Opinión
Cuando con razón, desde el mundo académico y social, se presenta la queja por la opacidad y escasez de los datos, el desconocimiento sobre el número de test realizados, resultados de los mismos, localización de casos y contactos, índices de ocupación de camas y ventiladores, criterios para definición de cuarentenas, etc., cuando se priva así al mundo municipal de datos clave para la gestión de la crisis, uno debe preguntarse si lo que está detrás de esta actitud es la desconfianza y el autoritarismo o si, lisa y llanamente, lo que más bien se está revelando es una incapacidad para generar y organizar información estratégica en tiempo real.
Aprovechemos el encierro traído por la peste para observar, como en una radiografía, las articulaciones rotas del Estado protector que el movimiento social ha soñado, con especial intensidad en la última década.
Tal como recientemente señalara (aquí) el decano Hernán Sandoval, la Atención Primaria de Salud (APS) ha sido la gran ausente en la estrategia del Gobierno ante la epidemia por coronavirus. Como bien apunta, se trata de una grave omisión, dado que, por extensión y masividad, la APS es la única plataforma institucional que podría jugar un papel crucial en la contención efectiva de la pandemia, el único resorte que permitiría constituir y ejercer una vigilancia epidemiológica suficientemente estrecha a nivel territorial, asegurando el correcto testeo, trazabilidad y administración de aislamientos y nuevos brotes, barrio por barrio. Los países que han conseguido los mejores resultados (Cuba, China, Vietnam, Nueva Zelanda, entre otros) han seguido, de una u otra manera, esta meticulosa aproximación territorial.
Por otra parte, tal como recientemente escribiera (aquí) Iván Borcoski (secretario ejecutivo de la Asociación Chilena de Municipalidades), solo una mirada que tome en cuenta la geografía humana, permitirá montar una estrategia adecuada para ganar “la batalla de Santiago”, o la batalla de cualquier ciudad, allí donde haya que librarla. En salud se utilizan desde siempre las figuras militares, porque la lógica sanitaria es íntimamente una lógica de guerra, de guerra contra la enfermedad y la muerte: un saber de conquista y de dominio.
En efecto, el desarrollo de la peste nos remite directamente al modelo ancestral sobre el cual se erigió la medicina: el del combate contra el mal. Pero para ganar batallas hay que tener ejércitos, y los famosos ventiladores, como bien dijo Sandoval, son solo la última instancia. La primera línea y el verdadero ejército sanitario del país es la Atención Primaria. Pero ¿en qué estado se encuentra hoy la Atención Primaria, constituye ella una fuerza integrada y maniobrable?
Junto con la segregación socioespacial emprendida por Pinochet en Santiago, apuntada por Borcoski, separando pobres de ricos, se municipalizó, a partir de 1980, la Atención Primaria, descentralizando así deberes pero no derechos, funciones pero no recursos, y asestando, además, un golpe bajo al sistema público, al desmantelar sus mecanismos de coordinación y de control entre niveles lógicamente complementarios de atención. Luego, en democracia, vendría además la época de oro del neoliberalismo en salud, que entre otros efectos deletéreos, impuso la idea de que los grandes hospitales tienen que ser administrados como empresas autónomas, libres, además, para comprar servicios a privados (proceso del que Sandoval fue uno de los impulsores). Continuó así el tren de fragmentación y deterioro de la red pública, ahora con una enorme fuga de capitales del Estado hacia prestadores privados sometidos a la lógica del lucro.
A luz de estos antecedentes, podemos preguntar ahora: ¿por qué la APS no ha formado parte principal y orgánica de la estrategia sanitaria del ministro Mañalich?, ¿será que él y sus asesores no saben cómo ocuparla, o será más bien que la menosprecian, o peor aún, la temen, por lo que tiene esta de popular y territorial? Sin excluir este tipo de explicaciones, es posible también que, en última instancia, simplemente no exista ya la capacidad de administrar la APS en red.
Cuando con razón desde el mundo académico y social, se presenta la queja por la opacidad y escasez de los datos, el desconocimiento sobre el número de test realizados, resultados de los mismos, localización de casos y contactos, índices de ocupación de camas y ventiladores, criterios para definición de cuarentenas, etc., cuando se priva así al mundo municipal de datos clave para la gestión de la crisis, uno debe preguntarse si lo que está detrás de esta actitud es la desconfianza y el autoritarismo o si, lisa y llanamente, lo que más bien se está revelando es una incapacidad para generar y organizar información estratégica en tiempo real.
Quizá la ya famosa opacidad de los datos y la ausencia de la APS en la estrategia de Mañalich, nos estén revelando una misma cosa: el grado de deterioro de la red y su indigencia administrativa, con niveles de atención que entre sí se comunican mal, y con un nivel primario formado a su vez por islas municipales sordas.
La comunicación entre los nodos de la red pública se ve limitada además por rígidos protocolos jurídicos y financieros (del tipo del GES), que tienden a diluir en un lenguaje recargado de riesgos, vigilancias y obligaciones (que floreció por doquier bajo la modernización neoliberal de Lagos), toda forma de pensamiento médico orgánico y solidario. Y si la comunicación es rígida y limitada, la capacidad de generar información y la capacidad de actuar ante situaciones imprevistas, como esta peste de la COVID-19, se ven paralelamente disminuidas.
El estado actual de la APS nos remite, por otro lado, a la situación de los servicios sociales municipales en general. Una mirada imantada por la pandemia y la depresión económica nos permite ver las articulaciones rotas del Estado protector y, por lo mismo, imaginar también horizontes de transformación, nuevos y viejos a la vez: miradas que desean organizar desde abajo un Estado protector.
No en vano Gabriel Salazar señaló, hace años, que el poder de autonomía municipal era la gran oportunidad perdida en la historia del retorno a la democracia; no en vano, también, Carlos Perez Soto sugirió hace tiempo que, para ir desterrando el capitalismo neoliberal de nuestras latitudes, el presupuesto de la nación debiese ser al menos en un 80% ejecutado y planificado desde los municipios, con base, además, en consultas populares vinculantes. ¿Quién en dichas condiciones dejaría de privilegiar una salud pública, universal y gratuita, basada en la APS?
¿Es posible imaginar una APS capaz de administrar las prestaciones de los otros dos niveles de atención, es decir, una APS que cautele y organice, desde los barrios, los exámenes, consultas de especialidad e intervenciones que marcan el itinerario de un paciente a través de los hospitales? La cuarentena nos permite hacer estas preguntas a la luz de la historia reciente y cogitar los horizontes de su transformación.
