Del giro verde de Merkel a la regresión economicista chilena

Al gobierno de derecha, a su coalición y a un vasto grupo de empresarios, especialmente de sectores extractivistas de materia primas, no le acomoda la legislación ambiental chilena ni menos el futuro ordenamiento territorial vetado constantemente por los ministerios fuertes. La única estrella que en esta materia puede lucir es la legislación de bolsas plásticas.

La actual legislación ambiental, con sus imperfecciones, es fruto de años de puja de actores políticos y sociales vinculados a lo ambiental, lo mismo en materia de ordenamiento territorial con los PROTs en la nueva Ley de Gobiernos Regionales con condiciones vinculantes a las actividades extractivistas tales como el monocultivo forestal. Es evidente en ambos casos la necesidad de su mejora, implementación (en el caso de los PROTs) y perfeccionamiento, pero de manera acumulativa, sin retrocesos.

En este sentido, es llamativo que el reciente acuerdo COVID-19 al que concurrieron fuerzas políticas del gobierno y la oposición señalara, como elemento importante para la reactivación económica post pandemia, que esta tendrá “Inversión con énfasis “verde” y mitigación de cambio climático” cuando en realidad, el gobierno y sus aliados, por principios y práctica, ha hecho todo lo contrario. Y la prueba más palpable de ello es que, a renglón seguido, desea flexibilizar los procedimientos ambientales, disminuyendo plazos administrativos de análisis y de entrega de permisos, así como la locura de pedir los permisos después de un año, en vez de hacerlo para autorizar la actividad económica de que se trate. En el procedimiento ambiental los plazos no son al azar, sino con la finalidad de la adecuada ponderación de los elementos de riesgo que corresponde calificar. Pero seamos más francos aun: el plazo que se quiere disminuir es el de la participación ciudadana y participación de los pueblos originarios. El esperado retorno de la inversión no soporta ese tipo de dilaciones.

Por lo anterior, el Acuerdo COVID-19 parece mucho “green wasching” y la única consecuencia práctica de ello será que la reactivación se pagará a costa del medioambiente. Algún lector podrá pensar que somos exagerados; no lo creemos así, porque hay evidencia practica de ello.

• No ratificación del Tratado de Escazú.- Este gobierno y sus partidos han insistido permanentemente en un mantra: “las materias internacionales son materias de Estado, y se debe actuar con unidad”. Pero respecto al Tratado de Escazú, que establece protocolos para la protección del medioambiente, esta no es materia de estado y podemos pensar distinto. No hay prueba mayor de que prima lo ideológico en esta subvaloración de lo ambiental que la ofensa de este Gobierno al no ratificar un tratado del cual Chile fue activo promotor.
• El Bochorno de la COP-25.- El estallido de octubre le quitó al Gobierno de derecha la posibilidad de seguir lavando su nombre con el medioambiente, no solo en el ámbito nacional, sino internacional. En Madrid su actuación fue patética por una simple razón: quiso exportar al mundo su sofisticada visión del medioambiente, con participación privada, inversiones y productividad “verde” y pocos bienes públicos, limite al desarrollo de actividades económicas, sanciones efectivas y compromisos intensos de los Estados. Fracaso rotundamente.
• No ha cumplido el fallo de la Corte Suprema sobre la contaminación en Quintero-Puchuncaví. De hecho, la Corte ofició al Gobierno para que cumpla lo ordenado, particularmente con la planificación territorial de la zona de sacrificio.
• El Gobierno de derecha pareciera tener un compromiso con el empresariado para modificar el SEIA. Pero el proyecto ingresado el 2019 no se hace cargo de las deficiencias que la academia y las ONG detectaron. Los proyectos se seguirán evaluando individualmente, en su mérito, sin consideración efectiva de las otras actividades desarrolladas en el entorno, ni menos si es conveniente en relación con el contexto territorial donde se emplaza. Pero si interesa disminuir los plazos, recargar la participación ciudadana en el SEIA perdiendo la posibilidad de las evaluaciones tempranas, fundamentalmente para evitar judicializaciones. El “perfeccionamiento del SEIA” es el término eufemístico que este Gobierno y el gran empresariado da a la desregulación y flexibilización en materia ambiental.
• Los proyectos de ley pendientes que no tiene interés en “acelerar”. Es la situación del Servicio Nacional de Biodiversidad y Aéreas Protegidas, reemplazando la sui generis CONAF, la Ley de Cambio Climático, la reciente votación de sus aliados rechazando el proyecto que consagraba el Agua constitucionalmente como Bien Nacional de Uso Público

Este gobierno está agotado en las ideas, agobiado por la crisis política de octubre y la actual pandemia. Al acuerdo COVID-19 le falta apostar por una economía verde de verdad, que apueste por la economía circular, la economía social y solidaria, que opte por la agricultura familiar y la fomente y promueva e innove con iniciativas de infraestructura verde. Ante la crisis alimentaria que puede avecinarse, porque no apostar en serio por la Agroecología y la agricultura orgánica? En Chile necesitamos sistemas alimentarios sostenibles, a lo largo del país así como apuestas para dejar atrás la infraestructura gris y avanzar en una más verde.

Es lamentable el escenario actual pero es a la vez una oportunidad, solo si la abordamos con un viro austero, corresponsable y verde. Merkel pide para Europa asumir el grito de economía verde que plantearon los ecologistas hace dos décadas y que para Chile es esencial pero no se traspasó al acuerdo parcial de la derecha y la Concertación. En vez de rescatar líneas aéreas y  seguir ensanchando carreteras por caras concesiones debiese incentivarse los trenes y la movilidad eléctrica. En vez de seguir permitiendo evasiones del extractivismo se debe imponer royalties para parques tecnológicos e inversión industrializadora y en empresas creativas. Las ciudades esperan duplicar bosques en vez de caros parques, regenerar humedales y bordes de cuerpos de agua, el campo requiere el giro a la agroecología en vez de seguir depredando cerros y cuencas en la sequía interminable. Los basurales crecen ante la indolencia municipal en esto y de muchas empresas. Apuremos las empresas de climatización de viviendas, saquemos el Bíotren de la miseria de sus vagones y hagámoslos en Chile: la Udec y la Usach han creado ventiladores; ¿acaso no podemos hacer trenes y autos eléctricos con el litio?¿No podemos ante el hacinamiento dar un salto de ampliación y climatización de hogares dándole valor a la madera? ¿Hasta cuándo esperan pequeños y medianos embalses para dar seguridad hídrica pero con gobernanza multiactor que evite el abuso de los agroexportadores? ¿Tenía razón acaso el arquitecto Vitorio di Girólamo hace medio siglo pidiendo un Chile ventilado con casas al pie de la cordillera y quebradas de parques en vez del abandono de los mismos y la destrucción de los valles? ¿Por qué no reactivar con poder regional y municipal controlado socialmente en vez de los bancos, ministerios, concesionarias y mega empresas? ¿No es la hora de la banda ancha “de verdad” para todes, apurar el gobierno electrónico y evitar viajes y apoyar las nuevas industrias circulares, verdes, creativas y turísticas?

En vez de regresión y recetas fracasadas de rebaja de estándares, exenciones tributarias  y salvatajes oligárquicos (1983, 2009) llegó la hora de la eficacia verde en vez del extractivismo que se ha apropiado de los gremios, de los grandes canales y de los economistas del partido del orden, el  ancien regimen, que se niega a morir.