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El riesgo de “latinoamericanización” de los sistemas de salud

por 30 enero, 2020

El riesgo de “latinoamericanización” de los sistemas de salud
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La académica de la Universidad de las Palmas de España, Beatriz González L., examinando la situación española concluye que existe actualmente en su país un riesgo de “latinoamericanización” de la sanidad, es decir, de los sistemas de salud. Un modelo de estas características -señala- proporcionaría un primer nivel de atención público para los pobres y para los riesgos catastróficos, pero con una gran zona intermedia de servicios sanitarios masivamente provistos por el sector privado con financiación privada, explica la prestigiada economista de la salud.

Al principio, la “salida” hacia seguros privados sustitutivos, puede suponer hasta un alivio y redistribución de recursos a favor de los más desfavorecidos. Sin embargo, alerta B. González, la huida de las clases medias del aseguramiento público hacia el privado implica un riesgo de sostenibilidad social del Sistema Nacional de Salud, y también el riesgo a la reversión o retroceso hacia un sistema sanitario dual.

No cabe duda que también en Chile se está en presencia de un riesgo similar con el agravante de que éste lo está financiando el propio sector público a través de la compra al sector privado mediante convenios que se han ido incrementando a través del tiempo. Actualmente alrededor del 12% del gasto sanitario curativo del sector público se destina a compras en el sector privado y, a juzgar por las opiniones del Colegio Médico, hay menos interés en desarrollar alternativas públicas de calidad que atraigan a las clases medias.

De otra parte, el gasto total real en salud entre 2003 y 2018 aumentó a más de 7% anualmente, pero las cotizaciones “voluntarias” en las Isapres -que amortiguan los gastos que las empresas no cubren en servicios sanitarios- lo ha hecho a cerca de 10% anualmente. Esta exigencia de mayores recursos se ha visto incluso potenciada por el crecimiento de los seguros complementarios de salud, es decir, los propios usuarios acuerdan adicionalmente pagos por ofertas que provienen de aseguradoras vinculadas a clínicas privadas.

Pese al inquietante aumento del gasto sanitario, en los últimos años los grupos medios han, más bien, exacerbado la búsqueda de soluciones particulares en el ámbito de la salud; ya sea permaneciendo en Isapres pese al casi millón de recursos de protección que acumulan las Isapres por alzas excesivas en los planes; o bien, contratando seguros privados complementarios. En efecto, la tasa de crecimiento de esta modalidad es superior al 10% anual, según un estudio de la Superintendencia de Salud.  El 72% de estos seguros favorece al 40% de mayores ingresos. Sin embargo, muchos de estos seguros (80%) son aportados por las empresas según convenios con los sindicatos, como es el caso de Codelco que ha sido ventilado en la prensa recientemente. Los montos  comprometidos en las primas de los seguros complementarios se han duplicado en 10 años, según la Asociación de Aseguradores de Chile.

El marco de la reforma que envió el gobierno chileno al Parlamento es una ocasión propicia para que la ciudadanía evalúe qué sistema de salud necesita y cual le será conveniente y sostenible en el tiempo. A modo de ejemplo, si se quiere copiar la situación de EE. UU., en que prácticamente no hay oferentes públicos de salud, esto tiene que ser meditado a la luz de hechos simples pero irrefutables: actualmente, ese país gasta 17% del PIB en salud; 16% de la población no tiene seguridad social ni privada; más del 50% del gasto proviene del sector público y los indicadores de salud están estancados.

Asimismo, es importante que no olvidemos que la principal fortaleza de los servicios públicos reside en que la gran mayoría de los ciudadanos (y particularmente las clases medias) depositen en ellos su confianza y tengan por tanto interés en que ofrezcan elevados niveles de calidad, sentencia la profesora González López-Valcárcel. Su reflexión brinda un marco para vincular necesidades inmediatas con reforma sectorial y marco constitucional. Al mismo tiempo, es imprescindible definir el rol del sector público y privado antes que sea demasiado tarde.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

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