Opinión
Quien por estos días recorre las calles de cualquier ciudad en Chile, escenario del mayor estallido social de su historia republicana, se encuentra de frente con elocuentes muestras y expresiones de rabia contra los pacos, término con el cual el pueblo desde el siglo XIX ha venido denominando a los funcionarios policiales y que hoy identifica a los carabineros. A las consignas locales que incitan a “matar a los pacos”, se suman otras surgidas en contextos muy diferentes como A.C.A.B. (All Cops Are Bastards), profusamente estampadas en las murallas. La furia aumenta cada día, en la medida que vamos siendo testigos del descontrol policial ante manifestantes en su gran mayoría pacíficos y las aterradoras cifras de heridos y abusos cometidos por carabineros, según han ido documentando distintos organismos de defensa de los Derechos Humanos.
Carabineros de Chile es la institución policial más longeva de nuestra historia. A la fecha cuenta 92 años. Es una policía militarizada que durante toda su existencia ha cultivado ese perfil, según se aprecia en su impronta organizativa y funcional, en su doctrina y sus símbolos, como el característico uniforme verde o el lema “Orden y Patria”. El antecedente de esta policía militarizada es el regimiento o cuerpo de Carabineros, creado en 1906, que se desempeñó en zonas rurales como el norte salitrero o en espacios de colonización reciente en el sur del país. Los primeros carabineros fueron militares cumpliendo funciones policiales y se habituaron a perseguir y reprimir bandidos y huelguistas que encarnaban a un enemigo a vencer.
En 1927, el general dictador Carlos Ibáñez del Campo fusionó a este cuerpo con la Policía Fiscal de las principales ciudades que a la sazón representaba el grueso de la policía nacional (tres cuartas partes), consolidando el sello militarista de la nueva fuerza bautizada como Carabineros de Chile. En 1933 se desprendió de aquella el Servicio de Investigaciones, Identificación y Pasaportes que se encargó de las tareas que hoy desempeña la Policía de Investigaciones (PDI), definida como una repartición de carácter civil. La participación de Carabineros de Chile en el golpe y Junta Militar desde el 11 de septiembre de 1973, se tradujo en un aumento significativo de recursos y prerrogativas en áreas que históricamente habían recaído en la policía civil de Investigaciones, al punto que en la actualidad subsisten la duplicación de tareas y rivalidades entre ambas policías.
Especialistas en el estudio de las instituciones policiales, como Hugo Frühling y Lucía Dammert, hace años vienen llamando la atención sobre las ambivalentes visiones de las policías chilenas entre la ciudadanía. Como bien lo resume el sociólogo argentino Gregorio Kaminsky, para algunos son “…los guardianes de la ley convertidos en los enemigos del pueblo, para otros el último bastión de la sociedad asediada”. Esta dicotomía parece romperse en el caso de Carabineros de Chile ante la magnitud de los abusos de estas tres semanas, sumado a los bullados casos de corrupción (el llamado Pacogate) y a los montajes para apresar a dirigentes mapuche como la Operación Huracán. Las expresiones del rechazo ciudadano están a la vista en las calles y en las voces de diversos analistas, de manera que es el momento de plantear la necesaria reflexión sobre el futuro de esta institución.
Para decirlo con claridad: parece difícil que una reforma pueda revertir la imagen de una policía que está por los suelos. Con el ánimo de contribuir desde la disciplina histórica a este debate, y sobre la base de los modelos y experiencias que ofrecen otros países, proponemos tres premisas para avanzar hacia la transformación de Carabineros de Chile:
1) Subordinación absoluta al gobierno, lo que supone el diseño de una nueva estructura de gestión y fiscalización que permita terminar con el “autogobierno policial” en la formación de sus efectivos, el uso de los recursos y la sanción de los abusos en cumplimiento del deber.
2) Orientación civil y desmilitarización, lo que implica abandonar la lógica de ser una “policía de Estado y para el Estado”, como señalara Marcelo Fabián Saín, y centrarse en la protección de los derechos y libertades ciudadanas.
3) Delegación de las funciones de investigación criminal e inteligencia en la PDI, cuyos efectivos deben incrementarse significativamente (cuentan con algo más de 10 mil funcionarios versus los más de 50 mil carabineros), y así focalizar las labores de Carabineros en lo relativo al patrullaje y mantención del orden público.
Veremos si existe voluntad política para abrir esta discusión.
