La retroexcavadora centralista en medio de la pandemia y la crisis social

Los políticos profesionales de antiguo cuño viven de su figuración mediática y por eso carecen de la mínima coherencia en sus posturas políticas. Van detrás solo de sus intereses personales y, con cada vez menos frecuencia, de sus partidos. Por ello viven en un mundo paralelo, incluso cuando la nación chilena enfrenta una doble y aguda crisis social y sanitaria.

Esa total falta de empatía con la vida de las personas explica por qué, de acuerdo a la encuesta Criteria de abril de 2020, solo el 3% de la ciudadanía considera que el aporte de diputados y senadores ayuda a resolver la pandemia. Así también, durante la crisis social solo el 1% de la opinión pública nacional valoraba el aporte de los parlamentarios, según CEP. Por tanto, estamos frente a una enorme crisis de representación ciudadana, que deberá ser abordada por el proceso constitucional.

Es así como la crisis social nos habla de una búsqueda por mayor cohesión social y mejor democracia, con nuevos espacios de participación. Y ahora la experiencia mundial de enfrentamiento del nuevo coronavirus nos demuestra la importancia de gobiernos subnacionales para abordar problemas diferentes con políticas pertinentes a cada territorio, como muestra OCDE. Tanto en el impacto del COVID-19 como en la reapertura pospandemia.

Por ello los alcaldes, la única autoridad subnacional electa en Chile hasta ahora, son las autoridades mejor evaluadas en ambas crisis (en la social, según CEP, y en la sanitaria, según Criteria). En Brasil y Estados Unidos, los mejor evaluados en el combate a la pandemia son los gobernadores.

En el universo paralelo de algunos políticos nada de eso existe, solo su calculadora personal. Por ello, resulta insólito que un senador de La Araucanía postule en un importante medio escrito nacional que debe suspenderse por tiempo indeterminado la elección de gobernadores regionales e, incluso, eliminarse. Todo ello, ya que la nueva Constitución podría consagrar otra forma de organización político-administrativa del Estado.

A diferencia de lo que postula el senador de la retroexcavadora (que contaba, según CEP, con un 9% de apoyo ciudadano), la crisis de institucionalidad política se resuelve con más democracia, no con menos participación de la ciudadanía en sus diferentes ámbitos de vida.

Sin embargo, lo inaudito de la propuesta deriva de al menos dos razones territoriales, que muestran lo acertado de la hipótesis de la desconexión de los políticos respecto de sus electores. Porque para un representante político de La Araucanía debería resultar evidente lo crucial que es para su región elegir a su gobernador.

• En primer lugar, porque la elevadísima rotación de los Intendentes designados en las últimas dos décadas en La Araucanía (14 intendentes desde 2000; 3 en los últimos tres años) ha impedido una administración y una gestión regional eficiente. A diferencia de un Gobernador regional, que será elegido por 4 años y podrá ser reelecto por otros cuatro. Recordemos que La Araucanía es la región de mayor incidencia de la pobreza, elevada desigualdad social, conflictividad y ahora una de las más afectadas por la pandemia.
• En segundo lugar, porque impedir la canalización de la participación ciudadana hacia instancias de representación territorial en La Araucanía es apagar el fuego con bencina. Significa, en los hechos, continuar controlando ese territorio directamente desde Santiago, una política que ha entregado nefastos resultados políticos, económicos, sociales y culturales en tres décadas.

Según las principales agencias internacionales de cooperación al desarrollo, especialmente OCDE, el retorno a la «nueva normalidad» pospandemia o reapertura, requiere de políticas diferenciadas tanto en las medidas sanitarias como en las sociales y económicas. Por que si algo enseña el combate al coronavirus es que no saldremos victoriosos de esta batalla sin una elevada coordinación inteligente entre los diferentes niveles de gobierno.

Una región tan diferente del resto del país como la Araucanía, es quizás la que más requiere de una capacidad de gobierno legítimo e «inteligente». Legitimidad para asegurar su continuidad y representación e «inteligencia» institucionalizada para diseñar sus propias políticas sanitarias, de recuperación económica y de integración social. La Araucanía requiere de políticas pertinentes, basadas en evidencia y políticamente consensuadas, que tengan continuidad.

Es probable que la calculadora del senador y sus propias circunstancias políticas le impidan ver el bosque nativo de su región. Tal vez estime (al igual que algunos alcaldes con alta figuración) que la figura de un gobernador regional electo es un riesgo para su carrera política e influencia territorial.

Sin embargo, lo cierto es que las crisis se resuelven con cambios y, si diputados y senadores no sintonizan con sus representados a la brevedad, arriesgan ser intrascendentes no solo frente a la pandemia sino también en la nueva institucionalidad que el país se apresta a definir en los próximos años.