Opinión
El actual contexto de demanda social inorgánica, pero persistente, ha logrado poner de manifiesto, no solo una creciente problemática relacionada con la desigualdad social en todos sus aspectos posibles, sino también, una desigualdad política, que implica la dificultad, y mayor costo asociado, que afecta a ciertos sectores sociales, al momento de ser representados, participar e incidir en la generación y aprobación de políticas públicas y de Estado.
En esta línea, y así como hoy Chile se ha percatado que la desigualad social y su malestar fue largamente estudiado y desatendido por años, es posible constatar también, a través de estudios, cómo la desigualdad social se ha venido traduciendo permanentemente también en desigualdad política.
A modo de ejemplo, un estudio del Pnud de 2017 sobre la desigualdad en Chile (PNUD 2017), evidencia que los cargos de representación popular en el Parlamento son ocupados principalmente por personas de sexo masculino, provenientes en un alto porcentaje de colegios específicos (mayormente privados y con altos aranceles) y principalmente de carreras de prestigio (derecho y medicina) de dos importantes universidades del país (PUC y U. de Chile), situadas en la capital (PNUD, 2017:142).
Una gráfica a este respecto indica que, entre 1990 y 2016, «uno de cada cuatro diputados, uno de cada tres senadores y cuatro de cada diez ministros cursaron su educación en los mismos dieciséis colegios que quienes ocupan los cargos más altos en las principales empresas del país» (Informe Desigualdades, PNUD, 2017), lo que da cuenta de un capital cultural y social compartido, que podría incidir en desiguales e ilegítimas formas de representación y niveles de incidencia a nivel político.
Asimismo, el estudio de Carnes y Lupu (2015), respecto de representación parlamentaria en Chile, evidencia que la proveniencia de “clase” (entendida como categoría de dependencia laboral) de los miembros electos de esta entidad, es solo en un 10% de la clase trabajadora, a pesar de que la categoría “worker” representa a un 80% de la población del país (Carnes y Lupu, 2015:7); así también, diversos estudios indican que están sub-representadas, en diversas instituciones políticas de representación, las mujeres, las etnias (PNUD 2017) y los pobres (OEA, 2015:28, PNUD, 2017).
Si observamos, por su parte, el ámbito de incidencia política, entendida ésta como “la capacidad de ciertos grupos de, ya sea, cambiar normas contra las que estuvieron en desacuerdo o de mantener normas con las que estuvieron de acuerdo” (Avendaño, Gamboa, and Segovia 2016:12, traducción propia), los estudios al respecto constatan por un lado, los niveles positivos de incidencia que tiene la cantidad de dinero gastado en campaña al momento de incrementar el apoyo político en período de elecciones (Morales Quiroga 2014). Este hecho transforma el monto de las donaciones (legales e ilegales) y el rol de los sectores con capacidad económica para donar o financiar campañas o think tanks proclives a su posición política, en un factor importante al momento de analizar cómo la desigualdad social se traduce en desigualdad política.
Si observamos estudios fuera de Chile, por último, la misma desigualdad política se encuentra en lo que refiere a la aprobación de leyes. Un estudio de Larry Bartels, para EE.UU., que cruza datos sobre el tipo de leyes votadas por los representantes electos en el senado y aquellas leyes apoyadas por sus electores, da cuenta de que los representantes electos aprobaron, en su gran mayoría, leyes apoyadas por sus electores de medianos y altos ingresos, pero los de bajos ingresos no tuvieron ningún peso en la forma en que sus representantes votaron las leyes (Bartels 2008:98). A nivel latinoamericano, a su vez, el cómo están representadas las “clases sociales” (Carnes y Lupu:2015) en el parlamento, estaría también influyendo en cuáles son los proyectos de ley que los legisladores apoyan o presentan (Carnes and Lupu 2015).
En un país como Chile, con el nivel de concentración de riqueza que nuestro país presenta, así como de desigualdad económica, el que pone a Chile en el séptimo lugar respecto del indicador Gini en América Latina y el más alto de los países OCDE (PNUD 2017:81), se hace más necesario que nunca, que la elección de representantes para una asamblea constituyente, cuente con criterios de representación que aseguren cupos mínimos para mujeres, personas de menores ingresos, etnias nativas, disidentes sexuales y discapacitad@s, entre otros posibles.
Hoy más que nunca, se hace necesario generar instancias de representatividad y participación lo más equitativas posibles, las que, bajo las actuales leyes de representación, que regirían las próximas elecciones de constituyentes, impiden o limitan en gran medida, la posibilidad de participación de personas independientes de los partidos y sin recursos para hacer campañas, afectadas por la división sexual del trabajo o por la estigmatización dada por la normatividad.
En ese sentido, corremos el riesgo de que se replique en la llamada “convención constituyente”, no solo la desigualdad en la representación y participación, sino de incidencia y sesgo durante el momento mismo proceso instituyente, sesgo de los que se hacen cargo tanto los jurados populares en EE.UU., como los productores de campañas publicitarias, que se han visto obligados a reconocer que hay ciertas realidades de opresión y estigma, que son solo visibles para aquellas personas que las padecen.
Es esa falta de visión sobre los problemas sociales de las personas sin poder, lo que ha provocado el estallido social del último mes en Chile. No dejemos que afecte también la oportunidad histórica de construir una política democrática real para nuestro país.
