en nuestro país y que ha sido demandado hasta el cansancio por nuestro pueblo:
1. Un aumento ostensible del sueldo mínimo, sobre la base de un cálculo que considere la efectiva satisfacción de las necesidades básicas de la vida contemporánea
2. Pensiones dignas, terminando con el sistema de AFP e instalando un sistema de reparto que permita envejecer satisfaciendo las necesidades de vida con autonomía.
3. Un nuevo sistema de educación públlica gratuita, de calidad y no sexista en todos los niveles, vinculado a una nueva estrategia nacional de desarrollo sostenible
4. Un nuevo sistema de salud, que entregue atención digna y oportuna a toda la población, acabando con las ISAPRE y con la persistencia de una atención de salud para ricos y otra para pobres
5. Una agenda para la superación de la desigualdad, que permita además financiar todo lo anterior, estableciendo entre otras cosas lo siguiente:
a. una proporción máxima de diferencia entre el sueldo más alto y el más bajo en una empresas públicas y privadas
b. una disminución de los sueldos de altos cargos públicos y el establecimiento de sueldos máximos en empresas públicas
c. una reforma tributaria progresiva, que asegure una redistribución sustantiva de recursos y acabe con la insultante evasión tributaria de los ricos
d. la nacionalización de los recursos naturales y principales bienes públicos, que se pongan a disposición de una estrategia nacional de desarrollo sostenible
e. fin a la brecha salarial entre hombres y mujeres, además del fin a las diferencias de sueldo por otras razones arbitrarias (como orientación sexual, situación migratoria, etc.)
f. ampliación de los derechos sindicales, que permitan la negociación colectiva por rama de la economía y participación en una cogestión participativa de las empresas
6. Una asamblea constituyente que permita superar el actual Estado Subsidiario que ha mercantilizado todas las esferas de la vida, además de una democratización política desde el nivel comunal al nacional, implementando medidas como las siguientes:
a. Comunal:
i. Asambleas comunales con representación de distintos territorios
ii. Fomento de los plebiscitos comunales para la toma de decisiones relevantes en el municipio
b. Regional:
i. Espacios de participación democrática con representación de diversos sectores sociales para la definición de las Estrategias Regionales de Desarrollo
ii. Plebiscitos regionales para iniciativas propias de los gobiernos regionales
c. Nacional:
i. Habilitación de la iniciativa popular de ley, entregando apoyo a las organizaciones sociales que lo requieran para llevarlos adelante
ii. Habilitación de los referéndum para resolución sobre temáticas nacionales
iii. Fin a las restricciones que impiden a representantes sindicales y de organizaciones sociales presentarse a elecciones
iv. Instancias formales de rendición de cuentas de los parlamentarios en sus distritos.
