Opinión
En uno de sus discursos más preclaros, titulado “Ciencia e intuición en el devenir social”, el filósofo y primer Rector de la Universidad de Concepción, Enrique Molina Garmendia, se preguntaba por el valor de las ciencias sociales, la filosofía y las humanidades en el Chile de su época, y señalaba que era el de ser coadyuvantes en el asentamiento del orden democrático, en conjunto con otras ciencias.
Al respecto, este eminente pensador sabía muy bien que los gobiernos republicanos solo son posibles de sustentarse en la democracia y señalaba que el fracaso de esta es “el naufragio de las más grandes esperanzas del hombre y algo catastrófico”.
Don Enrique sabía muy bien de lo que estaba hablando cuando pronunció esas palabras ante el entonces Presidente de la República Juan Antonio Ríos y el Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, Rolando Merino Reyes. Era junio de 1945, un mes después de la capitulación de Berlín y aún continuaba la guerra contra Japón. Chile no había sido ajeno al conflicto y el país había pasado por muchos momentos de asonadas, golpes y movilizaciones sociales estructurales de distintos tipos en los decenios previos (un ejemplo de ello es que el propio profesor Merino había sido miembro de una Junta de Gobierno que duró cuatro días en el poder, en 1932).
La democracia, lo sabía esa generación, era frágil, esquiva y valiosa, quizá la única esperanza de superar el mundo convulsionado y violento en el cual les había tocado vivir.
Los tiempos han cambiado en forma radical y si bien creíamos contar ya con una institucionalidad sólida, hoy nos vemos sumidos en una grave crisis, que es integral. Muchos han querido ver en lo ocurrido estos días un estallido originado en el alza del costo de la vida y en los privilegios de un sector. Sin embargo, como dijo Enrique Molina en la misma ocasión, “es innegable la importancia del factor económico en el proceso social, pero no es exclusivo”.
En efecto, la económico es solo una de las causas de lo ocurrido, pero no es la única, pues ha quedado en evidencia también una importante desigualdad de género, ambiental, territorial, educativa y de representación, que es transversal a prácticamente toda la población del país y que supera las tradicionales barreras políticas.
Todo ello ha incidido en la falta de confianza cívica en las instituciones y por ello resulta fundamental que las autoridades reconozcan más espacios de participación a la sociedad civil y a los cuerpos intermedios de ella, teniendo presente que es imprescindible que asumamos una tarea que a muchos les parece muy abstracta: la formación de ciudadanas y ciudadanos; es decir, personas que sean partícipes activas de las actuaciones y decisiones del Estado.
En efecto, hemos construido un país con buenos indicadores de crecimiento macroeconómico, pero que ha dejado de lado la formación ciudadana. Desde hace mucho tiempo ya que hemos constatado el fenómeno de desafección de las capas etáreas más jóvenes hacia el voto, por ejemplo, y al no habernos hecho cargo de ello como país, somos en buena parte responsables de que muchas personas crean que la solución a sus demandas legítimas se encuentra en la violencia y no en la democracia.
Esperemos que esta democracia que tanto nos costó conseguir sea capaz de sobrellevar estos tiempos turbulentos y que, una vez restablecida la calma, se entienda que un tejido social tan complejo como el de un país no se construye solo a partir de cifras, sino también a través de principios y valores como los que citaba Enrique Molina, quien decía que las mayores aspiraciones del espíritu humano son el amor, la equidad y la solidaridad.
Para tender a ello, es esencial el papel que deberemos asumir desde la academia, como responsables en gran medida de la formación de la ciudadanía del mañana, nuevas generaciones a las cuales esperamos no les toque pasar momentos de tanto dolor como los que estamos viviendo hoy en día.
