Opinión
El Presidente Piñera aseguró el viernes de la semana pasada que se habían hecho 7.387 exámenes en 24 horas. El número no era real. El miércoles siguiente, el Ministerio de Salud rectificó las cifras que había entregado ese día sobre el número de personas contagiadas de Covid-19 en el país. Tuvo que eliminar dos casos mal ingresados en la celda correspondiente a Tarapacá. El martes, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, dijo que los datos sobre los casos recuperados son “estimaciones que se van haciendo en relación a los números”. Es decir, no son casos comprobados.
¿Cuánto podemos confiar en las cifras que nos entrega el Gobierno?
Revisar los informes epidemiológicos publicados en la web del Minsal es desalentador. Durante un mes, no incluyeron datos consistentes en áreas críticas para comprender la estrategia del país frente a la pandemia de COVID-19. Por ejemplo, no se especifica en todos los reportes la cantidad de exámenes diarios, y en ninguno hasta la fecha se han entregado datos sistematizados de su distribución a lo largo del país. Tampoco incluyen el número total de pacientes conectados a ventilación, ni el número de camas UCI disponibles.
Sólo desde este lunes, se incluye el número de contagios por comuna, algo que había pedido insistentemente un grupo de científicos que trabaja dando insumos al Ministerio de Ciencias, para que el Gobierno haga proyecciones de la crisis sanitaria. “Los únicos datos que nosotros tenemos son los que han sido reportados por el Ministerio de Salud en su página web”, reveló en una entrevista, hecha en marzo, el biólogo computacional Tomás Pérez-Acle, quien lidera a ese grupo científico.
Contar con datos confiables que sean entregados de forma sistemática es urgente. Solo así la comunidad científica y académica podrá también modelar y analizar tendencias. Esto fue, precisamente, lo que argumentó el Comité Asesor Covid-19 hace ya 12 días, cuando acordó “transparentar toda la información a través de la página web” del Minsal.
Es el acceso a información pública lo que ayuda a la sociedad civil y a los gobiernos locales a tomar mejores decisiones. También permite evaluar las medidas que toma el Gobierno justamente en base a datos y no solo a impresiones políticas. Quizás por eso, en la reunión del sábado 21 de marzo, el Comité Asesor también resolvió que el Minsal debía “presentar el modelo de la epidemia” y “mantenerlo actualizado, buscando la evidencia de efecto de las medidas en el lapso esperado”.
Pero han pasado 32 días desde el primer caso de COVID-19 confirmado en el país. Hasta ayer, viernes, 3.737 personas habían sido diagnosticadas como positivas al coronavirus, y la baja disponibilidad de información es un problema que continúa.
En un contexto de excepción constitucional, donde, por ejemplo, las adquisiciones de los organismos de salud no requieren licitación y pueden hacerse por compra directa, parece más importante que nunca tener información que nos dé certezas de que las inversiones públicas responden de forma correcta a las necesidades de la crisis sanitaria. Y también, de que se hacen con probidad.
Sin datos es imposible que otros actores fuera del Gobierno puedan contribuir con sus conocimientos a enfrentar la pandemia. Y sin transparencia, parece cada vez más difícil tener confianza en la autoridad.
