Opinión
No se trata del de Canterville sino el de las Islas Caimanes. No me opongo a que Latam sobreviva, siempre que sea competitiva, sin privilegios. Es por ello que me opongo a que se usen dineros del Estado para el salvataje (monto, plazos, tasa de interés, avales, garantías, gestión), aun cuando las condiciones fueran iguales a las que impondría el mercado. Fundo mi oposición en que las prioridades del Estado son otras: el gasto social, en particular dada la actual situación. También me opongo al silencio que han mantenido las autoridades fiscalizadoras (Comisión para el Mercado Financiero, Superintendencia de AFP, Superintendencia de Insolvencia), como si nada hubiera pasado. Todo indica que en 15 días más, al 30 de junio, presentará un patrimonio negativo.
Al 31 de marzo tenía un patrimonio de escuálidos US$ 86 millones. Casi una pyme. El tamaño de una empresa se suele definir en función de las ventas o por ocupación, ignorando que una empresa es la conjunción de trabajo, capital y tecnología. Si alguna tiene un patrimonio negativo, ya no es ni siquiera una mediana o pequeña. Dejó de ser empresa. Es un bicho raro en el mejor de los casos. Algunos de sus accionistas, Aravena y Said, han declarado que desde hace tiempo venían advirtiendo a los controladores, aun antes del coronavirus, que tenía los días contados. De igual modo el World Street Journal de esta semana informa que en USA hay una hecatombe aérea de proporciones y que el gobierno ya les ha pasado US$ 25.000 millones para que se achiquen. Latam tiene pasivos por US$ 17.000 millones. Difícilmente se podrá rescatar con dinero de los contribuyentes.
Las compañías aéreas sufren permanentemente de la manía de elefantiasis. Creen que gozan de economías de escalas infinitas. Cuanto mayor, más eficientes, lo que es falso y cuando viene la crisis acuden a su gobierno con el argumento de que son estratégicas, sin explicar qué significa eso. Aparecen nuevos controladores, hasta la próxima crisis.
Latam, empresa constituida y domiciliada en Chile, acude al Capítulo 11 de USA y no a la ley de Chile, suponiendo que la justicia estadounidense goza de jurisdicción sobre Chile (¿?), por lo tanto, lo que allá se decida obligará a nuestro país y a los acreedores locales. El silencio de los juristas chilenos es raro y por qué no se aclara en qué situación quedarán los accionistas, bonistas y acreedores del país. ¿Dicom recibe denuncias por deudas impagas de personas jurídicas?
Qué sucederá si nuestra Superintendencia de Insolvencia conoce el caso? Como primera medida deberá determinar la fecha en que entró en cesación de pagos, por lo tanto, cualquier pago a acreedores que no son preferentes, a partir de esa fecha, será en perjuicio de otros. Un delito. ¿Tiene esto alguna relación con el pago anticipado de una deuda de los Cueto con los hijos de Piñera que vencía en un año más por aproximadamente US$ 32 millones? El diario El Mostrador reveló esa información y se pregunta si hubo alguna relación entre este anticipo monetario a cambio de una manito del Gobierno.
Sospecho que el reciente anuncio gubernamental de ayuda a las grandes empresas en crisis es una forma velada de justificar el rescate de Latam. Es contradictorio con la reciente resolución del Gobierno que decretó a 72 empresas estatales y privadas como estratégicas. Son proveedoras de agua, sanitarias, energía, gas, terminales de transporte y salud pública. El criterio es que una suspensión de sus actividades causaría daños a la salud, la economía, el abastecimiento y a la seguridad nacional. Sus trabajadores no tienen derecho a huelga.
Latam no cumple con estos requisitos. Sus trabajadores han declarado largas huelgas. La suspensión de sus operaciones no ha afectado ni a la salud, ni a la economía, ni el abastecimiento ni menos a la seguridad nacional. En su área hay competidores que van tomando su lugar. En 2019, Latam 8.8 vendió millones de tickets (no significa igual número de personas) compitiendo con Sky y JetSmart en el mercado local y con otras 16 aerolíneas extranjeras en el tráfico internacional. Sus viajeros hoy son acreedores por las millas acumuladas por un valor de US$ 1.130 millones incobrables.
La crisis puede terminar con la empresa. Su patrimonio que era de US$ 3.131 millones al 31 de diciembre de 2019, tres meses después ha quedado reducido a unos escuálidos US$82 millones y en 15 días más, al 30 de junio, es posible que tenga un patrimonio negativo. Un ente con 42.000 trabajadores y US $ 17.000 millones en deudas y con patrimonio negativo no es una empresa. Es un fantasma y el Gobierno no rescata fantasmas.
El proceso está siendo observado atentamente porque hay una veintena de preguntas sin responder y tiene nerviosos a los accionistas y bonistas no controladores, como es el caso de los Fondos de Pensiones. Ministerios como de Hacienda, Economía y Trabajo se mantienen en silencio, excepto el primero que, con mucha timidez y un tanto atragantado, declaró en una comisión en el Parlamento que el Estado podría financiar al fantasma.
Preguntas en espera de respuesta:
