miércoles, 28 de octubre de 2020 Actualizado a las 12:16

Opinión

Autor Imagen

La PSU, la criminalización y la defensa del derecho a la ilusión

por 20 enero, 2020

La PSU, la criminalización y la defensa del derecho a la ilusión
  • Compartir
  • Twittear
  • Compartir
  • Imprimir
  • Enviar por mail
  • Rectificar

Podemos estar todos de acuerdo en que con las manifestaciones en contra de la PSU no se respetaron el derecho de estudiantes a rendir dicho examen de admisión. Otros también podrán pensar que los modos de interrupción de la PSU desplegados principalmente por estudiantes secundarios de la educación pública, son formas legítimas de lucha y presión en favor de una política de admisión basada en principios de igualdad en un contexto de revuelta popular con respuestas autoritarias. Pero más allá de dichas posturas, lo que parece a todas luces desproporcionado y una sinrazón es construir sobre estos estudiantes, sus voceros y organizaciones, una imagen y los trata como si fueran paladines del vandalismo, la violencia, enemigos internos que atentan contra la seguridad nacional.

Lo que se muestra con claridad es que para el gobierno y el MINEDUC toda alteración del orden y de sus mecanismos de re/producción de injusticias sociales son reducidos obsesivamente a la criminalización. La violencia pasa fácilmente a ser la interrupción del proceso de admisión, quedando fuera de la discusión al interior del gobierno –como se ha visto en las declaraciones del MINEDUC, del Ministro del Interior y el Presidente- la violencia estructural de toda una acumulación de desigualdades y derechos sociales negados que se ven reflejados en los resultados de la PSU. Irrita repetirlo, pero los resultados de la PSU son producto de las condiciones socioeconómicas y culturales en las que viven y se educan la mayoría de las personas en Chile. Estudiantes de la educación pública, que vienen de hogares con muy bajos ingresos, cuyos padres tienen trabajos precarios de baja calificación tienen escasas posibilidades de participar de estudios universitarios. De hecho, si nos basamos en los datos del DEMRE, del total de inscritos de escuelas públicas alrededor de un 20% logrará entrar a alguna universidad adscrita al sistema único de admisión, y más del 60% de estudiantes de colegios particulares pagados sí comenzarán sus estudios en dichas universidades. Para que quede claro, esto indica que los esfuerzos, las aspiraciones, las expectativas no bastan y muchas veces no importan para determinar el destino educativo. Esta realidad se endurece aún más para las mujeres quienes son penalizadas por los sesgos patriarcales de la PSU con unos 20 puntos menos solo por ser mujeres. Los elegidos para la educación superior, en la mayoría de los casos, ya vienen seleccionados desde mucho antes.

En este contexto, no se entiende ni corresponde que el MINEDUC actúe bajo la lógica policial y de la seguridad, dejando de lado su rol de contribuir con política y políticas a mitigar profundamente la explosión de múltiples desigualdades al interior del sistema educativo. Cuando se trata de derechos en educación, tanto el MINEDUC como el presidente no hacen más que defender con vehemencia mediática el derecho a rendir la PSU. Traduciendo dicha defensa a la realidad concreta, ésta no es más que la defensa de un supuesto derecho de la mayoría a la ilusión y aventura “meritocrática”, cuya concreción carece de respaldo.

La criminalización y el desproporcionado uso de legislación basada en la doctrina de la seguridad nacional para la gestión y resolución de problemas político-educacionales responde más a una estrategia de gobierno basada en el aumento de su capacidad represiva sobre grupos movilizados. Esta tendencia, como bien advierte Camila Vergara, comienza a ser parte de la nueva normalidad.

La lógica de la política no es la lógica de la policía del orden ilegítimo ni la del juego de las ilusiones. Por el contrario, es la puesta en práctica de procesos concretos decididamente orientados a interrumpir el orden desigual y generar los espacios democráticos –esto es con todos los actores involucrados- que permitan acordar los caminos más idóneos para comenzar –no alcanzar- un sistema de admisión y educación superior basados en principios de igualdad, cohesión y justicia social. En ellos, los conocimientos expertos, las “técnicas” y “cálculos” deben orientarse menos a identificar todo lo que no es posible, y más a apoyar, imaginar, y hacer realizables las transformaciones que dichos caminos necesitan.

 

 

 

 

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

Compartir Noticia

Más información sobre El Mostrador

Videos

Noticias

Blogs y Opinión

Columnas
Cartas al Director
Cartas al Director

Noticias del día

TV