Opinión
El fútbol chileno ya no es un conglomerado de clubes que compiten para alcanzar glorias deportivas y acumular hinchas y estrellas en sus banderas. La impresión es que ahora su prioridad es sumar millones en sus cuentas o títulos bursátiles para entregar dividendos a sus accionistas. Se ha convertido en una industria inserta en la economía de mercado imperante, pero que a diferencia de las empresas comunes, que invierten mucho para competir y subsistir, vive casi gratis, gracias a instituciones estatales.
La sensación es que los clubes no se preocupan tanto del espectáculo que deberían ofrecer, salvo de que los carteles publicitarios que rodean las canchas luzcan en las pantallas de la televisión.
Los torneos se han ido convirtiendo paulatinamente en un espectáculo televisivo, mediante un canal de pago exclusivo y que contribuye generosamente a las finanzas de los clubes, para muchos de los cuales es casi la única fuente de financiamiento.
En ese contexto, no deben extrañar las decisiones adoptadas en las últimas semanas por el Consejo de Presidentes de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), máximo órgano resolutivo del balompié criollo, que una semana decidió suprimir los ascensos y descensos de clubes tras clausurar de forma anticipada la temporada 2019, usando como pretexto el terremoto social que desde mediados de octubre aqueja al país. No hay condiciones de seguridad mínimas para garantizar el desarrollo de los partidos, sentenciaron los regentes.
De ese modo, condenaron al Santiago Wanderers y al San Marcos de Arica a no ascender a la serie de honor y a la Primera B, respectivamente, con las consiguientes protestas de ambas instituciones. Pero, al mismo tiempo, salvaron a algunos clubes de primera de perder la categoría y ensancharon la entrada a torneos internacionales.
Una semana después, todos o casi todos los acuerdos pasaron al olvido. Por aplastante mayoría Wanderers fue ascendido a la serie de honor y San Marcos a Primera B, con algunas protestas y amenazas de recurrir a los tribunales, deportivos o no, en busca de justicia, de parte de otros clubes que se sintieron perjudicados.
Para que sean dos los ascendidos a honor, los dirigentes inventaron una liguilla entre ocho equipos, cuyo ganador deberá definir el segundo ascendido contra Deportes La Serena, clasificado después del Santiago Wanderers en el torneo.
Un dirigente del Cobreloa reflexionó con sensatez. «Si se puede jugar, ¿por qué no completamos el campeonato?», planteó, sin que nadie lo escuchara.
También se espera una decisión final sobre el equipo que irá como Chile 4 a la Copa Libertadores 2020. En principio, deberían disputar el cupo Unión Española y Universidad de Chile, como finalistas de la Copa Chile. Pero el club hispano se opone, pues la el equipo universitario quedó penúltimo al darse por cerrado el torneo y estaría «técnicamente» descendido.
Unión La Calera reclama también su derecho a ese cupo y anuncia que recurrirá a los tribunales para defenderlo.
La razón fundamental del afán de llegar a torneos internacionales es el dinero que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) reparte entre los equipos participantes y que se va incrementando si logran superar una o más etapas de la competición.
En la cancha, hace varios años que los equipos chilenos no alcanzan actuaciones destacadas en la Libertadores o la Copa Sudamericana, pues arman planteles de corto plazo y cada año venden a sus mejores jugadores.
Decisiones como las adoptadas en las últimas semanas no son escasas en el fútbol chileno, una industria que absorbe mucho desde instituciones del Estado e invierte muy poco para organizar torneos atractivos, que atraigan multitudes a los estadios. Les basta con los ingresos provenientes del Canal del Fútbol.
Tras la clausura de la temporada 2019, la mayoría de los clubes comenzaron a despedir a técnicos o jugadores, para ahorrar. Ni siquiera la posibilidad de jugar algún torneo internacional los incentiva a contratar futbolistas de primer nivel, y los que llegan de vez en cuando se van al poco tiempo, captados por clubes extranjeros de mejor futuro.
El fútbol chileno es una industria que no invierte en seguridad. Esa responsabilidad se la dejan al Estado, a través de Carabineros. Ello ha mantenido vigentes oscuros nexos entre algunos clubes y las barras, que se mueven con impunidad en los estadios y hasta pueden, como se ha visto, provocar la suspensión de partidos o la paralización de torneos.
Con escasas excepciones, los clubes chilenos no tienen estadios, y los torneos se juegan en recintos municipales o fiscales. De nuevo las instituciones estatales posibilitan la gestión de una industria privada.
En ese contexto salta la interrogante, si alguna autoridad tomará al toro por los cuernos y fiscalizará a estas organizaciones con el objeto de reordenar la actividad, con nuevas normas que dejen en claro los límites de los derechos y obligaciones.
En tanto, los dirigentes se frotan las manos porque piensan que el fútbol retomará su cauce normal. Lo cierto es que el estallido social da hasta ahora pocas señales de aflojar y no hay ninguna seguridad de que los estadios abran de nuevo sus puertas en los plazos fijados por los regentes.
