Opinión
Ya es de público conocimiento que el Gobierno promulgó una Reforma Constitucional para poder realizar un plebiscito que probablemente nos lleve a cambiar nuestro Ordenamiento Jurídico fundamental en abril del 2020, dicho hecho es de vital trascendencia pues podría significar una modificación robusta en nuestras instituciones sociales y, en definitiva, afectar funcionamientos de convivencia arraigados en nuestra cultura política. Creemos que dicha dirección no sólo podría afectar la senda de progreso que nuestro país ha tenido en los últimos 40 años, sino también carece de fundamentos morales y desvía sensibilidades sociales legítimas desde la reciprocidad social práctica a construcciones experimentales cuyos orígenes y efectos son cuestionables.
Seamos claros, el “estallido social” ha sido capaz de generar niveles de sensibilidad importantes en cuestiones sociales desatendidas por años como lo son el costo de la vida, pensiones, salud, entre otras; pero también ha corroído formas de convivencia que afectan diariamente al ciudadano común, me refiero a la desintegración del tratamiento procesual de conflictos sociales. Dicho procedimiento se caracterizaba por el encause pacífico y democrático de demandas sociales o colisión de intereses, sin embargo, el contexto actual ha terminado por legitimar acciones de pillaje, saqueos, amedrentamientos y violencia desatada que ha funcionado para el posicionamiento político elitista del cambio constitucional. Lo paradójico de la resolución de conflictos sociales a machetazos es que no ayuda a establecer consensos y acuerdos entrecruzados mínimos, sino por el contrario, tensiona la sociedad hasta el punto de hacerla inmanejable. En definitiva, la intimidación se ha impuesto a los acuerdos sociales, a pesar de que en la reciente encuesta CEP un 78% de la población se inclina por la primera opción, entonces, los mecanismos de presión y violencia doblegaron al Gobierno e instalaron el cambio constitucional, cuestionando de entrada la legitimidad de origen del mismo.
Por otro lado, el radicalismo (Frente Amplio, PC) y el progresismo chileno se han empeñado por establecer que la Constitución Chilena es la fuente de todos los males sociales debido a su naturaleza autoritaria y nula sensibilidad social. No obstante, ya es una perogrullada apuntar que nuestra constitución ha sido modificada en innumerables ocasiones desnaturalizando su origen (2 de ellas cambiando el 90% de su redacción original) y su rendimiento ha sido avalada por un sin número de indicadores sociales: pobreza, movilidad social, coeficiente de Gini, PIB per cápita, etc. De esa manera, el desbaratamiento institucional como marco retorico ha dado resultados óptimos en los discursos y lógica comunicacional, donde el estallido social ha posibilitado, como sostiene George Lakoff, la entrada de ciertos marcos o metáforas a la agenda política esquivando urgencias sociales fundamentales, de hecho, La CEP solo da un 2% en orden de prioridades al cambio constitucional. En este punto cabe apuntar dos cuestiones moralmente relevantes: Una buena arquitectura social no procede del derrumbe sino de las mejoras continuas en base a experiencias compartidas; por otro lado, tal como sostiene Douglas Nhort, las normas institucionales influyen en nuestro comportamiento económico, pero otra cosa muy distinta es sostener que lo determinan. Las hojas constitucionales en blanco y las instituciones sociales per se no aseguran bienestar social, pero ya lo dice el viejo refrán político: “si los hechos no concuerdan con la realidad, peor para los hechos”.
También debemos considerar que las expectativas de un buen orden social y económico dependen en gran medida de las instituciones que la sostienen, al no haber certeza del futuro constitucional del país (2 años a lo menos), las posibilidades de crecer económicamente y que las prioridades sociales tomen la agenda se debilitan. La conducción política no tendrá destino ni tampoco GPS que la guíe, en ese orden de cosas, las consecuencias sociales serán lamentables y los costos nuevamente lo asumirán los más vulnerables. Ya lo estamos viniendo con una sostenida caída del empleo e IMACEC, mayores índices de pobreza y desigualdad (retrocediendo 10 años), mayor informalidad en el empleo, etc. Sobre este tema ya se ha escrito mucho y no seguiré ahondando.
Establecidos ya los procedimientos morales cuestionables y sus resultados nocivos para el futuro queda por dar un paso hacia los contenidos. Poniéndonos en el caso de que gane la opción “Apruebo” debemos ser capaces de instaurar una alternativa fuerte y sustentable. Ante la opción constitucional igualitarista (que nivela resultados sociales sin consideración a decisiones o esfuerzos personales) o bienestarista (cuyas cargas y beneficios son desiguales, no respetando derechos individuales y sometiendo todo bien al cálculo utilitario) que sectores radicales y progresistas proponen, creo que la alternativa a cimentar debería direccionarse por la llamada reciprocidad social normativa, en línea con la propuesta ética de filósofos como Peter Strawson, cuya premisa defiende que efectivamente no vivimos solos en sociedad y nuestra cohesión o beneficios sociales no depende de la adhesión a ningún pacto (norma constitucional), sino por el contrario, estamos unidos por expectativas reciprocas, es decir, independiente de los contratos sociales o fines comunes construidos que bajan desde las elites políticas, siempre esperaremos deseablemente atención, estima o aprecio de nuestros conciudadanos; por el contrario, la excusión, el abandono y la invisibilidad será motivo de repudio generalizado y considerado como prioritario a solucionar socialmente. En síntesis, la tarea fundamental de nuestra constitución en esta propuesta es establecer un marco general de posibilidades de actuación (no búsqueda de objetivos comunes), actualizando la forma en que ésta canaliza, viabiliza y sostiene políticas públicas de impacto para cada una de estas expectativas recíprocas; así también, debe ir acompañado de una porción importante de alta política que se aleje de las medidas populistas, empalme esperanzas sociales y logre acuerdos de alta gama, por ello, cualquier reforma debería apuntar a depurar este aspecto.
Dicha orientación demanda dar un salto de fe por parte de la derecha política chilena, reformando la lógica del homo economicus centrado en el dinamismo de mercado y la maximización del interés individual que en gran parte sostiene a la actual constitución, incorporando dosis de reciprocidad social en aquellos ámbitos que son sensibles para la ciudadanía. Esto nos permite salir del método de nuevo pacto social, que a mi modo de ver, no garantiza condiciones mínimas de consentimiento, imparcialidad y racionalidad práctica, requisitos fundamentales en cualquier propuesta contractualista, pero dichos cuestionamientos son tema de otra reflexión.
