Opinión
La ambigüedad y terquedad del gobierno de no querer dialogar en la tramitación del proyecto de ley que busca reformar el sistema de nombramiento de notarios, conservadores y archiveros y modernizar el sistema notarial y registral de Chile es derechamente sospechosa. Sus vaivenes para estrechar el tiempo de los debates parlamentarios, siempre insistiendo en la suma urgencia, es inexplicable desde todo punto de vista. Particularmente porque no ha dado ni un solo argumento, ni técnico ni jurídico, que expliquen en qué consiste lo apremiante del tema y cual es el sentido estratégico de la reforma.
Lo lamentable es que con anuencia parlamentaria, todo parece un simple intento del Ejecutivo de legislar por sorpresa en un tema aparentemente inocuo, donde algunos conservadores ganarían mucho dinero, pero sin aceptar que el tema de fondo es que la mentada reforma podría afectar gravemente una infraestructura crítica del país en el ámbito digital, cual es el sistema registral patrimonial de todo el país.
La situación es anómala y delicada pues se da en un momento en que el país entero se encuentra abocado a debatir sobre la seguridad de su infraestructura crítica, sobre la certidumbre jurídica en su modelo de desarrollo económico y político y en la información que de confianza a la ciudadanía. Por ello, la política de bandazos del gobierno en la tramitación de esta ley, se torna sospechosa de intereses no develados sobre a quienes beneficia la sorpresa y las decisiones poco debatidas.
El proyecto del gobierno, técnicamente bastante pobre, en su elemento central apunta entre muchas cosas a la creación de un sistema de fedatarios que reemplace actividades que en la actualidad sirven los notarios del país, y a regular de manera más precisa el nombramiento de estos últimos funcionarios. Ello, podría perfectamente haberse zanjado con una ley más simple que pusiera un sistema más transparente del servicio de fedatarios que se crea. Sin embargo, el gobierno –por sorpresa y sin mayor debate- se adentra en cambios relativos al derecho registral, que requieren de mayor maduración y que podrían llegar a cambiar completamente el sistema registral del país, creando nuevos repositorios y recargando al Registro Civil, además de dividir servicios conservadores y migrar datos.
El propio Mensaje del Proyecto de Ley, reconoció que el sistema registral “ha constituido un pilar fundamental de seguridad en el tráfico jurídico y en el registro de bienes raíces y derechos reales constituidos en ellos, contribuyendo a reducir los asuntos litigiosos conocidos por los tribunales de justicia y generando medios con alto valor probatorio, todo lo cual permite reducir los costos de transacción posteriores a los actos jurídicos celebrados.” Es decir, el Derecho Registral está bien, y entonces cabe la pregunta ¿por qué cambiarlo?. Solo porque los Conservadores ganan mucho dinero según los datos del gobierno?
Los cambios propuestos enrarecen todo el sistema y si, tal como señala otra parte del Mensaje “Los estándares de transparencia y probidad son hoy parámetros que deben incorporarse en todo quehacer del servicio público y debe inspirar el actuar de sus funcionarios” deben cambiar ese aspecto específico de designación y remuneraciones, pero sin intervenir la infraestructura de registro y los repositorios pues entonces, al menos como lo están haciendo, van a crear un caos. A menos que sea precisamente lo que se desee, desorganizar para construir un nuevo negocio.
Esta perspectiva se hace plausible pues el mentado Mensaje menciona estándares de publicidad, transparencia y probidad en las funciones públicas, y habla de “una economía de inversión, innovadora y competitiva”, de la “creación de una Agenda de Productividad y Emprendimiento, con una batería de medidas para despejar las barreras de entrada a los mercados” que entre otras medidas, “exige la modernización del sistema de notarios y conservadores”. Es decir, si “el sistema registral es un pilar fundamental del tráfico jurídico”, también puede ser una barrera de entrada a algún mercado, parece pensar el gobierno, un mercado inmobiliario, de seguros u otro cualquiera que tengan en mente los que impulsan el Proyecto y que, tal como van las cosas, es lo menos transparente del interés gubernamental.
Lo peor de todo, además, es que se pasa a llevar derechos de los trabajadores sin opción de discusión ni consulta.
El 1° de Dic. de 2018, (sesión 111ª / 366 de la Cámara) durante su primer trámite constitucional, ésta en Sala toma conocimiento de un Oficio de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara por el cual se solicita el acuerdo de la Sala para que le sea remitido el proyecto una vez despachado por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, a fin de analizar la arista laboral y la debida protección de los trabajadores que se verían afectados por la referida iniciativa legal. Inexplicablemente tal petición fue RECHAZADA, pese a que consta que los cambios que trae este proyecto de ley transgreden derechos sindicales amplios de un número considerable de trabajadores y que, tanto empleadores como trabajadores del rubro, han buscado que esos aspectos se debatan y no se dejen ni al azar ni a la eventualidad de futuros conflictos.
La Comisión de Constitución, Legislación Justicia y Reglamento sometió muy breves y desarticulados artículos del proyecto al análisis de la Comisión de Hacienda, la que prácticamente no los debatió y aprobó el proyecto sin modificación ni observación alguna, pese a la evidente falta de financiamiento del servicio público de fedatarios que se crea, con más de tres mil cargos a elegir por concurso y que operarán bajo supervisión de la Fiscalía de la Corte Suprema. ¿Cuánto le costará al país este nuevo servicio? ¿Es necesario o solo se requería de una medida administrativa en materia de fe pública para “desnotarizar”, como entrecomillado señaló el Mensaje?
Pero tal vez lo más importante sería conocer el verdadero motivo por el cuál un sistema o servicio que se reconoce que funciona bien, que se califica como un pilar del sistema de control patrimonial del país y del auxilio y servicio a la justicia, que se ha modernizado a costo cero para el Estado, de improviso merece ser reformado sin mayores explicaciones. Porque el principal argumento del gobierno y de muchos parlamentarios ha sido el nivel de utilidad financiera que los
conservadores perciben, cosa que perfectamente podría resolverse de manera más simple, considerando que son auxiliares de justicia y están en el Escalafón Secundario establecido en el Código Orgánico de Tribunales. Una cosa muy diferente son los derechos de los trabajadores, los que ni siquiera han sido considerados en los enredados afanes del gobierno con las Comisiones parlamentarias que han conocido el Proyecto.
