Opinión
No hay argumento que refute el profundo malestar social que existe en nuestro país. Algunos diagnósticos enfatizan en la desigualdad social, la cual ha sido profundizada por un modelo neoliberal que ha tendido a mercantilizar la sociedad, y como resultado de aquello, se ha producido un debilitamiento estatal que permite solo de manera parcial, garantizar derechos sociales a sus ciudadanos.
Si bien este diagnóstico es razonable, queda relegado a una esfera de gran dimensión que tiende a alejarnos de las experiencias cotidianas como constructoras de dignidad o bien, de sufrimiento y malestar. Wanderley (2009) señala que “las personas se comprenden así mismas como ciudadanos y las maneras como ejercen y demandan derechos en los encuentros con la burocracia estatal”.
Atendiendo este malestar en plena contingencia, parece razonable buscar las fuentes que le han dado origen, pero esta vez, alejándonos de los espacios comunes del análisis económico y social, para poner el foco en la relación entre las personas y las oficinas estatales y junto con ello, en las percepciones que de ahí surgen en cuanto a nuestra identidad como ciudadanos. En esa búsqueda es interesante volver a recordar el mes de furia vivido en el Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN).
Durante el año 2019, han sucedido hechos que han puesto en evidencia graves deficiencias del organismo público. El 14 de junio del 2019 un usuario de 60 años se infirió heridas en los brazos con un cuchillo luego de ser atendido por esta entidad la que no ha podido resolver su requerimiento en reiteradas ocasiones. Los testigos relataron que el hombre reclamaba por diez licencias impagas.
Unos días anteriores al hecho antes descrito, un hombre en silla de ruedas activa un extintor al interior de las oficinas del COMPIN, donde resultaron dos funcionarios lesionados y el mismo mes, una mujer, amenaza con desnudarse por el no pago de 7 meses de licencia, logrando quitarse la polera mientras gritaba “Estoy cansada de caminar”.
En este contexto es posible aseverar que, las identidades de las personas en su esfera ciudadana y como estas ejercen y demandan sus derechos ante la burocracia estatal, develan profundas inequidades, que deben ser neutralizadas por una serie de estrategias por parte de los usuarios para demandar derechos que, de jure (en la ley) si están garantizados, pero que en la práctica son restringidos.
En ese sentido, las estrategias utilizadas por los usuarios del COMPIN en la ciudad de Santiago, revelan que el sufrimiento ha sido usado para poder obtener a cambio, el pago de las licencias médicas adeudadas.
Si ponemos el foco en la legalidad, los actos realizados por los usuarios son merecedores de castigo. El desnudamiento en público o activar un extintor sin motivo de incendio, son causales de apremio porque son contrarias a la ley. Sin embargo ¿Cuáles fueron las respuestas de las autoridades a los hechos?
La Seremi de Salud Metropolitana, informó que la situación del hombre que se cortó los brazos, respecto al pago ya había sido regularizada. Además, las autoridades anunciaron la remoción del jefe de atención a usuarios y otras medidas como el aumento de las casetas de atención y la disposición de puestos de atención diferenciados.
Entonces ¿Qué ciudadanos somos? Si bien, estamos conscientes de nuestros derechos, no encontramos canales de comunicación útiles en nuestra burocracia estatal y muchas veces frente a este bloqueo institucional y político, las malas prácticas tanto de funcionarios como de los ciudadanos desbordan la democracia.
Las experiencias cotidianas de las personas en cuanto a su relación con el estado y lo público, debiesen ser insumo obligatorio en democracias que descansan sobre el colchón de los derechos humanos, ya que es en esa primera instancia dónde se ejercen los derechos que aquella sociedad dice garantizar.
Es imprescindible, sobre todo en el contexto actual de Chile, tener una visión amplia y generosa de Estado de Derecho, reconociendo la tensión entre legitimidad y legalidad, asumiendo que tanto ciudadanos como el aparato burocrático instalado, son responsables de construir una mejor sociedad, evitando las incoherencias y las malas prácticas de las instituciones.
Esto implica un reconocimiento de lo extralegal, como manifestación válida en tanto otorga una imagen de sociedad, que, aunque no guste lo que se ahí se proyecta, se debe asumir con responsabilidad y ambición de cambio, reduciendo cada vez más los mecanismos represivos que silencien esas iniciativas.
